Marcelo Galindo

Jorge Barrientos, imputado por las lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar (VIF) contra Deisy Nobelia Compay Schmitd (20 años), negó su participación en estos hechos, e incluso ha manifestado su preocupación por lo que está ocurriendo tras el suicidio de la joven que presentaba un embarazo de 15 semanas.

El abogado Gonzalo Castro, quien asumió la defensa de Barrientos, dijo que su representado no agredió a la joven, menos estando embarazada.

"No habría realizado malos tratos estando ella embarazada", afirmó Castro. El caso Deysi es un hecho que no está resuelto y que ha motivado una serie de diligencias del Ministerio Público, y que busca establecer los motivos que habría tenido la joven para suicidarse el domingo 2 de agosto en el domicilio que habitaba en Pichicolo.

Juicio

El abogado Gonzalo Castro, quien asumió la defensa de Jorge Barrientos, dijo que estudió detenidamente la carpeta para conocer lo que se le ha imputado a su representado.

Explicó que se trata de cargos por lesiones menos graves en el contexto de VIF. "El día de la audiencia no aceptó responsabilidades porque su versión de los hechos es distinta para lo que plantea el Ministerio Público, es decir, no está de acuerdo con una serie de situaciones", aseveró.

Castro añadió que irán a juicio oral. "Por ahora la audiencia de septiembre es de preparación y vamos a rendir prueba y nos haremos cargo", aseguró.

Respecto a la imputación por dos delitos de desacato que investiga la Fiscalía, el defensor comentó que aún no han sido notificados. "A él le preocupan estos hechos, por eso lo negó. Al revisar la carpeta se trataría de una situación puntual".

Para Castro, si se llegara a condenar por las lesiones en VIF, la sanción no será superior a los 300 días y en libertad.

"No nos corresponde pronunciarnos respecto a otros hechos, porque el que tiene que decidir es el Ministerio Público y en este caso son ellos los que deben determinar si lo formalizarán por desacato", puntualizó.

Cambio

El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) está representando a la familia en la persecución penal llevada adelante por la Fiscalía.

El próximo mes estarán presentes en la audiencia de preparación de juicio oral, y además se harán parte de una querella por los delitos de desacato. Frente a este caso, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Los Lagos, Viviana Sanhueza, indicó que "es responsabilidad de cada uno de nosotros el avanzar en un cambio cultural para construir a un Chile donde no se tolere ningún tipo de agresión, abuso o discriminación en contra de las mujeres, y esa es una de las tareas de la Agenda Mujer que impulsa el gobierno del Presidente (Sebastián) Piñera".

Sanhueza comentó que en la actualidad se cuenta con canales de comunicación para entregar orientación a víctimas y testigos, "como la línea 1455 o el WhatsApp Mujer +569 9700 7000, donde pueden solicitar apoyo de profesionales especializados", aseguró.

Familiares, amigos y vecinos de Deysi han contemplado una serie de manifestaciones a realizar tanto en el sector de Pichicolo como en Hualaihué. "La idea es sensibilizar a la comunidad", dijo la tía de la joven María Compay.

2 de agosto fue encontrada sin vida la joven en el domicilio ubicado en el sector de Pichicolo.

2 años tiene el hijo de Deysi. La joven se quitó la vida por causas que indaga la Fiscalía.

1455 es el número dispuesto por el gobierno para entregar orientación en casos por VIF.

Una inédita encuesta está preparando la Fiscalía Nacional, aplicable a todos los persecutores del país, la que es rechazada por la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), ya que serán evaluados por los imputados. La situación motivó la realización ayer de una jornada de reflexión, no descartando otras manifestaciones.

De acuerdo a una declaración de la (ANF) "hace pocos días nos hemos enterado que, como parte de los sistemas de medición de satisfacción de usuario, se encuentra en proceso de ejecución una encuesta en que se toma la opinión, entre otros de los imputados, para que evalúen la valoración que tienen de su contacto con la Fiscalía". "Como ANF -indica el documento- nos enteramos de este hecho por vías informales y pedimos rápidamente que se nos confirmara. Al respecto, si bien se nos ha ratificado que el proceso existe, no hemos tenido hasta la fecha de redacción de estas palabras una respuesta más detallada que ayude a entender las razones que hay detrás de esta decisión".

Para el fiscal Marco Muñoz, consejero regional y director nacional de la ANF, existen problemas de larga data que a la fecha no han sido resueltos.

Entre ellos mencionó la ausencia de compensaciones legales por turnos nocturnos y de fines de semana, y no dotar a los fiscales de los equipos de trabajo para desempeñar sus funciones de investigación y persecución penal. Según Muñoz esas necesidades no han sido resueltas por la Fiscalía Nacional.

Autonomía

"Nosotros vemos en esta decisión una determinación errada porque se ha perdido el rumbo y denota una falta de comprensión de la institución, sus fines y propósitos, porque nuestra labor es investigar y perseguir delitos, pero además dar protección a las víctimas y testigos. Entendemos que ser sometidos a una encuesta de satisfacción de calidad de servicio por parte de los imputados, da cuenta que se compromete seria y gravemente la autonomía institucional", dijo Muñoz. De acuerdo al fiscal "demás está decir que no es que nosotros no estemos siendo objeto de encuesta de satisfacción de usuarios, por el contrario se realizan a centenares de víctimas, testigos y abogados", anotó.

La ANF puntualizó que la jornada de reflexión realizada en la región y todo el país fue para "hacer patente nuestra molestia ante la autoridad central, analizar en conjunto los futuros cursos de acción a seguir, y generar una instancia para que la comunidad sepa sobre estos hechos".