Erwin Schnaidt
A objeto de dejar sin efecto un dictamen de la Dirección del Trabajo (DT), la Municipalidad de Puerto Montt presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Como explicó María Verónica Martínez, abogada externa de la corporación edilicia porteña, se resolvió recurrir a ese tribunal de alzada ante una "actuación arbitraria e ilegal" de ese órgano de Estado, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que "vulnera la garantía constitucional del derecho a la propiedad", especificó.
Esta acción judicial se suma a otras reacciones del mundo político y sindical, en contra de la medida anunciada el jueves de esta semana por la directora subrogante del Trabajo, y ex directora regional del Trabajo Los Lagos, la ex alumna del Colegio Germania de Puerto Varas, Camila Jordán.
En ese documento se libera a los empleadores de pagar remuneraciones al personal que no pueda cumplir con sus labores habituales debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, como cuarentena, cordón sanitario o toque de queda, que representan un motivo de fuerza mayor, por lo que las partes quedan liberadas de cumplir con sus obligaciones contractuales, como otorgar el trabajo convenido y pagar remuneraciones, por parte del empleador; y, asistir a prestar los servicios convenidos, por parte del trabajador.
La abogada Martínez apuntó que es deber de la DT velar por el resguardo de los derechos de los trabajadores, lo que con este dictamen "no se estaría cumpliendo". Añadió que ante una causal para dejar de pagar los sueldos, "debería ser una materia de discusión judicial, a través de un juzgado laboral".
La profesional estima que la resolución del recurso debería conocerse en las próximas horas, en la que la Corte capitalina debería pronunciarse a la solicitud de orden de no innovar.
Rechazo político
El dictamen fue calificado por el senador Rabindranath Quinteros (PS) como "un desatino de marca mayor, que causa alarma nacional".
El legislador hizo saber que tras conocer esa determinación, envió un mensaje por Whatsapp al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en el que le expresó su queja. Apuntó que la directora (s) del Trabajo debe estar en conocimiento que en la Cámara de Diputados se discutía ayer un proyecto de ley de protección al empleo "que aprobamos (el jueves) en el Senado, para que el trabajador no sea despedido si su empleador no puede pagar su sueldo, para lo que operará el Seguro de Cesantía".
A Quinteros también le llamó la atención que la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, argumentara que se trata de una resolución de hace 25 años. "Cómo una persona que es ministra de Estado, puede decir tremenda barbaridad. Por mucho que (el dictamen) tenga 25 años, estamos hablando de sentido común. Estamos en una pandemia, en un estado de catástrofe. Esta desinformación le hace mal al país".
Mientras que el senador Iván Moreira (UDI) admitió que el dictamen "se puede prestar a dobles o triple interpretaciones y eso no debiera ocurrir. Los chilenos vivimos tiempos difíciles y la Dirección del Trabajo debe colaborar con solucionar problemas, no crear más incertidumbre".
El parlamentario oficialista especificó que ese oficio "recoge -en su mayor parte- la tradición de esa Dirección en la materia; pero no es posible que en un punto parezca aplicar una interpretación más propia del Derecho Civil que del Derecho Laboral. La DT debe aclarar y si es necesario, corregir el mencionado dictamen", sentenció.
Daña a los trabajadores
Similares comentarios surgieron en el mundo sindical. José Pacheco, presidente de la CUT Llanquihue, dijo rechazar categóricamente ese dictamen, ya que "carece de todo sentido de humanidad", al definir que los empleados "deben salir a trabajar bajo cualquier circunstancia; en caso contrario, no recibirán su remuneración".
Añadió que esa resolución "genera un estado de pánico y angustia. Aunque carezca de legalidad, el daño ya está provocado" y cuestionó que mediante estas decisiones se entregue un mensaje "que define que la salud de los trabajadores está en segundo grado, respecto de los valores económicos. Este dictamen se aparta de los principios fundadores de la Dirección del Trabajo".
En tanto, Gloria Yaneth Mansilla, presidenta del Sindicato de Trabajadores Unidos de Aquachile, opinó que ese instructivo no corresponde al momento por el que atraviesa el país. También aseguró que no favorece a los trabajadores "ya que carece de todo sentido de humanidad, porque la salud pasa a segundo plano", ante lo que "rechazamos categóricamente este dictamen".
El concejal Héctor Ulloa advirtió de esta situación en redes sociales. Al ser consultado, lamentó que la DT, "que por esencia debe velar por la protección de los trabajadores, los deje hoy absolutamente desprotegidos en una situación tan angustiante. A la incertidumbre por un eventual contagio, ahora le suma una angustia social y económica".
No obstante, explicó que -más allá del dictamen, "quienes resuelven toda discusión sobre el pago de remuneraciones, son los tribunales de justicia", por lo que llamó a la tranquilidad a los trabajadores.