Carlos Ilabaca

Un nuevo capítulo se comenzó a escribir esta semana en relación al caso de las transferencias secretas detectadas desde las cuentas corrientes del Gobierno Regional de Los Lagos. Esto, luego que cinco profesionales -Constanza Villarroel, Mónica Eugenin, Javier Soto, María Moya y Marcelo Vargas- decidieron interponer una querella criminal con la finalidad de que se investiguen hechos que serían constitutivos de delitos y que, según sostienen, no han sido investigados por la autoridad administrativa, pese a haber presentado oportunamente los antecedentes.

La acción legal, patrocinada por el abogado de la Asociación de Funcionarios del Gore Los Lagos, Óscar Montecinos, se presentó el lunes ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt por los delitos de fraude al fisco, lavado de activos, estafa en perjuicio del fisco y además por falsificación de instrumento público. En el documento de ocho páginas, y al que accedió este Diario, los profesionales que desempeñan funciones en los departamentos de Recursos Humanos, Finanzas y Presupuestos, exponen graves denuncias que van desde transferencias bancarias sin respaldo contable, autorización de transferencias sin consentimiento, hasta adulteración de documentos contables "abusando de la falencia de fiscalización por parte de la máxima autoridad del Gobierno Regional", afirman.

En la mencionada querella se pide investigar la eventual responsabilidad que tendría en estos hechos el encargado de contabilidad del Departamento de Finanzas del Gore, quien es individualizado en el texto como José Mora Cárcamo, aun cuando el libelo también apunta a "todos quienes resulten responsables".

Sin justificación

Uno de los antecedentes que exponen los querellantes se relaciona con la revisión de las conciliaciones bancarias, a través de las cuales se observaron movimientos que no estaban registrados en el sistema modular contable (SMC). De esta revisión se descubrieron transferencias desde las cuentas corrientes del Gobierno Regional a cuatro distintos RUT, las que no contarían con respaldo contable ni autorización. El total de estas transferencias llega a la suma de $316.889.013.

Según el desglose presentado en la acción legal, estos dineros fueron a parar a manos de personas naturales sin relación contractual con el Gore. También a una ex funcionaria desvinculada el año 2018, pero que recibió más de 8 millones de pesos entre 2019 y 2021.

Asimismo, entre los años 2021 y 2023 se detectaron traspasos por más de $60 millones a la Agrupación Social y Cultural Mirador de Puerto Montt, que hasta hoy preside una hermana del funcionario aludido en la querella.

El mecanismo

El mecanismo utilizado para realizar estos desvíos ha sorprendido incluso a la Contraloría Regional, según lo expresó el propio gobernador regional Patricio Vallespín.

De acuerdo a lo que detalla el documento jurídico, para poder realizar cualquier transacción desde las cuentas corrientes que el Gobierno Regional de Los Lagos mantiene en el Banco Estado se requiere ingresar al portal de la sucursal bancaria con clave personal y posteriormente, para realizar una transferencia, el sitio web solicita dos claves dinámicas que entregan los "token personales" que se utilizan desde el año 2021 y son guardados en la caja fuerte de la oficina que comparten los funcionarios del departamento de Finanzas y Presupuestos.

Según la información que aportan los profesionales en la querella, el trabajador individualizado en la denuncia, en su calidad de encargado de contabilidad de una de las cuentas corrientes, a lo menos en 19 transacciones dio una de las dos autorizaciones requeridas para hacer transferencias y la segunda autorización la ejecutó con token personal de otros funcionarios, en fechas y horas en que estos últimos se encontraban con feriado legal, permiso administrativo, horas compensatorias o capacitaciones debidamente registradas.

Posteriormente, según se desprende también de la acción legal interpuesta, existe evidencia que se adulteraba los ingresos, egresos y traspasos contables, los que modificaba una vez que eran debidamente firmados y digitalizados.

De esta manera, se vulneraban los dos sistemas de contabilidad que utiliza el Gore.

Agotamiento

En un punto de prensa convocado al mediodía de ayer en las afueras del Centro Administrativo Regional, el abogado Óscar Montecinos fundamentó las razones para interponer la querella.

"Los funcionarios públicos están absolutamente agotados. Han sido sindicados a través de la prensa que todos están participando de una gran maquinaria de defraudación, cosa que es absolutamente falsa. Estamos indicando antecedentes claros, concretos, precisos, ante los tribunales, que es donde corresponde discutir y estamos denunciando estos delitos. (...) Por primera vez vamos a conversar de falsificación de instrumento público, que alude básicamente a que hay, efectivamente en este caso, un funcionario, pero no descartamos que hayan otros funcionarios que hayan participado", manifestó el jurista. A juicio de Montecinos, existen antecedentes suficientes para acumular en una misma investigación las aristas del Caso Convenios y de transferencias