Debido a la crisis social que se vive en nuestro país desde el 18 de octubre del año pasado, la Teletón anunció que su versión 2019 se realizará finalmente 3 y 4 de abril.

En Puerto Montt ya se trabaja para esa jornada, que en esta ocasión lleva el lema "Todos los días", y como es de costumbre se espera que todo el país se pondrá la mano en el corazón para llegar a una difícil meta: superar los más de 33 mil millones de pesos recaudados en 2018.

Este año la dificultad será mayor, debido al complejo escenario económico. Es por ello, que pese a que en los colegios e instituciones las personas ya están preparando los aportes, lo cierto es que en general la ciudadanía ha tenido poco tiempo para pensar en la cruzada solidaria.

Pese a lo anterior, los chilenos nunca han decepcionado y siempre, aunque sea a último minuto, llegan con los aportes necesarios para cumplir con la meta.

En nuestra ciudad, el instituto -históricamente- ha atendido pacientes de todo el sur de Chile, por lo que es importante reforzar durante estas tres semanas que restan para la jornada solidaria la necesidad de organizarse para desarrollar las actividades benéficas de costumbre y motivar a los ciudadanos a poder participar.

Si bien, por un lado las empresas aportan una buena parte de los recursos, esto se hace gracias a que los clientes los prefieren. Además, el mayor monto se recolecta con los dineros entregados en los bancos o por transferencia electrónica de los ciudadanos comunes.

Es importante que se entienda que muchas personas dependen de estos recursos para su rehabilitación, donde lo principal es que se ofrecen tratamientos que de otra forma serían inalcanzables para la mayoría de las familias chilenas y de los países vecinos.

Al mismo tiempo, se debe reconocer que los principales impulsores de esta campaña y quienes más trabajan son las mismas familias de los niños que se atienden, lo que da una idea de lo significativo que es para ellos que se mantenga la fundación.

Queda tiempo para generar el ambiente y que se que preparen las actividades de recolección de fondos de cara a los días de la campaña.

Que los niños no paguen por el contexto social ni el de los involucrados en la campaña.

Cuando se habla de la necesidad de implementar una nueva Constitución muchos lo rechazan o promueven en función de sus respectivas posiciones ideológicas. Ante este absurdo egoísmo, me parece esencial presentar un caso que refleja -a mí entender- la verdadera razón de realizar un cambio constituyente y que no es otro que tener una Carta Magna que promueva en forma plena y efectiva la dignidad y el respeto a los derechos humanos, y que, en función del principio de legalidad, condicione el actuar de las instituciones del Estado y de los privados. Al respecto, presentaré una situación actual que explica el por qué debe haber una nueva Constitución.

La Comisión Interamericana de Derechos Humano remitió a La Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de la niña Martina Vera Rojas vs. El Estado de Chile. El caso en cuestión, se relaciona con una demanda en contra del Estado de Chile y por la que se busca establecer la potencial responsabilidad del Estado por la falta de control y de una adecuada fiscalización de los tratamientos médicos que ofrece una aseguradora de salud a una persona sin la adecuada consideración de los derechos humanos de la paciente y su familia.

En este asunto, la Comisión determinó que el Estado de Chile no sólo permitió, sino también validó jurídicamente la decisión de la Isapre Más Vida de finalizar el régimen de hospitalización domiciliaria que tenía la paciente, quien había sido diagnosticada el 2006 con el síndrome de Leigh. El régimen de hospitalización domiciliaria, y en virtud de lo planteado por los médicos de la niña, era considerado esencial para su supervivencia. Ante esto, y producto del peligro inminente a la vida de Martina, la familia interpuso un Recurso de Protección, la que originalmente fue avalada por la Corte de Apelaciones pero que en última instancia fue rechazada el 2011 por la Corte Suprema, lo que significaba -en esencia- apoyar la decisión de la Isapre.

A partir de esto, y después de agotarse los recursos jurídicos en Chile, el caso llegó a La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien determinó -en función de lo que fue su informe respecto al fondo- que se evidenciaban conductas por parte del Estado que demostraban su responsabilidad internacional a partir de fallar en su posición de garante de los derechos de la niñez y respecto a sus obligaciones en materia de seguridad social. Lo anterior, en función que la sentencia de la Corte Suprema no consideró el interés superior de Martina como niña y como persona en condición de discapacidad, postergándose y desconociéndose las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Chile.

Así entonces, La Comisión entregó recomendaciones al Estado de Chile que no sólo van en la línea de reparar integralmente las violaciones de derechos humanos en contra de Martina Vera y sus padres, sino también aquellas que permitan establecer mecanismos de no repetición, destacándose -entre ellos- la necesidad de implementar no sólo un proceso ante la Superintendencia de Salud cuando existan conflictos entre las Isapres y los asegurados en lo que refiere al retiro de prestaciones médicas respecto de enfermedades graves, sino también en lo que refiere a que existan recursos judiciales idóneos y expeditos a la hora de impugnar aquellas decisiones de las Isapres que pudieran afectar el derecho a la vida, la salud y seguridad social de una persona.

Pedro Díaz Polanco, Director de la Escuela de

Administración Pública, Universidad Austral de Chile