fiscalizando también, ejerciendo nuestra labor como oposición democrática y también hemos propuesto cada vez que se nos ha solicitado. Ahora, la ineptitud con la que el Gobierno ha llevado adelante su administración no da para acusarlos de golpistas. Yo creo que hay que mejorar el lenguaje y mejorar la relación para que esta espiral de violencia que a cada rato nos amenaza, vaya bajando de intensidad y podamos darles más tranquilidad a los chilenos que esperan que los políticos se traten mejor para entenderse.

-Si el Caso Convenios se alojó fundamentalmente en Vivienda, ¿por no debería irse también el ministro Carlos Montes?

-Nosotros hemos sido muy responsables en Renovación Nacional. Lo primero que hicimos fue ir a la Contraloría, luego la Fiscalía, presentamos una comisión investigadora y de esa manera poder establecer las responsabilidades del ministro Montes. Si tuviera alguna responsabilidad administrativa o penal, claramente va a ser acusado constitucionalmente o vamos a promover su salida. Pero eso obviamente tiene que ser evaluado a través de los antecedentes que se conozcan. El ministro Jackson tiene más bien una responsabilidad distinta, que es el ser el líder del partido en donde se instaló la corrupción.

-¿Qué opina de la renuncia del ministro Jackson?

-El ministro Jackson le hizo un tremendo daño al Gobierno, porque indirectamente se involucró en hechos de corrupción que golpearon el centro medular del Gobierno que venía con una impronta distinta y una ética y moral distinta a quienes nos habían gobernado los últimos 30 años y por lo tanto no les quedan ya activos al Frente Amplio para demostrarse mejores que el resto. No supieron administrar el Estado y ahora también demostraron incompetencia para combatir hechos de corrupción.

-¿Bajará ahora la presión al Gobierno o debe hacer algo más?

-El Gobierno con su salida queda terriblemente debilitado. Que uno de los ideólogos del Gobierno salga por hechos de corrupción, me parece muy grave, pero es una muy buena señal de que el Gobierno esté reconociendo que su permanencia le generaba un mal ambiente y no se propiciaban los entendimientos. Ahora el Gobierno tiene que seguir en la misma senda, dar absoluta certeza de que se va a entregar toda la información, de que se van a poner todos los antecedentes y que finalmente va a haber sanción a quienes estuvieron involucrados en estos hechos y que no solamente privaron a los más pobres de los recursos que necesitaban, el caso de los campamentos, por ejemplo, sino que también afectaron la fe pública.

-¿Están seguros en RN que si se revisa para atrás no habrá alguna fundación vinculada al partido o a militantes que vaya a salir en una investigación?

-Hoy día la transparencia tiene que ser de todos los sectores políticos, hay que darles tranquilidad a los chilenos de que los recursos públicos se administran adecuadamente. Hay que investigar a todos los sectores políticos y a todos quienes pudieran estar ligados a fundaciones, incluyendo los partidos de oposición. Nosotros no estamos haciendo cuestión de eso, pero hoy día quienes gobiernan tienen la principal responsabilidad, porque son ellos los que manejan los recursos fiscales. Yo quiero recordar que los parlamentarios de oposición ni ningún parlamentario tiene la atribución de entregar el más mínimo recurso. Por lo tanto, es el Gobierno el que tiene a través del Poder Ejecutivo, el poder de entregar y repartir recursos a manos llenas. Hasta hoy día se conocen fraudes hasta 15.000 millones de pesos y no hay respuesta, no hay responsables y el hilo se ha estado cortando por lo más delgado.

-¿Está aclarado lo del diputado José Miguel Castro?

