De todos los problemas que han enturbiado la gestión de la casa alcaldicia de Puerto Montt en los últimos años, el relativo al Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem) se ha instalado por lejos como el más complejo, no sólo por los montos involucrados (un informe de la Contraloría del año pasado establece que se deben restituir $3 mil millones no acreditados), sino sobre todo, porque los perjudicados han sido los alumnos de los establecimientos educacionales que están bajo su cuidado. Hay otros episodios dificultosos para el municipio, con investigaciones en curso en distintos órganos, como la pileta al frente de la plaza de Armas, pero el del Daem ocupa claramente la delantera por su magnitud y las secuelas que ha dejado. La detención y formalización de tres ex funcionarios del departamento, la semana pasada, cristaliza esta percepción. Por años el Daem pareció transitar en el limbo, sin una administración titular y una sangría de recursos que no se detenía. El municipio fue el responsable de mantener por demasiado tiempo a una jefatura subrogante que no supo o no pudo administrar prudencialmente lo que le correspondía; y el municipio fue también el responsable de no controlar una repartición que daba señales de incompetencia. Después de esa extensa administración subrogante, vino una administración titular, pero con una marcha azarosa debido al enorme déficit que arrastraba el Daem. La continua solicitud el año pasado de recursos adicionales para pagar los sueldos; y denuncias en torno a una planilla abultada de personal sin datos suficientes acerca de los roles y funciones, terminó por liquidar la imagen que tenía la unidad. Lo peor es que son los estudiantes quienes están sufriendo con esta escalada de desaciertos. A las escuelas sin calefacción o sin transporte que se venían repitiendo desde hace unos años, se ha sumado ahora una plaga de roedores en varios establecimientos, obligando a suspender las clases en al menos seis de ellos para las labores de sanitización que deberían haberse hecho antes. Episodios como estos son los que colocan un manto de duda sobre la capacidad de este municipio como administrador educacional. El drama es que las soluciones planteadas, como los servicios locales de educación, tampoco han sido un ejemplo de eficiencia.

80 años | 15 de mayo de 1944

Fijan al alza el precio del litro de leche

El Comisariato local, después de los estudios del caso, decretó un alza de la leche, autorizando la venta a $1.60 el litro. Se informó que los consumidores que tengan algún reclamo que hacer pueden recurrir al inspector del Comisariato, Julio Alvarado, a Carabineros, a Investigaciones, inspectores municipales o a la Gobernación, quienes aplicarán sanciones a los especuladores.

50 años | 15 de mayo de 1974

El Hospital de Maullín está en pésimo estado

En deplorables condiciones está el Hospital de Maullín, el que fue construido el año 1905. Hoy, dado su mal estado, sólo sirve para realizar labores de posta de salud. Pese a que existe un quirófano, en él no se puede operar por la falta de espacio para pacientes recién operados. Por ahora sólo se cuenta con terrenos, los que fueron comprados el año 1966.

10 años | 15 de mayo de 2014

Realizan los funerales de profesora asesinada

Familiares y amigos despidieron ayer con globos blancos y flores a la profesora de Inacap Puerto Montt, Paola Vega, quien fue asesinada este fin de semana en la capital regional. La profesional fue asaltada en la escalera Manuel Montt. La familia de la víctima pide que se aclaren los hechos. Se conoció un asalto de idénticas características, el que afectó a una joven de 25 años.

Los derechos sociales, como el acceso a la salud, vivienda, educación y pensiones, son esenciales para una vida digna. El Estado tiene la responsabilidad de garantizarlos, pero esto requiere de financiamiento sostenible. Un crecimiento económico sólido y la inversión privada son claves para lograrlo. Aumentar el gasto público sin control puede generar inflación y empobrecer a la población, especialmente a los más vulnerables. Subir impuestos desincentiva la inversión y dificulta el crecimiento. La justa satisfacción de los derechos sociales exige recursos sostenibles, no discursos ni voluntarismo. La inversión privada, más allá de ideologías, es fundamental para alcanzar este objetivo.

En las últimas dos décadas, Chile ha experimentado un preocupante retroceso económico. Su posición en el ranking latinoamericano de crecimiento del PIB ha caído drásticamente, pasando del tercer lugar en 2012 al sexto en 2020 y a un 18° lugar en 2023. La inversión extranjera, que alcanzó US$ 19.935 millones en 2012, ha fluctuado desde entonces en niveles significativamente inferiores, con un repunte apenas notable a US$ 21.738 millones en 2023, apenas superior al de una década atrás. La salida de capitales acumulada entre 2010 y 2019 ascendió a US$ 13.204 millones, mientras que entre 2020 y 2023 la cifra creció a US$ 20.583 millones, reflejando un aumento en la salida de capital. A su vez, el país ha descendido en el ranking global de competitividad, pasando del puesto 19° en 2005 al 44° en 2023.

Este panorama contrasta con la imagen de Chile como un modelo de desarrollo reconocido internacionalmente en el pasado. Hoy, el país se ubica en los últimos puestos de algunos rankings regionales, como el de crecimiento económico actual y proyectado. Es imperativo que Chile revierta este curso de deterioro con urgencia. Se requiere superar la parálisis política y alcanzar acuerdos consensuados para abordar los desafíos que aquejan al país.

Combatir con firmeza y efectividad el crimen organizado y el terrorismo es fundamental para generar un clima de seguridad que propicie la inversión y el crecimiento sostenible. La seguridad es clave para la recuperación, en un marco en que los homicidios han aumentado un 40% en los últimos seis años y los secuestros en un 140% en la última década. La percepción de inseguridad, que alcanzó un máximo histórico del 90,6% en 2023, crea un entorno adverso para la inversión y el crecimiento. A la inconsistencia política para recuperar la inversión y el crecimiento, se ha sumado la inseguridad. Si no logramos superarla con decisión y celeridad, la inversión es una utopía al igual que el crecimiento.

En ese contexto, el reforzamiento de los derechos sociales es una vana declaración de intenciones que terminará frustrando las expectativas de lograr un país más justo y equitativo. Esta situación es completamente aplicable a nivel regional, donde debemos poner todos nuestros esfuerzos en prevenir estas condiciones que encaminan a una ruta de empobrecimiento, que tomará mucho tiempo revertir.