Erwin Schnaidt

Aunque organizaciones ambientalistas reconocen como un retroceso que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt haya dejado sin efecto la Ordenanza Municipal para proteger los humedales, coinciden en la necesidad de abordar una nueva reglamentación que se ajuste a las disposiciones legales superiores vigentes.

David Hinostroza, presidente de la Agrupación Cultural por los Humedales y Entornos Naturales Gayi de Puerto Montt, estimó que con ese veredicto se pone en peligro la existencia de humedales que no han sido declarados urbanos. "Tienen un alto riesgo de ser drenados e intervenidos. Cuando llegue la declaratoria (de urbanos), ya no vamos a tener humedales que proteger".

A su parecer, existe demora en el Ministerio del Medio Ambiente para asumir esos procedimientos. "Van más de dos años que se mantienen declaratorias sin resolver en un escritorio", dijo. Añadió que en ese estado hay 18 solicitudes de humedales urbanos.

Advirtió que el fallo del tribunal de alzada porteño podría sentar un precedente jurídico, ya que la regulación objetada "se hizo en base a ordenanzas muy similares de otras ciudades".

Opinó que se debe avanzar en establecer el cuidado y protección de los humedales de Puerto Montt, "que nos están aportando para el abastecimiento y reserva de agua".

Recordó que aunque valoran el principio básico de ese documento, hicieron cuestionamientos al momento de formular la ordenanza, ya que "tiene errores, que estamos viendo ahora". Por lo que aconsejó readecuarla conforme a la normativa vigente, así como recurrir a la Corte Suprema contra la decisión del alto tribunal puertomontino.

En terrenos privados

En tanto, Gladys Sánchez, directora de la Consultora Ambiente y Territorio (Ambyter), sostuvo que el fallo de la Corte porteña "era esperable".

Adujo que concuerda con la resolución judicial, ya que "la ordenanza no puede hacer exigencias que son competencia de otros servicios o cuerpos legales. Eso lo había hecho ver en el proceso de participación ciudadana para elaborarla".

Explicó que aunque Puerto Montt tiene un número importante de humedales, "la mayoría está en terrenos privados. El derecho privado en Chile es relevante, por lo que una ordenanza no puede disponer de un bien privado así como así". Agregó que esa reglamentación no estaba completamente enfocada en la conservación de humedales y los servicios ecosistémicos que ofrecen.

Sánchez recordó que al entrar en vigencia la Ley de Humedales Urbanos, se otorgó a los municipios del país un plazo de seis meses para elaborar las respectivas ordenanzas, lo que calificó como "un complemento a la conservación y cuidado de humedales", por lo que descartó que haya una completa desprotección de esos lugares.

A su juicio, esta es una oportunidad para generar una nueva ordenanza "de manera general, abierta. No hablar de urbanos y rurales. Porque la ley no dice: 'haga sólo una ordenanza de humedales urbanos'. Es una oportunidad, porque además tenemos humedales costeros. Ojalá que se pueda generar una ordenanza, acorde a las necesidades de la comuna", aconsejó.

Revisión

El concejal Juan Carlos Cuitiño reconoció que esa ordenanza se elaboró "bajo la Comisión de Medio Ambiente, que presido. Se desarrolló en conjunto con todos los equipos técnicos ambientales, jurídicos, de Secplan y de Obras que tiene nuestra municipalidad. Estos equipos fueron quienes nos orientaron en relación a lo técnico y legal para la creación de una ordenanza municipal".

Sobre el fallo de la Corte de Puerto Montt, afirmó que si la municipalidad considera apelar, "hay que revisar los argumentos jurídicos que nos sirven para esta apelación".

En tanto se resuelve esa medida, Cuitiño propuso también "revisar lo que señaló el tribunal y, si es necesario, desarrollar una nueva normativa de Ordenanza Humedales en base a las correcciones que deban hacerse".

24 de abril de 2023 se dictó la Ordenanza Municipal N°2, para la protección y conservación de humedales urbanos de la comuna de Puerto Montt.

"Los Ecmpo se poden quitar si se suceden delitos", afirmó el seremi de Desarrollo Social y Familia, Enzo Jaramillo, durante la reunión realizada la mañana de ayer con vecinos y otros chilotes en el sector rural de Calle, en Ancud.

Los dichos surgieron en medio de las movilizaciones de pescadores y de actividades productivas que interactúan en el borde costero; trabajadores que llamaron a mejorar la Ley Lafkenche y a rechazar las solicitudes de Espacios Costeros Marítimos del Borde Costero (Ecmpo), que entrarán a votación de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (Crubc) de Los Lagos el 31 de mayo. Tales peticiones superan las 3 mil hectáreas en Chiloé. El representativo de Midesof en la zona señaló que la decisión de revocar un Ecmpo se estipula dentro de la normativa, recalcando que esta secretaría de Estado con la Conadi tienen esta facultad tomando antecedentes sobre mal uso y de acciones que no cumplan con la normativa.

"Si existen irregularidades, si existe afectación de delitos, las Ecmpo se pueden quitar, lo digo públicamente; las Ecmpo no son para generar delitos ni son privadas. Nada que tú tengas con afectación del Estado es para que tú cometas delitos. Si hay investigaciones en curso, veremos su resultado y, una vez teniendo eso, veremos cómo se puede proceder. Y eso (revocación) lo define la Midesof con la Conadi", sostuvo el personero.

Jaramillo es secretario ejecutivo del Crubc en la región, que el 16 de mayo tiene programada una primera secretaría técnica, instancia en que se analizarán las temáticas que se abordarán en la primera sesión del año de la comisión, a realizarse el próximo 31 de mayo.

De la reunión realizada en Calle, en la que también asistieron dirigentes de la pesca artesanal de Dalcahue, realizó un balance positivo Luis Villegas, vocero de este rubro económico en este sector, manifestando que hace un tiempo se venía solicitando la reunión, que finalmente se concretó ayer en Ancud.

"Lo que se saca en limpio es que pudimos informarle, conversar con él, de comentarle de nuestros problemas en la comunidad respecto a la quitada de derechos de nuestros vecinos, y él se pudo llevar de primera fuente la información sobre la problemática que tenemos en el borde costero", sostuvo el vocero pesquero local.

Los problemas con los Ecmpo también salpican a los 22 alcaldes de la región con borde costero. Razón por la cual también desde Quellón se está programando una reunión con la Asociación de Municipios de Chiloé.