La próxima semana se realizará en Santiago la conmemoración de los 30 años de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, acuerdo suscrito por la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 9 de junio de 1994, también conocido como "Convención de Belém do Pará", por la ciudad de Brasil donde fue firmada.

Chile preside desde el año 2023 la Conferencia de Estados Parte (CEP) y ahora será sede de la reunión en la cual se evaluarán las tres décadas de vigencia del tratado. Para preparar algunas de las actividades en torno a ese hito, se convocaron diálogos en todas las regiones.

¿Por qué es importante que se hable de este tema? Varias razones. Una es histórica. Si se comprende la relevancia de Belém do Pará, se puede entender el contexto de las normas chilenas en este ámbito. No es casual, por ejemplo, que la primera ley contra la violencia intrafamiliar fuera dictada en noviembre de 1994, marcando un precedente e iniciando la generación de una serie de instrumentos jurídicos.

A esa ley han seguido otras como las que sancionan femicidio, acoso (callejero, laboral, sexual) y diversas situaciones de agresión a las cuales se ven expuestas las mujeres y las niñas tanto en el ámbito público como el privado, abarcando todo tipo de maltrato y abuso, ya sea físico, sexual, sicológico, económico, simbólico, de discriminación u otra índole.

También desde esa perspectiva se puede dimensionar la más reciente Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que reconoce la raíz de desigualdad de género presente en toda violencia y también amplía la mirada hacia la "interseccionalidad", reconociendo que afecta de manera diferenciada a mujeres de distintos grupos (indígenas, migrantes, discapacidad, disidencias sexuales).

Así visto, claramente se aprecia avances. Pero es preciso seguir trabajando para que se alcance otra propuesta clave de la Convención de Belém do Pará: que se respete el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como un derecho humano básico. Los múltiples casos que se conocen habitualmente en la región hay que erradicarlos de una vez.

El fiscal Soto no es fiscal. Tiene tan sólo cinco meses de experiencia como abogado asistente y no tiene formación específica para desempeñarse en el cargo. Con esos pergaminos y sin estudiar previamente los antecedentes de la carpeta de investigación, compareció en representación de la Fiscalía a una compleja audiencia de revisión de la prisión preventiva que pesaba sobre tres imputados por delitos gravísimos vinculados al Tren de Aragua. ¿Qué podía salir mal?

Desatado el escándalo, hasta aquí todo ha girado exclusivamente en torno a lo sucedido al interior de la bizarra audiencia, con la comunicacionalmente ineludible explotación comercial del morbo, en aproximaciones que buscan explicaciones a través de la formulación de las preguntas incorrectas, cuyas respuestas sólo muestran, con suerte, parte del árbol, pero en ningún caso permiten ver el bosque.

En la inexorablemente humana y muy criolla necesidad urgente de encontrar algún culpable, la opinión pública primero apuntó inquisidoramente el dedo a la jueza, pero al poco andar y gracias al audio de la audiencia que, conveniente y oportunamente, fue expuesto por la prensa, el foco del reproche giró hacia el inexperto y hoy vilipendiado pseudo fiscal.

Quedarse en la manifiesta prepotencia de la magistrada o en la evidente incompetencia y desidia del abogado de la Fiscalía no aporta nada para evitar nuevas situaciones similares y mejorar el funcionamiento del sistema.

Por ello quizá la cuestión más relevante sea resolver si se trató simplemente de una anomalía excepcional de procesos de gestión, cuyos diseños e implementaciones permiten asegurar un funcionamiento eficiente y eficaz de la persecución penal o, por el contrario, el bochorno se debió, al menos en buena parte, a una falla que se repite de tanto en tanto -en casos sin publicidad- debido a modelos de gestión que presentan vacíos, deficiencias y falta de control importantes, abriendo de par en par la puerta al descriterio y al error.

La respuesta a esta interrogante es esta última. Aún más, múltiples nudos críticos a nivel de procesos de trabajo, incluyendo la comparecencia a audiencias programadas, son conocidos hace tiempo por todos los operadores del sistema.

Por eso es tan relevante no quedarse solamente con lo sucedido en el caso concreto o con justificaciones que nada tienen que ver con lo que pasó, incluso aprovechando más de alguno de lograr algún objetivo.

Menos aún, puede olvidarse que el Ministerio Público es una gran institución, cuyos integrantes en su inmensa mayoría tienen una alta capacidad profesional y una enorme entrega, dedicación y compromiso con la justicia.

80 años | 9 de junio de 1944

Con procesión conmemoraron Corpus Christi

Con diversas actividades, como la misa oficiada por el obispo Ramón Munita en la Catedral de Puerto Montt, se conmemoró la Fiesta de Corpus Christi. La festividad contempló una procesión, la que debido al mal tiempo debió efectuarse al interior del templo y no en la plaza de Armas como estaba en el programa. También se realizó una misa para los jóvenes de la comuna.

50 años | 9 de junio de 1974

Buscarán petróleo en predio de Maullín

El alcalde de Maullín, Walterio Gebauer, confirmó que se realizarán exploraciones petrolíferas en un predio de la comuna. Se trata de perforaciones de 1.200 metros de profundidad en busca del oro negro. Para ello, se está a la espera de la llegada de los camiones con los materiales que permitan levantar una torre. En el lugar se niveló el terreno, se emparejó y de colocó ripio.

10 años | 9 de junio de 2014

Decretan alerta roja por peligro de derrumbes

El intendente Nofal Abud, en conjunto con Onemi, decretó alerta roja para la comuna de Puerto Montt, ante el riesgo para la población de nuevos derrumbes que pudiesen ocurrir en las laderas y por la llegada de un nuevo frente de mal tiempo. La autoridad explicó que la determinación la adoptó tras recibir un informe de Sernageomin, en el que advierte sobre el riesgo de colapso.