Tribunal determinó que no se vulneraron derechos de Jadue por frustrado viaje a Venezuela
RESOLUCIÓN. La justicia rechazó la cautela de garantías presentada por el alcalde de Recoleta luego de declinar embarcarse en un vuelo por su pronta formalización.
El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago rechazó ayer la cautela de derechos solicitada por la defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), tras el fallido viaje que la autoridad pretendía realizar a Venezuela el miércoles.
De acuerdo con lo expuesto por el jefe municipal, se aprestaba a embarcar hacia el país caribeño cuando una alerta de la PDI llevó a que la fiscal Giovanna Herrera llamara al abogado defensor de Jadue señalando la inconveniencia del viaje a días de su formalización por el caso Farmacias Populares. Ante ello Jadue desistió de viajar, sin embargo interpuso la acción judicial por considerar que se habían afectado sus derechos pues al no haber sido formalizado no cuenta con medidas cautelares y es libre de viajar donde quiera.
Incluso el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, anunció una querella contra la fiscal Herrera por esta situación.
Sin embargo, la jueza Katherine Román Delfabbro determinó que "a mi entender no existe ninguna afectación de las garantías en las que se ha sustentado la defensa en sus argumentaciones" y que no es posible "apercibir al Ministerio Público de la utilización o no de alguna herramienta de persecución".
La magistrada también indicó que "no es posible declarar la vulneración de garantía y en definitiva adoptar alguna medida" por lo ocurrido.
Tras la audiencia, el fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó que "la herramienta de la alerta temprana es una herramienta que existe en coordinación con la Policía de Investigaciones, específicamente con Extranjería, que tiene por objeto alertar los traslados migratorios de personas que son objeto de interés en la persecución penal a muy distinto nivel. Es una medida habitual".
Y expuso que cuando el alcalde se presentó en el aeropuerto recibieron el aviso y tras comunicarse con el abogado Sepúlveda "se nos avisó que el imputado se había desistido del viaje y, por lo tanto, se vio por terminada la comunicación con el abogado. La Fiscalía, en caso alguno, ha coaccionado, ni visado, ni impedido, ni amenazado, ni privado a nadie que haga uso de su libertad ambulatoria. Simplemente, se conversó con el abogado de la causa".
Por su parte, Sepúlveda señaló que no era un riesgo que el alcalde viajara a Venezuela porque "es un país habitualmente visitado por Daniel Jadue, igual que otros países de Sudamérica". Según el defensor, la persecutora le respondió que "el problema es que no hay tratado de extradición con Venezuela".
Desmarques
La decisión judicial se produjo luego de que tanto La Moneda como la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, militante comunista al igual que el alcalde, se desmarcaran de la situación que debía resolver, dijeron, el Poder Judicial.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que la situación "no nos ponemos en una posición difícil porque tenemos muy claro que aquí las cosas operaron como corresponde y que no hubo ningún actor político que interviniera en este proceso".
La jefa de gabinete explicó que "esta es una alarma que, de acuerdo con el protocolo en estos casos, tiene que entregar la Policía de Investigaciones cuando hay un paso a través de Policía Internacional: se le hace llegar a la fiscal que está a cargo del caso y ella toma una decisión de acuerdo con lo que le parece conveniente para el proceso. El Gobierno no interviene en ningún momento y no le corresponde juzgar, sino respetar la labor que hace la Fiscalía y las policías en esta materia".
Cariola apuntó que "hoy día tengo una vocería muy clara que es la de la presidencia de la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas, represento a 155 parlamentarios; no a un partido en particular. Respetamos absolutamente la autonomía del Poder Judicial y las acciones que están llevando adelante".