Contraloría detecta fallas en evaluación de proyectos inmobiliarios de la región
AUDITORÍA. Estudio en tramitación de Declaración de Impacto Ambiental reveló irregularidades. Director de ese servicio asegura que no hay vicios legales y que son cuestiones de procedimiento.
Errores en la aplicación de procedimientos correspondientes a la tramitación de proyectos de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) detectó una auditoria practicada por la Contraloría, en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Los Lagos.
La investigación se concentró en proyectos inmobiliarios ingresados entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2018 para su correspondiente tramitación. En uno de ellos, denominado "Ampliación Parque Empresarial Puerto Varas, en 30 Parcelas", la fiscalización detectó que el SEA obvió en dos oportunidades un informe de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de la Vivienda y Urbanismo, en el proceso de aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), tramitada en 2017.
La Seremi de la Vivienda daba cuenta que no le corresponde participar en esa evaluación, puesto que el proyecto "se encuentra al margen de la legalidad" y cita el artículo 55° del D.F.L. N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, que "no contempla parcelaciones con carácter industrial, toda vez que no permite loteos de características industriales en el área rural". Al ser requerida por segunda vez, la misma Seremi reitera los argumentos legales y advierte que "en caso de iniciarse el trámite necesario de cambio de uso de suelo, será rechazado".
Aún así, el 5 de octubre de 2017 el SEA despacha un informe de evaluación, sin incluir la respuesta de Vivienda, y recomienda aprobar la DIA para esa iniciativa, que representa una inversión de un millón y medio de dólares.
"El citado proyecto sujeto a evaluación -define la Contraloría-, posee la resolución de calificación ambiental favorable Nº 468, de 13 de diciembre de 2017".Consultado el seremi de la Vivienda, Jorge Guevara, argumentó que se restaron de participar en esa evaluación, dado que es el Plan Regulador de Puerto Varas en vigencia el que no considera parcelas industriales en áreas rurales.
Divergencias
En su respuesta, el SEA expone que el proyecto "contempla la habilitación de 30 parcelas en un predio de mayor cabida, ya subdividido" y que ese procedimiento tiene como propósito "la urbanización de terrenos para permitir la posterior instalación de actividades individuales, las que, de acuerdo a sus características particulares, su presentación se evaluará en cada caso".
El informe de la Contraloría da cuenta que en su respuesta, el SEA considera que "el caso en análisis no trata de divisiones o subdivisiones resultantes de la aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en lotes cuyas superficies sean inferiores a 0,5 hectáreas físicas, ni tiene por finalidad "abrir calles". En cuanto a "levantar construcciones", añade, "la prohibición no es absoluta en el caso de ese precepto, ya que el mismo contempla excepciones en su inciso cuarto".
Sobre la omisión de los informes de la Seremi de la Vivienda, el SEA determinó que esos pronunciamientos "no aparecen debidamente fundados", como lo exige el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que "no debía necesariamente incluirlos en los informes consolidados de solicitudes de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones".
Al contrario de lo que plantea el SEA, la Contraloría considera que no es procedente que se haya omitido esa respuesta para aprobar la RCA, "basándose en el único argumento que dicha contestación no se encontraba debidamente fundada, y que coincidentemente, era desfavorable a la aprobación del proyecto".
La entidad fiscalizadora postula que con su argumentación, la Seremi de la Vivienda "efectivamente" se está pronunciando dentro del marco de sus competencias sobre materias urbanísticas que tienen aplicación ambiental, "las cuales el SEA no puede omitir su inclusión en los instrumentos ambientales que aprueba, como tampoco omitir su análisis, como ocurrió en el caso en examen".
Concluye que aunque "se trata de una situación consolidada, que no es susceptible de ser enmendada, procede mantener la observación, debiendo la Dirección Regional del SEA de Los Lagos, en lo sucesivo, velar que las respuestas emitidas por los organismos públicos respectivos en el marco de la aprobación de una RCA, se incorporen en el documento aprobatorio y se analicen en él, de forma completa".
Alfredo Wendt, director regional del SEA, comentó que en el informe de la Contraloría, fechado el 25 de septiembre, "no se visualizan vicios legales y respecto a lo observado, son cuestiones procedimentales. Son de menor importancia, respecto a los criterios de análisis de la Contraloría".
Subrayó que "varias de las observaciones fueron levantadas en cuanto fueron respondidas en conformidad a los requerimientos de la Contraloría, respecto a aquellos aspectos que se deben atender en lo sucesivo. Hay que implementar el control establecido, para que no se reiteren esos hechos".
En el diario oficial
Un segundo proyecto analizado por la Contraloría fue el denominado "Mirador de Puerto Varas II", tarea en la que se verificó que las dos DIA ingresadas a tramitación en agosto y diciembre de 2017, no fueron publicadas en el Diario Oficial, al mes siguiente de ser presentadas.
Para el órgano contralor, ese hecho contraviene el artículo 93 del Reglamento de Evaluación Ambiental, "por lo que la Dirección Regional del SEA de Los Lagos deberá velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la reglamentación vigente, arbitrando las medidas que sean necesarias para que las DIA ingresadas a tramitación, se publiquen dentro de los plazos establecidos para ello".
Finalmente, el proyecto inmobiliario, que representaba una inversión de 46 millones de dólares, fue calificado desfavorablemente.
Al respecto, el seremi Guevara planteó que "las fallas tienen más que ver con un tema de procedimiento, respecto a que debió haber sido publicada la Declaración de Impacto Ambiental. En cuanto a Vivienda, no había ningún inconveniente, en cuanto a la ubicación".
Al ser requerido, el diputado Fidel Espinoza, quien solicitó una fiscalización sobre la forma en que se conoció y resolvió la calificación desfavorable de la DIA de ese proyecto inmobiliario, no se pronunció respecto de esta decisión.
No aparece la firma
Asimismo, la revisión del órgano fiscalizador incluyó documentos emitidos con firma electrónica avanzada, como los del proyecto "Construcción Cementerio General Lagunitas, Puerto Montt", por un millón 650 mil dólares, ingresado el 3 de octubre de 2017.
En uno de los oficios (Nº 288, del 5 de junio de 2018) observaron que no contiene firmas, fechas ni hora de emisión del documento, y que tampoco es factible verificar su autenticidad del mismo.
Igual condición apreciaron en un documento de la DIA del proyecto "Ampliación Parque Empresarial Puerto Varas, en 30 Parcelas".
Ante esta situación, el informe de la Contraloría establece que el SEA deberá implementar acciones "a fin de evitar, en lo sucesivo, la emisión de documentos sin firma, fecha y hora". También instruyó que el SEA informe de ello en un plazo de 60 días hábiles, desde la recepción de ese documento.
El director regional del SEA explicó que tal como lo dispuso la Contraloría, en ese plazo deberán emitir un informe respecto del uso de la firma electrónica avanzada, ya que no se visualiza ese respaldo al abrir el documento formal, lo que demanda una corrección en materia informática.
US$ 1,5 millones de dólares es la inversión prevista en el proyecto "Ampliación Parque Empresarial Puerto Varas, en 30 Parcelas"
2 oficios envió la Seremi de la Vivienda al SEA respecto de ese proyecto, los que no fueron considerados por ese organismo.
535 viviendas consideraba el proyecto "Mirador Puerto Varas II", con una inversión de US$ 46 millones y que fue rechazado.