Secciones

  • Portada
  • Actualidad
  • Opinión
  • Actualidad general
  • Deportes
  • Clasificados
  • Cartelera y Tv
  • Espectáculos

(viene de la página anterior)

E-mail Compartir

tro de Economía, Nicolás Grau, dice que esto va a ser un avance para nosotros, estamos en completo desacuerdo", agregó.

Mancilla añadió que de esta manera están defendiendo sus puestos de trabajo, los que "a mediano plazo se verían afectados y ser reemplazados por tripulación y barcos extranjeros", en caso de aprobarse esta modificación legal.

Se mostró partidario de impulsar una modificación que modernice el sector "que sea capaz, cercana con el medio ambiente, pero que sea ciento por ciento chilena".

Réplica

Ana Mancilla, secretaria del Sindicato de Interempresas Mujeres Mercantes, que reúne a 25 asociadas que se desempeñan en barcos que prestan servicios para la acuicultura, recordó que con el apoyo de las bases y junto a la representante del gremio, María Gaete, se presentaron en septiembre pasado ante la comisión de la Cámara de Diputados, "para decir que el proyecto era malísimo".

Observó que no es su deseo seguir el caso de Perú, "que no tiene marina mercante, porque abrieron su cabotaje". A ello sumó lo ocurrido con la marina de pesca nacional, para la que se permitió el ingreso de un diez por ciento de tripulación extranjera, pero que "ahora, más de la mitad son extranjeros. Los oficiales son los únicos chilenos".

La dirigenta comentó que hay suficientes casos del fracaso de esa iniciativa en otros países, pero que aún así se busca replicarla en Chile.

Desarrollo laboral

En la oportunidad también participaron dirigentes de rubros externos a la marina mercante, pero vinculados por diferentes circunstancias.

Uno de los casos es el de los pescadores artesanales. Juan García, dirigente de la Asociación Gremial de Merluceros de la Región de Los Lagos, explicó que ese sector viene impulsando su diversificación, lo que ha coincidido con el acceso a la marina mercante de parte importante de los hijos de esos trabajadores del mar.

"Hemos sido la plataforma para que, por ejemplo, los niños de Palena vayan a estudiar a Chonchi (Instituto del Mar). Los nuestros, hacen carrera acá, en Puerto Montt (Instituto Tecnológico), tras lo que se van a la marina mercante, a las empresas a trabajar como tripulantes. Hemos tenido casos de hijos de pescadores que hoy día son pilotos", resumió.

Planteó que como "la esencia de los pescadores artesanales está en el mar", su interés es ofrecer una alternativa de desarrollo laboral a sus hijos, como la marina mercante. "Esto se ve diezmado hoy día, porque se corta esta iniciativa. Vemos con mucho peligro que pase esto. Lamentamos que se apliquen leyes sin estudiarlas bien. Los resultados son lo que estamos viendo y que va a suceder acá. Por lo tanto, apoyamos al gremio de la marina mercante, porque esto nos afecta directamente", apuntó.

Sin carga

En tanto que Carlos Bretti, vicepresidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), calificó el proyecto del Gobierno como "una mala idea de ley".

Aseveró que los camioneros "vamos de la mano con los marinos mercantes", por lo que anticipó que "en la medida que vayan perdiendo carga (por el ingreso de operadores extranjeros), nosotros también iremos perdiendo carga".

El también presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), estimo que son más de 20 mil los trabajadores conductores que dependen de esta actividad.

Especificó que como el proyecto define que no es carga un contenedor vacío, ese servicio de transporte "la perderán todos los camiones entre puerto y puerto". Acotó que miles de esos depósitos metálicos circulan por las carreteras del país, por lo que al no hacerlo "traería cesantía y la ruina de pequeños y medianos empresarios, así como de otras personas que dependen de esta actividad".

