"E stamos esperando la extremaunción". Así de tajante fue la advertencia del presidente del presidente de lq Cámara de Comercio Detallista de Puerto Montt, como una forma de representar por el que están pasando numerosos locales medianos y pequeños que desde octubre vienen viviendo complejos tiempos. Primero fue el estallido social, en octubre del año pasado; luego la pandemia, que se hizo sentir en marzo; y ahora último la cuarentena dispuesta por las autoridades en la capital regional, que desde el 29 de julio pasado tiene a media máquina el funcionamiento de la ciudad, con una afectación directa a las actividades no esenciales, las que no están autorizadas para funcionar en este período.

Estas últimas seis semanas y fracción, que es el tiempo por el que se ha extendido el confinamiento hasta ahora (con término incierto todavía), ha supuesto un duro trance para los comerciantes de la ciudad, sin tomar en cuenta aún a los locales del rubro gastronómico, que ya vienen muy complicados desde marzo de este año. Imposibilitados de abrir sus puertas al público, han tenido que seguir pagando sus compromisos de arriendo, remuneraciones e insumos, si es que procede, con una dificultad evidente para acceder a los programas de ayuda dispuestos por el Gobierno, según lo que han declarado desde el rubro.

Si la cuarentena continúa extendiéndose para garantizar la contención del riesgo sanitario en una ciudad del tamaño de Puerto Montt (que pareciera ser lo más probable, además, para evitar la propagación del virus hacia las comunas cercanas, como se ha adelantado), se hará imprescindible que los organismos gubernamentales revisen los mecanismos de ayuda, para simplificar su focalización en un sector que clama por un auxilio concreto antes de verse obligado a bajar las cortinas. Se requiere actuar con sentido de urgencia para permitir que un rubro tan importante como el comercio logre zafar de las inclemencias del confinamiento y las posteriores exigencias sanitarias contenidas en el plan "Paso a Paso".

Sin duda la realidad virtual se hace espacio en el escenario cotidiano de la vida. Esta virtualidad coge aún mayor preponderancia en el contexto actual de pandemia. Pero el despliegue de estas tecnologías no puede considerar en su implementación, un menoscabo a otros bienes jurídicos protegidos o protegibles, tales como el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, el patrimonio paisajístico o el potencial turístico de un sector.

Resultan reveladores los proyectos de fibra óptica que buscan la conectividad de una extensión de más de 10 mil kilómetros en el país. Esta iniciativa, liderada por la ministra de Telecomunicaciones, Gloria Hutt, incluye obras como el proyecto Fibra Óptica Nacional (FON), que incluye a 186 comunas del territorio (con un subsidio sin precedentes de $ 86.000 millones) y que ya fue adjudicado en casi su totalidad en abril pasado.

Otro proyecto que destaca es el de Fibra Óptica Austral, que conectará a las tres regiones del extremo sur del país mediante 4.500 kilómetros de troncales submarinas y terrestres de fibra, dotando de conectividad a uno de los sectores más remotos del país, acortando así la brecha digital existente y mejorando con ello la calidad de vida de los usuarios.

Pero no todo son luces a la hora de referirse al desarrollo digital, pues debe añadírsele el calificativo de "sostenible". En este sentido, resulta tristemente revelador un proyecto de "paralelismo y atraviesos" de fibra óptica presentado por la empresa Telefónica del Sur y aprobado por la Dirección de Vialidad de Los Lagos, que dentro de sus términos de referencia prevé tan sólo 3 kilómetros (de un total de 26) en forma soterrada, lo que equivale a decir que cerca de 23 kilómetros del camino que conecta Nochaco con las comunas de Puerto Octay y Frutillar se verán claramente afectados por elementos tan disruptores del paisaje como lo son postes de una altura de 6 metros y su respectivo cableado aéreo.

Este proyecto ilustra el despliegue del potencial tecnológico sin tener en cuenta otras consideraciones como las de corte ambiental, contaminando visualmente el camino público y terrenos coledaños, en claro detrimento del valor paisajístico y turístico de este invaluable sector de la región. Por ello, una visión integral y sustentable del desarrollo obliga a hacer los esfuerzos necesarios para sostener una relación equitativa entre la conectividad digital y un medio ambiente sano.

Es decir, los valores que plantea este binomio no tienen por qué ser antagónicos, sino que ambos pueden y deben ser resguardados en su justo equilibrio, en pos de una sociedad que pueda alcanzar su mayor realización material y espiritual posible. Esperamos que las empresas del sector y los organismos gubernamentales correspondientes se posicionen como líderes en materia de desarrollo sustentable.

Isidora Ramírez, abogada de la PUC y asesora

jurídica de la Municipalidad de Puerto Octay

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