Redacción

El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, compareció ayer ante la comisión investigadora que indaga las transferencias irregulares desde reparticiones públicas a fundaciones o corporaciones en lo que se ha llamado caso convenios. En ese marco dio cuenta del desarrollo de las investigaciones de este escándalo que estalló en junio del 2023 cuando se conoció la transferencia de la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva.

Campos explicó que si bien comenzó con un solo caso, hoy se están investigando más de 100. Asimismo, apuntó que en un inicio solo estaba involucrado el Ministerio de Vivienda, pero hoy también están siendo investigados los gobiernos regionales de casi todo el país. Y entre las cifras que maneja la Fiscalía informó que hasta ahora el monto total investigado es de 89.971.933.591 pesos.

Campos también reveló que hay casos que están en etapa de formalización. Y explicó que existen "patrones comunes -que la Contraloría también anunció-. Hay fundaciones y corporaciones muy novatas, de poca experiencia, con giros comerciales que no guardan relación con lo convenido, con faltas de garantías, son patrones que llaman la atención".

Las transferencias

De las transferencias desde el Ministerio de Vivienda a fundaciones, 12.221.799.718 pesos están siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público. Esta cifra fue distribuida a 40 corporaciones o fundaciones en 14 regiones. Solo Aysén y Magallanes no tuvieron casos.

Este listado lo lidera la Región de Antofagasta con 3.173.000.000 pesos en investigación a 6 fundaciones o corporaciones. La sigue la Región de Tarapacá con 2.496.916.823 pesos, la Región de Valparaíso con 1.853.575.397 y la Región Metropolitana con 1.822.515.316 pesos.

Sobre las transferencias desde los Gobierno Regionales, 77.740.133.873 pesos está n siendo objeto de investigación, distribuido a 67 fundaciones o corporaciones en 12 regiones. En este caso no aparecen Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins y Los Ríos.

En este caso las mayores cifras por lejos son las transferidas desde el GORE de la Región de La Araucanía (cuyo gobernador es Luciano Rivas), que con 44.539.187.304 pesos a 13 entidades sin fines de lucro cubre más de la mitad del dinero investigado en esta categoría.

Además ese monto triplica a la región que viene después, Los Lagos (con Patricio Vallespín como gobernador), con 15.130.154.920 pesos. Y en tercer lugar aparece Biobío (que es liderado por Rodrigo Díaz), que transfirió 8.080.178.000 pesos que son investigados.

Crispi declara

Durante la jornada de ayer también declaró ante la comisión investigadora el jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, apuntado principalmente en el caso Democracia Viva por su eventual responsabilidad como exsubsecretario de Desarrollo Regional y militante de Revolución Democrática, partido al que pertenecían los principales imputados, Daniel Andrade (director de la fundación) y Carlos Contreras (exseremi de Vivienda de Antofagasta).

En su intervención, Crispi detalló que "lo que uno hace es, cuando hay una alerta, es intentar encauzarla institucionalmente. Y eso es lo que hice en su momento, encauzándola a través de la subsecretaria, quien me dice que estaba al tanto. Posteriormente el Presidente toma razón y toma conocimiento el día 16 también, como es de público conocimiento".

Además apuntó contra el eseremi Contreras: "Hay que ser muy preciso en esto. Yo discrepo de gran parte de las cosas que ha dicho el exseremi. Sobre todo, respecto al daño que se le ha hecho ya que ha generado un daño a la opinión pública y a la fe pública. Él cree que la subsecretaria habría mandado un informe a la Presidencia, Y yo no he recibido ningún informe".

Esta semana se ha despachado la llamada ley corta de Isapres. En ella se consagra una fórmula para pagar lo que esas instituciones habrían cobrado de más a sus afiliados a contar del año 2019.

La ley fue despachada por amplia mayoría.

¿Fue ese un triunfo de la democracia de los acuerdos, una muestra de la responsabilidad de los parlamentarios, del dinamismo de la democracia?

Por supuesto que no. Fue exactamente al revés.

Todo esto fue fruto de uno de los episodios más sorprendentes de la historia legal chilena. Como es habitual en el derecho comparado (las excepciones son el sistema de precedentes y algunas reglas de la libre competencia o del derecho de consumo) las sentencias de los tribunales solo son obligatorias para las causas a las que con ellas se pone término y para las personas que en ellas litigan, es decir, para quienes pudieron hacer valer sus puntos de vista o sus pretensiones ante el foro. Pero no son obligatorias en modo alguno para quienes no participen del litigio en el que la sentencia incide. Este principio según el cual las sentencias carecen de obligatoriedad general es una de la claves del sistema institucional: el poder de obligar a todos le corresponde al legislativo mediante la ley dictada por representantes electos, en tanto a los jueces, que son funcionarios no electos, les corresponde aplicar la ley a los casos que ante ellos comparezcan y lo que decidan posee un alcance particular.

Hay tres razones en favor de ese diseño: una es la democracia, mientras los legisladores son electos por la ciudadanía, los jueces no, y por ese motivo los primeros pueden obligarla en general, pero no los segundos. La otra razón es que los jueces consideran los puntos de vista e intereses particulares que ante ellos comparecen y cuya información entregan, motivo por el cual no están en condiciones de elaborar políticas públicas. La tercera es que los jueces asignan derechos, mientras los legisladores se ocupan del bienestar social.

Sin embargo, la ley que se acaba de despachar no es fruto en realidad del discernimiento del poder legislativo, sino que es el fruto de una sentencia de la Corte Suprema. Se trata, pues, de una ley, que es resultado de haberse infringido ese diseño institucional.

Porque la Corte dispuso que, en un plazo determinado, lo que a su juicio se habría cobrado en exceso debía devolverse a todos los afiliados, hubieran litigado o no. La sentencia tuvo, pues, un efecto similar al de una ley. Creó derechos subjetivos para todos, litigantes y no litigantes, e instituyó como deudores correlativos a las Isapres y al gobierno.

En otras palabras, lo que ha tenido en vilo al sistema de salud chileno -con temores de quiebra o de colapso- no ha sido una mala política pública deliberada en una de las sedes de la democracia, ni una afiebrada iniciativa de un líder populista, ni una conducta contagiosa como fue la de los retiros previsionales, sino una decisión de la Corte Suprema que, de esa forma, y al menos por esa vez (es de esperar que la única) se erigió por razones que estimó eran de justicia material en legislador o, más aún, en un poder superior al legislador puesto que sentó el deber de dictar reglas para ajustar la política pública a lo que ella decidió en un conjunto de casos particulares.

Y nadie, o casi nadie, dijo nada.

Y ese deber de dictar reglas contaba con un plazo, llegándose entonces al extremo (igualmente inédito) de que el ejecutivo solicitara prórrogas a la Corte Suprema para dictar la ley y consiguientemente dar las instrucciones para que ella se ejecutara por parte de la Superintendencia.

Por eso la alegría o la sensación de logro que algunos sintieron, olvida lo fundamental: el origen de todo esto.

No se requiere ninguna perspicacia para advertir que si hay problemas en el sistema político, parece haberlos igualmente graves en otros sectores del estado especialmente si, como es el caso, la Corte de casación crea acreedores de derechos subjetivos sin que hayan litigado en modo alguno, deudores que tampoco lo hicieron y establezca directa o indirectamente deberes y plazos para legislar.