Después de dedicar la mitad del mandato a "estabilizar" el país y a "recuperarse" de la pandemia y de la crisis social de 2019, el Gobierno chileno se entregará, en los dos años que le quedan, a "conseguir los avances pendientes" en materia de pensiones, tributos y seguridad, dice la ministra vocera, Camila Vallejo.

"Nosotros llegamos al Gobierno primero para estabilizar; segundo, para volver a hacer crecer al país; y tercero, para transformar", apunta a Efe en el Palacio de La Moneda.

Para lo primero, Vallejo, que llegó al cargo en marzo de 2022 y ha sobrevivido a tres cambios de gabinete, explica que el Ejecutivo redujo la inflación en más de 10 puntos, recuperó casi 500.000 empleos e instauró el royalty minero, un impuesto a la gran minería que calificó de "avance muy transformador" que entrega riqueza a "comunas postergadas".

"Eran cambios que estaban pendientes", apunta y menciona el aumento del salario mínimo hasta los 500.000 pesos y la reducción de la jornada laboral a 40 horas, una ley que empujó en su etapa como parlamentaria y que considera de las más "emocionantes" que ha anunciado desde su puesto.

Para la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), "ha habido avances sustantivos en los propósitos", aunque reconoce que al ser minoría en el Parlamento enfrentan dificultades para despachar las dos principales apuestas: las reformas de pensiones y la tributaria.

"Seguimos en ese empeño y tenemos todavía dos años para poder conseguirlo", expresó la exlíder estudiantil.

"Confiada" en Cariola

Hace poco más de un año, la Cámara de Diputados rechazó una ambiciosa reforma tributaria que buscaba recaudar el 3,6% del PIB en cuatro años.

Tras enfrentar un duro golpe legislativo, el Ejecutivo replanteó el pacto fiscal, rebajó las expectativas de recaudación al 2,7% y dividió la iniciativa en distintos proyectos que ha ido presentando por separado en la Cámara, donde el aumento de las tasas a los más ricos es el principal obstáculo.

"No siempre quienes más tienen están disponibles a poner mayores aportes para financiar más seguridad, vivienda social o el aumento de las pensiones", critica Vallejo.

La Cámara de Diputados eligió el lunes una nueva directiva, liderada por su excompañera de bancada, la parlamentaria comunista Karol Cariola, y los democristianos y el Partido de la Gente en la vicepresidencia.

Tras haber tenido que lidiar con una oposición, según ella, "muy obstruccionista", la vocera se muestra "confiada" de que la nueva mesa directiva -"bastante transversal", precisa- podrá "hacerse cargo de las prioridades de la agenda social que empuja el Ejecutivo".

Geógrafa de formación y militante del Partido Comunista, Vallejo dice que "hacer equilibrios" entre los sectores de la centroizquierda tradicional, los más moderados de la coalición gubernamental, y aquellos más alineados a la izquierda, como el Frente Amplio del presidente Gabriel Boric o los mismos comunistas, "no ha sido un problema", sino que "es parte de la buena política y el arte de gobernar".

"La gracia de nuestro Gobierno es que juntó fuerzas políticas que en su momento tuvieron diferencias", dice e insiste en que "unirse" les ha permitido "estabilizar, normalizar situaciones conflictivas, hacer crecer la economía y hacer cambios profundos".

Aunque las últimas encuestas la sitúan entre las autoridades con una aprobación ciudadana más baja -un reflejo de "los vaivenes de la contingencia", dice-, y a pesar de ser una de las figuras más expuestas del gabinete ministerial, admite sentirse cómoda en el cargo "incluso en los momentos difíciles".

"Frente a situaciones conflictivas uno piensa cómo lo habrán hecho o qué les habrá pasado a otros cuando estuvieron en el mismo sillón que yo estoy ahora", reflexiona.

En una retrospectiva a sus 12 años de trayectoria política, concluye: "Cuando eres oposición tiendes a ver una parte de la realidad (...) pero desde el Ejecutivo la mirada debe ser necesariamente más amplia, porque te toca ejecutar el cambio".

Luego de que se desarrollara ayer el interrogatorio a la diputada Catalina Pérez (suspendida de RD), en la arista Democracia Viva del Caso Convenios, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, sostuvo que se investiga a funcionarios públicos por un eventual delito de "omisión a la denuncia".

El persecutor no reveló si esta imputación incluye al ministro de Vivienda, Carlos Montes, o el jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, pero señaló que "la arista de omisión a la denuncia se encuentra actualmente en investigación, no judicializada, no formalizada".

Aguilar señaló además que la indagatoria tiene "actuaciones pendientes que nos permitirán, una vez que se agreguen, tomar una decisión respecto al rumbo destino de esa investigación".

Pérez se presentó ante la Fiscalía durante la mañana de ayer y renunció a su derecho a guardar silencio para declarar. Su abogado, Gonzalo Medina, expuso que "ella señaló que nunca había intervenido en la selección de las fundaciones, tampoco en la asignación de recursos. No intervino de ninguna manera en cómo se generaron estos convenios entre la seremía y diversas fundaciones; que no recibió directa ni indirectamente ningún peso vinculado a ninguno de estos convenios y que la verdad que espera con esta declaración que se ponga fin a las especulaciones respecto a supuestas intervenciones que ella habría tenido".