Llama poderosamente la atención lo ocurrido en materia judicial con la rebaja de condena que permitió dejar en libertad a una persona que cumplía pena carcelaria por violar a una menor de 11 años en 2012 en Puerto Varas, cuya historia conmovió al país al conocerse que quedó embarazada tras el ultraje y que aun así, decidió tener al niño. Pese al negativo informe del Comité de Libertad Condicional para que accediera a tal beneficio, y a una posterior negativa de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para que se acogiera favorablemente un recurso presentado por el abogado defensor del reo, la Corte Suprema, en un vuelco sorpresivo para la opinión pública y todavía más para la familia de la niña que fue ultrajada, optó -en fallo dividido- que el condenado por el caso "Belén" pueda cumplir lo que le queda de sentencia en calidad de libertad condicional, esto es, fuera de la cárcel.

En las mismas semanas en que el país se ha visto conmocionado por el asesinato de Ámbar Cornejo, la joven que murió a manos de alguien que cumplía castigo en la cárcel por matar a dos personas y a quien se le concedió la libertad condicional, el caso de Puerto Varas cuesta de ser digerido por una ciudadanía que cada vez se muestra más extrañada ante sentencias judiciales de este tipo. Lo peculiar del caso es que dos instancias locales y, por lo tanto, con amplio conocimiento del caso hayan rechazado que el violador quedara en libertad y que una instancia superior, instalada en Santiago, haya resuelto de una manera distinta.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt es muy elocuente para advertir por qué no era recomendable que al victimario se le rebajara la condena: se habla de que mantiene una "actitud pro criminal", que "justifica la agresión" y exhibe "insuficiente conciencia del delito". Con un perfil tan claro, advertido incluso antes por la Comisión de Libertad Condicional, ¿cómo se pudo producir un cambio tan radical para que la Suprema decidiera lo contrario?

La opinión pública está naturalmente inquieta, pero ni se acerca a lo que debe estar sintiendo la familia de la menor, que ya sabe que el violador ni siquiera cumplió de manera íntegra la condena.

Muchas y merecidas críticas se hacen a nuestros parlamentarios. Desde aquellas que cuestionan la ética y la legitimidad de algunos en virtud del financiamiento ilegal que recibieron a la hora de sustentar sus respectivas campañas, hasta aquellas que refieren a la simpleza y pobreza de los argumentos con los que justifican sus votos. En complemento a éstas, hoy evidencio una crítica asociada a la incapacidad que la mayoría de los parlamentarios demuestra a la hora de realizar un análisis prospectivo de la efectividad de las leyes que se discuten.

Esto es así, ya que buena parte de las leyes que se aprueban están plagadas de vacíos que terminan condicionando no sólo el espíritu de la norma, sino también su efectividad. Uno de los últimos ejemplos se evidenció con el caso de la retención de los dineros asociados al retiro del 10% a los deudores de pensión alimenticia. Lo anterior, en virtud que los legisladores aprobaron que el impago de los alimentos pudiera aminorarse o saldarse, según sea el caso, a partir del potencial monto a retirar que haga el deudor de sus ahorros previsionales.

Al respecto, y de manera lógica, la norma estableció que para lograr esto se requiere que la liquidación total de la deuda se sustente en una sentencia dictada por el Tribunal de Familia, una mediación o un acuerdo aprobado por el tribunal. Sin embargo, la norma no se hizo cargo de aquellos deudores que decidan no retirar sus fondos previsionales, perdiéndose una valiosa oportunidad para corregir esta lamentable e irresponsable actitud.

En ese sentido, y atendiendo a que la alternativa de retención de los fondos previsionales se ajustó a la premisa del bien común y a la priorización de los derechos del niño respecto del derecho de propiedad, no se entienden las razones por las que no se utilizó el mismo criterio a la hora de expropiar el total de la deuda a todos los deudores, incluyéndose a aquellos que decidan no retirar el 10%.

Ante esto, se puede inferir que el oportunismo político que estuvo detrás de la discusión parlamentaria fue el factor inspirador del debate, y no la corrección plena de un vergonzoso vicio social, y que se expresa en el hecho que en nuestro país hay más de un 80% de demandados por pensión alimenticia que no cumple con su obligación.

Pedro Díaz Polanco, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt

70 años | 15 de agosto de 1950

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20 años | 15 de agosto de 2000

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