-El caso del diputado Castro quedó claramente establecido con la investigación que hizo la Contraloría de todos los arriendos de inmuebles en el caso del covid para que hicieran de residencia sanitaria. Quedó claramente establecido que se cumplieron todos los requisitos y llega a ser cómico cómo la izquierda busca alguna mínima situación que, aunque ya está aclarada legalmente, para poder tratar de empatar el escándalo que tienen en la entrega de recursos millonarios. Estamos hablando de cifras bastante menores comparados con los 15.000 millones de pesos que hasta el momento se han ido sumando en la entrega a fundaciones truchas y a los amigos del Presidente.

-¿Cómo toma la decisión del concejo municipal de Santiago de cambiar el nombre a algunas calles, a propósito de los 50 años del Golpe?

-El Gobierno está empecinado en dividir a los chilenos para poder ganar algo de adhesión de los sectores de izquierda y de esa manera poder subir algo su aprobación. Yo creo que no hay que caer en esos juegos. Al país le hace mal que volvamos a recrudecer las diferencias que existieron durante esos años muy duros para el país. Han pasado 50 años, llegó el momento de dar vuelta a la página y mirar hacia el futuro. Hablemos de lo que nos une, de lo que compartimos como metas para nuestro país, el desarrollo que esperamos tener y cuáles son los pasos que tenemos que seguir. A mí no me sorprende que la alcaldesa comunista (Irací Hassler) vaya en la misma línea del Gobierno, porque es toda una estrategia para desviar la atención respecto a lo que está pasando. El país está pasando una crisis económica brutal, con una recesión tremenda que tiene hacia a casi un millón de chilenos sin empleo. Somos el único país latinoamericano que no va a crecer. Tenemos niveles de delincuencia desatados, listas de esperas enormes y el Gobierno quiere distraer la atención en temas que pasaron hace 50 años. Yo creo que hay que querer más al país y quererse menos ellos para salvar una situación compleja, como también hoy día son los casos de corrupción.

¿Cómo debiera conmemorarse esta fecha?

-Chile ya tiene un juicio histórico respecto de lo que fue el pronunciamiento militar. Para otros fue un golpe militar y eso no va a cambiar. Tratar de escribir una sola verdad es infructuoso. Por lo tanto, yo dejaría este día para la reflexión respecto de la deficiencia que he tenido el sistema político para zanjar sus diferencias y caer en la violencia, a tal punto que terminamos con una larga trayectoria democrática. Hay que llamar a la reflexión respecto de quienes generaron estas condiciones para que hubiera un golpe militar y también respecto de las consecuencias de este. Creo que hay que aprender de la historia, no repetirla y no generar las odiosidades que nos llevaron a estas diferencias irreconciliables. Es un muy mal precedente que el Presidente trate de poner este tema a fuerza en la discusión pública, para tratar de separarnos nuevamente. Hoy día hay que hablar de la unidad que el país necesita para mirar hacia adelante con optimismo a pesar de las diferencias, a pesar de las dificultades que estamos pasando.

"Hay que investigar a todos los sectores políticos y a todos quienes pudieran estar ligados a fundaciones, incluyendo los partidos de oposición (...), pero hoy día quienes gobiernan tienen la principal responsabilidad, porque son ellos los que manejan los recursos fiscales".

"Chile ya tiene un juicio histórico respecto de lo que fue el pronunciamiento militar. Para otros fue un golpe militar y eso no va a cambiar (...) . Es un muy mal precedente que el Presidente trate de poner este tema a fuerza en la discusión pública, para tratar de separarnos nuevamente".

La disparidad regional que esconden las cifras de pobreza

¿Cuántos son los chilenos que no pueden sostener una vida digna a causa de la falta de ingresos? Los resultados de la última Encuesta Casen -dada a conocer por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia hace unas semanas- nos indican que son casi 1,3 millones de compatriotas. Ellos representan el 6,5% del total de personas en el país, de las cuales cerca de 400 mil viven en situación de pobreza extrema. La buena noticia es que esta cifra es menor a la del año 2020, e incluso a la del 2017, periodo previo a la crisis social y sanitaria. De esta forma Chile retoma la senda de disminución de la pobreza que nos había caracterizado como país.