Rol del gobierno

El actual consejero regional (core) por la provincia de Llanquihue, Cristian Vargas (PDG), reveló haber sido marino mercante, ante lo que subrayó que conoce el camino recorrido por el gremio para mejorar sus condiciones laborales y el desarrollo de la industria local, con sus derivaciones en muchas familias ligadas a esta actividad, lo que estimó "en más de 20 mil personas que podrían verse afectadas, ante el riesgo de perder esos puestos laborales".

Atribuyó esa incertidumbre "a un Gobierno que uno no sabe en qué parada está". Apuntó que mientras resalta ser el primero de corte feminista de América Latina "parece que no se da cuenta que hay mujeres trabajando en la marina mercante. Dice que es de corte socialista, pero llegó al poder con la mentira de que iba a apoyar a los trabajadores; hoy día qué está haciendo con esto: no está fomentando la industria, el cabotaje. Aquí no hay inversión, lo único que hay es una manera rápida, fácil de poder tener números azules al final de su periodo presidencial".

El core Vargas remarcó que en esta oposición al proyecto "estamos peleando algo más que simplemente empleo, la soberanía del país. ¿Las empresas extranjeras son mejores que las nacionales? Se supone que este Gobierno llegó con la premisa que iba a mejorar las condiciones laborales, que iba a cambiar al país para ser mejor. Pero, resulta que hoy estamos en un hoyo y pareciera que no hay una salida".

Con todo, el core por la provincia de Llanquihue pidió que el presidente Boric retire el proyecto de la Cámara de Diputados "para que nos sentemos todos a la mesa a conversar, como corresponde".

Ante una consulta, Vargas se mostró crítico con la actuación que han tenido los diputados de la zona. "Me da mucha pena la tibieza de los políticos de la región (...). Lo encuentro muy tímido. Porque después van a pedir votos a los sindicatos para ser reelectos. Hoy día tenemos que resolver los problemas, no en un año más cuando vengan las elecciones de diputados", apuntó.

Artículo transitorio

En tanto, el diputado Mauro González (RN), quien integra la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, anticipó que votará en contra del proyecto, que también calificó como "malo".

Explicó que "es tan malo el proyecto, que tuvimos que aprobar un artículo transitorio para que se aplique primero como ley en el norte y después de ocho años en el sur, para probar como funciona. Esto es lo menos malo, pero no es lo óptimo porque solo el problema se posterga para el futuro".

González especificó que esa iniciativa legal "se fundamenta en un acuerdo que presentó el Gobierno, supuestamente con sindicatos de trabajadores desde el norte al sur del país. Sin embargo, más del 90% de aquellas organizaciones se bajaron, rechazando el acuerdo o señalando que nunca fueron parte del mismo".

El legislador por el Distrito 26 agregó que el argumento que sostiene el proyecto , como es favorecer la apertura del cabotaje marítimo para una mayor competencia, es atendible sólo para el desarrollo de la industria del norte del país.

Por ello es que expuso que afecta a quienes se dedican a esta actividad en el sur "incluidas las pymes y también dándole un golpe duro a los transportistas de carga terrestre".

Para González, este proyecto impacta en la seguridad nacional, por cuanto la apertura del cabotaje nacional a empresas navieras internacionales "nos perjudica respecto a temas como seguridad, contrabando y drogas".

"Se van a acabar las navieras chilenas y van a ingresar las extranjeras, con sus propias tripulaciones"

Manuel Bagnara,, gerente de Armasur.

"Más de 20 mil personas podrían verse afectadas, ante el riesgo de perder esos puestos laborales"

Cristian Vargas,, consejero regional.

"Es tan malo el proyecto, que tuvimos que aprobar un artículo transitorio para que se aplique primero como ley en el norte y después de ocho años en el sur"

Mauro González,, diputado RN por el Distrito 26.

13 de marzo pasado, el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados indicaciones al proyecto de cabotaje marítimo, para aumentar la competencia del sector.

7.000 personas se estima que trabajan como personal embarcado en la zona sur-austral, donde opera un 88.9% de la flota mercante del país.

10 organizaciones gremiales firmaron en agosto, un acuerdo con el Gobierno, respecto a seis puntos de las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo.