Tras quedar en evidencia la grave contaminación de la bahía de Puerto Montt, el plan de tratamiento que propiciaran las autoridades y en especial del que estaba vigente de la empresa ESSAL, éste volvió a la palestra. La inversión demandará más de 9 mil millones de pesos, dijo el intendente Rabindranath Quinteros.
Un convenio entre el Gobierno Regional y el Serviu, por 380 millones de pesos, permitirá concretar un proyecto municipal en cuanto éste resuelva las observaciones . Se trata de la pavimentación que faltó por concluir en calle Padre Harter por la población Modelo, específicamente el tramo detrás del cementerio Católico.
Hoy a las 15 horas, se hará la Misión Cultural del Comité Departamental de Alfabetización en la vecina localidad de Chamiza, dedicado a todos los trabajadores y obreros agrícolas. Dicho actos tendrá lugar en la cancha de aterrizaje de la Base Aérea. Amenizarán conjuntos musicales de los planteles Industrial y Comercial.
Así es como hay que reaccionar en los episodios de emergencia social como el que estamos viviendo. Con una respuesta -concreta, eficiente y visionaria- de los gobiernos regional y comunales de Los Lagos, a las demandas sociales que plantea con tanto ardor la población, al orientar sus venideros presupuestos, planes y accionar -ahora- con un marcado acento solidario a esa tan clamada y sentida causa comunitaria.
Hay plena conciencia de realizar, en adelante, las inversiones de desarrollo partiendo de esa sentida prioridad social, por la que se ha movilizado el país. Lo que significa no más pagos superfluos, innecesarios, que no impliquen mejoras y bienestar para las comunidades más postergadas, dignidad para los adultos mayores, más acceso a la salud y una educación de calidad para todos, entre otras urgencias relacionadas con la indignidad de salarios y pensiones.
Ese sentido tienen hoy los gastos que deben realizarse en la erradicación de los campamentos de pobreza que siguen existiendo; en la implementación de los servicios básicos, como el agua potable y sanitarios en áreas marginales y apartadas, que increíblemente aún no los tienen; en una mejor conectividad y opción a la vivienda, entre otras merecidas aspiraciones de la gente vulnerable de nuestra zona.
Un buen ejemplo de lo señalado emana de la Municipalidad de Puerto Montt, que ha determinado entrar en un proceso de reconversión económica para el próximo 2020. Para ello, comenzará por ajustar el presupuesto del Festival Sentados Frente al Mar y cancelar el espectáculo de fuegos artificiales en el aniversario de la ciudad, cuyo costo derivará en una finalidad netamente social, conforme a los actuales imperativos populares.
Se trata, por lo demás, de ajustes económicos municipales, que también tienen que ver con el dinero que demandarán las reparaciones y renovación del equipamiento urbano, que destruyó el vandalismo enquistado en las protestas sociales.
Es una nueva forma de pensar y de actuar.
No existe una definición precisa de la "asamblea" ni del "congreso constituyente". La palabra "constituyente" es más clara: significa redactar una nueva constitución, no sólo reformarla. El anuncio del gobierno en orden a promover un "congreso constituyente" significa que, a sus ojos, una solución de la crisis político-institucional supone enfrentar, no negar, el problema constitucional. Luego, la tesis que la actual crisis no pasa por la Constitución vigente yace definitivamente abandonada por sus defensores. El oficialismo ha intentado despejar otras interrogantes. La aprobación de la nueva constitución, aparentemente, será de competencia del Congreso Nacional y contará con la "participación" de la ciudadanía. Participación excluye poder de decisión: éste radicará excluyentemente en el Congreso o en un grupo de sus miembros. Aparentemente para el oficialismo la noción de "Congreso constituyente" excluye entonces la de asamblea constituyente. Una asamblea tiene por función exclusiva el crear una nueva constitución. No gobierna ni legisla; y sus miembros -no parlamentarios sino ciudadanos- no aspiran a su reelección ni a posicionarse dentro de su partido. Y gracias a la independencia de la asamblea, el Congreso Nacional puede deliberar, legislar y fiscalizar sin la tentación de alcanzar sus objetivos por medio de la nueva constitución. Esta separación entre constituir y legislar se denomina Estado de Derecho. Los adversarios de la asamblea temen que ella lo vulnere: que exceda su único mandato, ejerciendo política contingente sin limite ni restricción alguna. Como en Venezuela, habrá escuchado Ud. La alternativa que propone el oficialismo -alojar en el Congreso Nacional constitución y legislación- no es, sin embargo, menos riesgosa. Es al contrario altamente probable que los miembros del "congreso constituyente" deliberen sobre una nueva constitución considerando su fuente de ingresos futura, su reelección y las directrices de sus partidos. La propuesta del oficialismo encarna los riesgos que atribuye a la asamblea constituyente: que el constituyente legisle y que el legislador constituya. El Estado de Derecho está del lado de la asamblea; lo contrario, al lado del congreso constituyente. El oficialismo o bien no entiende el Estado de derecho que dice defender, o bien lo entiende, y su defensa es una impostura.
Nada parece llegar a oídos del Presidente. Ni los ojos baleados de civiles, ni las funcionarias de Carabineros quemadas, ni menos los lamentos de los cientos de personas que están quedando sin empleo en el país.
Nada. Ni hablar de las detenciones injustas, las pérdidas en el comercio local, el quiebre de algunas micro, pequeñas y medianas empresas, ni menos las violaciones a los derechos humanos en nuestra región. Nada.
Estamos frente a un Gobierno que pareciera que no quiere escuchar las demandas ciudadanas y que insiste en implementar un programa de gobierno que ya fracasó. La propuesta es una agenda que hasta el momento aún está lejos de lograr una sintonía que permita el fin de este estallido social y de garantizar la tranquilidad y paz que exigen en las calles las familias chilenas.
La grieta que dejó esta explosión social es tan profunda que caben en ella cientos de problemáticas que hemos dejado arrastrar durante décadas. Nuestro rol es detectar las principales demandas y trabajar en solucionarlas a corto plazo. Desde el Partido Liberal hemos identificados aquellas que nos garanticen un mínimo de derechos sociales, como son las pensiones, salud, educación y vivienda.
Durante la semana pasada nos reunimos con el Presidente de la República en La Moneda. En esa instancia, cara a cara, manifestamos nuestras críticas y también entregamos propuestas para abordar esta crisis social. También le dijimos al Presidente que está llegando tarde a las decisiones y no tenemos tiempo que perder.
Vivimos en un país hiperpresidencialista, por lo que es el Presidente quien tiene el poder de impulsar el tan anhelado acuerdo que todos esperamos.
Invitamos al Gobierno de Chile a salir del miedo que los paraliza y a no temerle a un pacto social germinado desde la ciudadanía dejando de lado la antigua cocina hecha entre cuatro paredes. Creemos que la mejor señal que se puede entregar es la realización de un Plebiscito Constituyente donde las personas se expresen y decidan el mecanismo que quieren para la redacción de una Nueva Constitución.
Presidente, usted tiene la llave.
No siga llegando tarde.
Diego Pardo Álvarez.