Erwin Schnaidt

Al menos 159 millones de dólares y ocho mil puestos de trabajo se perdieron en la Región de Los Lagos durante el año 2023, reveló el Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP) que elaboraron en la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS).

Alejandro Weber, decano de esa facultad, presentó ayer en Puerto Montt este primer documento, con el que buscan medir el impacto en la economía por el tiempo que demoran los proyectos de inversión.

Mientras a nivel nacional se descubrió que este retraso derivó que más de dos mil millones de dólares se quedaron sin invertir en 2023, lo que no permitió crear casi 100 mil puestos de trabajo; en la región "significó una pérdida de 159 millones de dólares y de unos ocho mil empleos", sostuvo el decano Weber.

Con datos disponibles en la plataforma digital del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los investigadores determinaron además que durante el año pasado sólo se evaluó favorablemente nueve proyectos, por US$ 140 millones en Los Lagos, mientras que el registro histórico es de 27 iniciativas al año.

"Eso significa que más de la mitad de los recursos que estaban en tramitación no llegaron a puerto, porque el Estado se demoró más de lo que la propia ley establece", acotó Weber en diálogo con El Llanquihue.

El ex subsecretario de Hacienda en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, dijo que esta dilación repercute en la decisión de invertir, ya que durante ese tiempo, que significa hasta 12 años de tramitación en casos como desaladoras, "cambia el entorno económico, social. Incluso por esta tardanza excesiva, muchos proyectos que son aprobados, finalmente no se ejecutan, porque cambiaron tanto las reglas del juego en el camino que no está la certeza suficiente para que esa inversión llegue a puerto".

Por qué falla

Al intentar hacer un diagnóstico de este retraso, Weber identificó elementos a nivel macro y microeconómico.

En el primer caso, especificó, hay menos ingresos de proyectos a evaluación ambiental, en lo que repercute "la incertidumbre que se ha instalado en nuestro país desde el estallido social y la pandemia del covid, así como las malas condiciones económicas que hoy día vive el país".

Argumentó que hace diez años, en la región se evaluaba unos 200 proyectos al año; en la actualidad "se está evaluando una décima parte de eso, en términos reales".

En el aspecto microeconómico apuntó que "con las mismas reglas del juego, hoy día estamos teniendo peores resultados", ya que el SEIA no se ha modernizado desde hace 12 años, lo que hace que "la regulación no esté a la altura".

Mencionó que dos proyectos de ley están en tramitación en el Congreso, como el de permisología sectorial y el del sistema de evaluación ambiental. Para Weber, el primero "está bien orientado, pero sólo afecta más o menos al 20% de los montos de los proyectos. La gran inversión pasa por el sistema de evaluación ambiental, que hoy día sufre retrasos importantes".

Certezas

Planteó que para que los inversionistas tengan la tranquilidad de que las reglas del juego no van a cambiar, la macroeconomía tiene que avanzar, en lo que el gobierno es el principal responsable de entregar certidumbre". Expuso que en contra de ello se está gestionando una reforma tributaria y del sistema previsional, que "generan mucha incertidumbre (…) y frena la inversión".

"Por el otro lado, tenemos los elementos más micro, que son de los proyectos de