Un total de 4.959.145 personas en el país se encuentran en situación de morosidad, de acuerdo al estudio correspondiente al segundo trimestre del presente año, elaborado por la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián, con información de Equifax. Esto significa un fuerte aumento de 8,2% respecto del mismo período del año pasado y de un 3% con relación al primer trimestre de este año. Los autores del estudio han señalado que es el incremento más importante desde que en el año 2012 se ejecutó el "borronazo" en que millones deudores salieron de las listas de Dicom.

Uno de cada tres chilenos mayores de 18 años tiene compromisos impagos, con una morosidad promedio de $1.894.721, cuestión que podría agravarse en los siguientes informes, que seguramente captarán mayormente los impactos de la crisis económica que ha seguido a la pandemia de coronavirus, con cierre de empresas, despido de trabajadores y una tasa nacional de desocupación de 12,2%.

En las últimas décadas, la sociedad se ha vuelto muy permeable al consumo, estimulada por las facilidades que ofrecen los sistemas de endeudamiento, como tarjetas de créditos bancarias y comerciales, así como el expedito acceso a los préstamos y avances en dinero. Asimismo, es frecuente que a los jóvenes universitarios se les ofrezcan productos bancarios, lo que constituye un riesgo si se considera que aún se encuentran estudiando.

Por otra parte, está el endeudamiento de personas de la tercera edad, que muestra más tendencia a caer en el incumplimiento de pagos, la gran mayoría de los cuales no corresponde a la existencia de créditos hipotecarios, automotores o de consumo, sino al recurrente avance en dinero que obtienen en tiendas comerciales y supermercados, que se utilizan para la adquisición de medicamentos, alimentos y calefacción, pero que tiene altas tasas de interés.

De ahí que será necesario que superada la pandemia, las industrias puedan empezar a funcionar y a reactivar la economía, lo que permitirá la creación de nuevos empleos y reposición de aquellos que fueron congelados durante esta crisis sanitaria.

El estallido social de octubre pasado terminó con un amplio acuerdo político tendiente a iniciar un proceso constituyente, con un itinerario consensuado y que aseguraba la participación ciudadana en todas sus etapas. La nueva Constitución es una oportunidad para cerrar la brecha de legitimidad que tiene el actual sistema político e institucional. Por su parte, el nuevo pacto social se hace cargo de la brecha de dignidad asegurando accesos a servicios básicos de calidad de amplios sectores de la población.

Las democracias avanzadas están explorando nuevos mecanismos en la relación entre el Estado y los ciudadanos para revertir la crisis de confianza. Se trata de reemplazar la gobernanza vertical de las políticas públicas y la pasividad de la sociedad con una gobernanza abierta que interactúa con una sociedad activa, que opera como contraparte del Estado. Finalmente, el modelo actual supone que la prosperidad inclusiva viene fundamentalmente del funcionamiento de los mercados, con una acotada y limitada participación del Estado.

Es necesario introducir un componente de colaboración inclusiva que no es recogida por los instrumentos tradicionales. El acuerdo político de noviembre pasado permitió encauzar el estallido social abriendo el itinerario de un proceso constituyente que permita las transformaciones sustantivas que se requieren. Así las cosas, para el logro de los objetivos ya referidos, es vital que el plebiscito del 25 de octubre próximo goce de una alta participación ciudadana que le provea legitimidad, sea cual sea el resultado.

A la luz de la evidencia que nos muestra el caso francés, postergar el plebiscito surge como la alternativa más razonable en este período de incertidumbre en torno a la pandemia. De lo contrario, estamos arriesgando no sólo un evento electoral con poca participación, sino que también manchado por un sesgo de clase, exclusión tácita de la tercera edad y un temor inherente al contagio. La participación electoral es el factor determinante para legitimar el proceso, siendo fundamental que este acto electoral goce de una alta legitimidad y ello depende, precisamente, de la participación de la ciudadanía.

Lo ocurrido en la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia el 28 de junio sugiere que la opción más sana para nuestra democracia es postergar el plebiscito.

Manasés Huenuqueo Águila, docente

de Derecho de la UST Puerto Montt