La mala noticia es que estos resultados esconden desigualdades territoriales que es urgente relevar. Respecto de 2017, mientras en nueve regiones la tasa de pobreza disminuyó de forma significativa, en Tarapacá y Antofagasta hubo un aumento de un 50% y 70% respectivamente. Son más de 40 mil nuevas personas cuyos ingresos no alcanzan a satisfacer necesidades básicas y que representan un desafío para la política social. Se suma a ello que en esos territorios las tasas de pobreza extrema también aumentaron y no se aprecia una baja respecto del 2020, cuando se vivieron los momentos más álgidos de la pandemia.

¿Qué factores son los que están detrás de esta situación? Sin duda que estas regiones se han visto fuertemente afectadas por los flujos migratorios de los últimos años. Los resultados de la encuesta señalan que la población nacida fuera de Chile tiene mayores niveles de pobreza de ingresos que aquella nacida en el país. Sin embargo, a pesar de que se aprecia un aumento importante en la tasa de pobreza de la población migrante en esas regiones respecto de 2017, también se observa un incremento en aquella que no lo es, por lo que el retroceso en pobreza en estos territorios no puede solo asociarse a un tema migratorio.

Otro factor fundamental es la capacidad generadora de ingresos de los hogares, que muestra signos preocupantes de rezago. Si ordenamos de menor a mayor a todas las personas del país de acuerdo a sus ingresos propios (o autónomos), se tiene que el 40% más pobre no ha podido recuperar el nivel que tenía previo a la pandemia. En el 10% de menos recursos esta situación es aún más dramática, donde se observa que los ingresos de estos hogares cayeron de $167 mil en 2017 a $95 mil en 2022 (ajustado por la inflación). Es decir, para estas familias la capacidad de generar ingresos por su cuenta es solo poco más de la mitad de la que tenía en 2017. Este escenario se repite, con distintos niveles de intensidad, en todo el territorio nacional.

Esta caída en los ingresos propios de los hogares más pobres fue compensada con un aumento relevante de los subsidios estatales. A esto se suma que la metodología de medición considera como ingreso lo que los dueños de viviendas "ahorran" en arriendo, lo que se denomina alquiler imputado, que subió en un 30% respecto de 2017. En las regiones de la macrozona norte se observa que los aportes estatales tienen un rol relevante, pero el ingreso por alquiler imputado sigue una trayectoria distinta, manteniéndose e incluso disminuyendo en algunos territorios. Estos resultados indican que la apreciación en los precios de los arriendos y viviendas a nivel país no se estaría observando en las regiones del norte para estos hogares.

La caída en la pobreza nacional es una buena noticia para el país. Hoy son menos los compatriotas que no pueden financiar una canasta básica de necesidades. Sin embargo, esto no es una realidad para algunas regiones, especialmente en la zona norte, donde la cantidad de personas viviendo en la pobreza ha aumentado. Sin duda, los aportes estatales focalizados jugaron un rol muy importante en los hogares más pobres, pero algunos de ellos no tienen un carácter permanente, por lo que no es de esperar que se mantengan. Asimismo, el alquiler imputado, junto con exhibir importantes diferencias territoriales, no es un ingreso "real" con el que cuenten los hogares.

De esta forma, la gran lección que podemos sacar de estos resultados es que tenemos un desafío enorme en mejorar las capacidades para que los hogares vuelvan a generar sus propios ingresos. El ministro Marcel hace unos días dijo que "el gobierno en sus inicios no tenía el tema del crecimiento como un tema central". Sin duda son importantes las políticas para revertir el deterioro que exhibe el mercado laboral, pero por sobre todo es urgente volver a la senda del crecimiento. Es este el principal factor que ha explicado la trayectoria a la baja en la pobreza de ingresos del país, y es también el motor que asegurará que la tendencia se sostenga en el futuro.