El anuncio de reactivación de la Mesa Técnica del Lago Llanquihue es una gestión que debemos celebrar, felicitar y apoyar con todo el entusiasmo posible.

Esta mesa comenzó como un esfuerzo de buscar soluciones a una situación particular vinculada al uso de los aliviaderos de emergencia que tiene la sanitaria Essal en dos puntos de la bahía de Puerto Varas (Puerto Chico y Santa Rosa). Primero se convocó a servicios públicos, SiSS (Superintendencia de Servicios Sanitarios), autoridad marítima y el municipio de Puerto Varas, con la participación de Essal.

De forma inmediata se obtuvo el compromiso de la compañía de acometer este problema desde el punto de vista de gestión sanitaria, presentando un plan que incluye grandes obras de reforzamiento de su infraestructura, junto con la desconexión de ingresos irregulares de aguas lluvia al sistema de alcantarillado que incidían en el sobreuso de los aliviaderos.

A poco andar fue patente que el efecto ambiental en el lago iba mucho más allá de la activación de estos sistemas de emergencia. Actividades silvoagropecuarias, de la industria salmonera, la contaminación de la planta sanitaria de Puerto Octay; y, lo principal, de actividades humanas vinculadas a la vivienda permanente y de veraneo en sus riberas, significan hasta hoy un enorme impacto en este gran cuerpo de agua que se renueva cada 70 años aproximadamente.

Más tarde, propiciamos una decisión acertada: compartir esta experiencia de trabajo público-privado con la comunidad. Convocamos a los cuatro alcaldes de la cuenca del lago, además de representantes de la comunidad de Puerto Varas, como la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Ingrid Bartsch; y profesionales, como Joaquín Aguirre.

Esto marcó un punto de inflexión para entender y enfrentar el desafío de preservar uno de los principales cuerpos de agua dulce del país. El trabajo conjunto permitió que se comprendiera el fondo del problema y estar todos alineados en pos del objetivo principal.

Felicito a la Seremi del Medio Ambiente por expresar la disposición a retomar un camino que tuvo su génesis a comienzos de 2017, con importantes avances en la gestión sanitaria en Puerto Varas, lo que nos permite tener playas más aptas para el disfrute de la comunidad y visitantes, pilar importante en el desarrollo de la cuenca del lago Llanquihue.

Jorge Pasminio Cuevas, geógrafo, magíster en

Desarrollo Regional y ex seremi de Bienes Nacionales

Hace poco más de uno año entró en vigencia la ley que modificó el Código Penal y tipificó como falta ensuciar o provocar daños en playas, riberas de río, lagos y parques nacionales. La iniciativa, que tuvo una larga tramitación en el Congreso -desde marzo de 2012- castiga con multas de una a cuatro Unidades Tributarias Mensuales (UTM); es decir, desde $48.353 a $193.412 "a quienes ensucien, arrojen o abandonen basura, materiales o desechos de cualquier índole en playas, riberas de ríos o de lagos, parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales o en otras áreas de conservación de la biodiversidad declaradas bajo la protección oficial".

La idea de la iniciativa es sancionar un mal hábito individual que repercute y ocasiona daño a la comunidad en general e intentar dar una señal a la ciudadanía respecto de la necesidad de incentivar el cuidado del medioambiente.

Ya ha pasado poco más de un año desde que entró en vigencia la normativa. Sin embargo, no se han cursado muchas multas. La ausencia de sanciones se debe a distintas políticas de limpieza de playas que se han materializado en la zona. La implementación de nuevos basureros, limpieza en las playas y campañas de educación son algunas de las medidas adoptadas en algunas comunas del país.

En efecto, un recorrido por estos puntos permite observar que -en general- hay una mayor conciencia respecto del cuidado de las playas. No obstante, todavía hay quienes no lo asumen de esa forma y dejan sus residuos sobre la arena o los entierran, como si aquello significara una acción correcta.

Es importante enfatizar que junto con las disposiciones legales y las eventuales multas que se pudieran aplicar a quienes incumplen las normativas, se debe avanzar en generar una mayor cultura ciudadana acerca de la relevancia de mantener estos espacios limpios, independiente de multas -que dependerán siempre de la capacidad de fiscalización-, porque aquello impactará directamente en la calidad de vida de los habitantes de los sectores afectados.