Sanciones duras contra los narcos
El aumento del narcotráfico en las ciudades se ha ido instalando como una de las grandes preocupaciones de la población chilena. Frecuentemente, la aparición de los grupos narcos trae aparejada la aparición de la violencia en amplios sectores de las zonas urbanas.
El Gobierno presentó hace unos días un proyecto de ley que de aprobarse, fortalecerá la persecución y el combate de los delitos vinculados al narcotráfico. La iniciativa modificará la actual Ley de Drogas, aplicando con mayor rigor la legislación contra quienes los tribunales establezcan que pertenecen a organizaciones de este tipo, y coloca acento en aquellas acciones destinadas a limitar la capacidad económica de esos grupos.
Uno de los problemas de seguridad que más preocupa a la población es el aumento del narcotráfico, por al menos dos razones: el consumo de drogas atrapa a los más jóvenes principalmente, y la venta va aparejada con la violencia, que se toma las poblaciones, naturaliza el uso de las armas y crea sus propios espacios y normas en medio de las ciudades. La respuesta a esta realidad ha sido el combate y el tratamiento del asunto como un delito, además de programas de prevención, pero que no han logrado solucionar el problema ni frenar el crecimiento del negocio. Si bien hasta ahora el control se ha enfatizado en el microtráfico, la iniciativa que entró para su trámite en el Congreso pone su atención en dar herramientas legales a las policías y al Ministerio Público, para tratar de desbaratar las organizaciones de narcos, que mueven cuantiosas sumas de dinero.
El proyecto de ley que inicia su trámite legislativo aumenta la pena para aquellas conductas que vulneren la integridad de niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente, en los últimos años, Chile se ha ido transformando en uno de los países latinoamericanos donde circula droga. La operación de grupos narco trae consigo el desarrollo de millonarias actividades de lavado de activos, por medio de inversiones inmobiliarias y compra y venta de vehículos, entre otros, por lo que se hace necesario adecuar la legislación con el fin de atacar con más fuerza y con sanciones más duras a las organizaciones proveedoras de estas sustancias prohibidas. De allí que se pondrá el foco en estos grupos mayoristas y en la fiscalización de sus negocios relacionados, que les permiten los flujos de dinero para seguir operando a mayor escala.