Marcelo Galindo

El delito de violencia innecesaria tiene una pena que va desde los 541 días a los cinco años de presidio.

Ese es el ilícito que se le imputará al oficial de Carabineros sindicado de ser el presunto autor del disparo de la lacrimógena, que impactó en la cabeza de una joven de 17 años, quien resultó con una fractura de cráneo.

La audiencia de formulación de cargos fue fijada por el Juzgado de Garantía para el martes 10 de marzo próximo a las 10 horas.

"La Fiscalía ha logrado establecer dentro de los primeros antecedentes de la investigación, la que es preliminar, que hay méritos suficientes para entender que los hechos son calificables dentro de la figura de violencia innecesaria con el resultado de lesiones graves", manifestó el fiscal jefe de Puerto Montt, Marcelo Maldonado.

Según el persecutor se trata de una figura especial que está en el Código de Justicia Militar "que precisamente dice relación que cuando en el ejercicio de funciones -que son propias de los funcionarios de Carabineros o militares- desarrollen estas utilizando la violencia de una manera que no es racional para el contexto o acción específica".

Para Maldonado, al entender que se dan los supuestos para una figura de esa naturaleza, "hemos solicitado al Tribunal de Garantía para que fije una fecha para la audiencia de formalización".

Como la audiencia fue programada con un plazo de 40 días, el fiscal jefe no descartó coordinar con el tribunal la posibilidad de lograr un cambio de fecha.

Conducta

El delito es especial, y de acuerdo al persecutor, tiene una pena que parte desde los 541 días y puede llegar hasta los cinco años, dependiendo de las circunstancias modificatorias que rodeen el hecho.

Explicó que en este caso el imputado parte con una circunstancia modificatoria de atenuante que es su irreprochable conducta anterior.

"Hay otro elemento que se podría sumar si es que hay algún tipo de colaboración a la investigación. Los elementos se analizarán durante la investigación y ver si existe otro supuesto que pudiera contribuir a las diligencias o determinar alguna circunstancia agravante adicional o atenuante distinta", afirmó. Maldonado hizo un llamado a no vandalizar las cámaras de vigilancia, "porque si no hubiese estado funcionando la que sirvió de soporte no se podría haber aclarado el caso. Es decir el orden y la seguridad se establecen para todos y todos debemos contribuir", apuntó.

Mauricio Maya jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) confirmó que la querella sigue adelante. Según Maya, varias de las diligencias que se solicitaron en la querella se han llevado adelante, "incluso antes de la presentación de la acción penal en favor de la adolescente afectada".