La decisión de la empresa coreana Hyundai -principal controladora del Consorcio Puente Chacao- de paralizar las faenas de la megaobra que pretende unir el continente con la provincia de Chiloé es, sin lugar a dudas, una muy mala noticia para la región y para el país entero. Especialmente si sus argumentos apuntan a que la determinación ha sido el resultado de la falta de diligencia y la "mala fe" con que el gobierno chileno habría actuado en este proceso. El puente sobre Chacao es una antigua aspiración impulsada originalmente por el diputado Felix Garay en los años 50. En esa época, el representante por Chiloé fue el primero en expresar la importancia estratégica de unir el continente con la isla por medio de un viaducto. Pasaron varias décadas y también varios intentos por materializar esta obra hasta que el proyecto fue finalmente licitado durante la primera administración de Sebastián Piñera. Sin embargo hace algunos días -a casi dos años de comenzados los trabajos- la empresa a cargo de las obras ha denunciado el incumplimiento de los acuerdos comprometidos por el Gobierno y ha afirmado que, en estas circunstancias, no puede continuar con las faenas. Con todo, es necesario establecer ciertas precisiones. Una de ellas -quizá la principal- es que el contrato que se realizó en su momento con el Consorcio fue a suma alzada, lo que significa que los riesgos y mayores costos asociados al proyecto son de cargo de quien se adjudica la obra, en este caso de Hyundai, y que las obras no asociadas al proyecto son, en efecto, de cargo del Estado. Por cierto, en el caso de que existan problemas a la hora de interpretar estas bases, debe buscarse una vía expedita para resolverlas. Esa era, precisamente, una de las funciones que tenía el consejo asesor ministerial del proyecto Puente Chacao, constituido para facilitar la relación entre el mandante, en este caso el Estado, y el consorcio a cargo de las obras. En esta instancia participaban de manera transversal ex autoridades, presentantes de organizaciones de la provincia de Chiloé, profesionales y expertos. Lamentablemente, y sin mediar explicaciones ni argumentos, este consejo fue disuelto por el actual gobierno.

Rabindranath Quinteros Lara.

Entre tantas tribulaciones y enrarecido ambiente de ingratas novedades, por lo menos, podremos -aquí en Puerto Montt- llegar con optimismo al término del áspero año 2019. gracias al buen aprecio de ser la cuarta mejor comuna de Chile para vivir y la tercera para ser visitada, según el estudio "Barómetro Imagen Ciudad" de este año, concretado por la Consultora Visión Humana. Un satisfactorio honor, que ya nuestra capital regional había experimentado en otros sondeos realizados sobre el tema, pero esta vez actualizados y más sugerentes, que confirman a la nuestra entre las diez ciudades del país mejor posicionadas entre las preferencias de la comunidad nacional.

Consideraciones de esta jerarquía, desde luego, levantan el ánimo y el espíritu de superación, algo debilitados por las luces y sombras de la crisis social. Frente a lo cual, los puertomontinos no podemos dejarnos llevar por el desánimo ni la falta de fe. Que debemos recuperar -contra viento y marea- para nunca dejar de luchar por ser integralmente mejores. Y con el mismo temple y voluntad de aquellos heroicos antepasados, que desde los tiempos fundacionales de Melipulli, desbrozando frondosos bosques y con grandes sacrificios, abrieron la ruta del progreso local y luego la modernización del Puerto Montt, a partir de su designación en 1974 como Capital de la Región de Los Lagos y hoy flamante eje estratégico del desarrollo sur austral patagónico.

Para Puerto Montt, sus autoridades y habitantes, estas favorables calificaciones ciudadanas confirmadas mediante estos estudios de opinión pública, representan un estímulo imprescindible para afianzar la carta de navegación futurista y continuar -con tenaz pujanza y convicción emprendedora- en la marcha progresista empeñada. Sobre todo, ahora que - a la par de los proyectos desarrollistas urbanos ya definidos y prontos a iniciarse- destaca el prioritario trato que hay que dar a los imperativos sociales de la población. Así puntualizado en la agenda establecida por la propia gente en el remezón social iniciado el 18 de octubre último.