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Concesiones salmoneras
Estos últimos meses ha sido noticia la caducidad de concesiones de salmonicultura. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), ha informado que a la fecha existen 407 concesiones de salmónidos en todo Chile bajo causal de caducidad, 166 de ellas en nuestra región (El Llanquihue, martes 8 de agosto).
Si bien Sernapesca dice que existen 407 concesiones bajo causal de caducidad, lo que ocurre en realidad es que Sernapesca ha notificado esa cantidad a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA) -la gran mayoría por no operación según el art. 142, letra e) de la Ley General de Pesca y Acuicultura-, pero es la SSFFAA la que efectivamente determina la caducidad o no de la concesión.
Por razones que no vienen al caso explicar, estos últimos tres años Sernapesca ha notificado a la SSFFAA la existencia de centenares de concesiones de salmónidos que están bajo causal de caducidad por no operación. Sin embargo, la mayoría de los procedimientos terminados por la SSFFAA, que hasta mediados de 2022 llegaban solamente a veinticuatro (de 148 en total, según información de la SSFFAA entregada vía ley de transparencia), han cerrado sin caducidad.
Esto ocurre porque la ley entrega a los titulares de concesiones la posibilidad de prorrogar o extender plazos de paralización de actividades, además de otras facilidades que la misma normativa ha dado para evitar la caducidad por no operación.
Por lo tanto, que Sernapesca haya notificado a la fecha la existencia de 407 concesiones de salmónidos, bajo causal de caducidad, no significa que efectivamente esas 407 concesiones están o serán caducadas.
Por el contrario, es probable que la mayoría finalmente no sea caducada. Al menos así lo demuestra el hecho de que solo ocho de los veinticuatro procedimientos finalizados hasta mediados de 2022 cerraron con caducidad. Y ni siquiera estamos hablando de las concesiones de mitílidos y de algas, que solo en nuestra región igualan el total de concesiones salmoneras en todo el país.
Toda esta situación hoy genera varias interrogantes que tienen enormes implicancias para la actividad acuícola y, por lo tanto, nuestra región. Por ejemplo: ¿por qué la SSFFAA en numerosos casos se está demorando dos, tres, o más años en tramitar un procedimiento de caducidad? ¿Es deseado el sostenido aumento estos últimos años del número de concesiones de salmónidos en operación que coincide con el "rayado de cancha" que hizo Contraloría en 2018 a propósito de la aplicación del artículo 142 letra e)? ¿Y por qué existe una decena de causales adicionales que jamás han sido invocadas para caducar?
Por lo pronto, habrá que ver si el proyecto de ley de acuicultura que prometió el Ejecutivo, y que debería enviar al Congreso el próximo semestre, abordará estas preguntas o no. Nuestros parlamentarios, en tanto, deben empezar a poner atención a estos temas.
Nicolás Binder Igor
Regionalización bajo la lupa
El ataque a la esencia unitaria de Chile no sólo provino de la Convención, sino que de los ánimos de separar el país con regiones cada vez más autónomas.
Está tesis extraña para la historia de Chile tenía la "ventaja" de permitir cada vez mayores niveles de autonomía financiera. Y aún había gente que pedía más autonomía.
Ya vemos lo desastroso de todo esto. En vez de un control central en Santiago, cada región controlaba a su pinta el uso de los fondos, aprovechándose de que la Contraloría brillaba por su ausencia, quien estaba calladita con la poca pega que tenía. Debe repensarse todo esto de la regionalización, que nos lleva a parecernos a las corruptas provincias argentinas.
Mario Águila, abogado
Cómplices y no víctimas
Para estos tiempos recuerdo una frase escuchada hace tiempo: el pueblo que elige corruptos, ladrones y mentirosos no es víctima, es cómplice. Estemos atentos en las próximas elecciones.
Eduardo Mas Huber
Fallo sobre las isapres
La Corte Suprema ha dictado (o, en estricto rigor, va a dictar) un fallo que obliga a las isapres a efectuar devoluciones por cobros excesivos del seguro GES. Al parecer el fallo dispone que sus efectos se hacen extensivos no sólo para las partes del juicio, sino que también para todas las personas afiliadas a estas instituciones.
Esto significará un nuevo gran impacto económico para las isapres, algunas de las cuales podrían caer en insolvencia, lo que puede provocar graves consecuencias en el sistema de salud. Ante esta decisión, nos parece importante recordar que en nuestro ordenamiento jurídico las sentencias de los tribunales sólo producen efectos entre las partes de los respectivos juicios, y que el recurso de protección es una acción constitucional de carácter individual.
Esto implica que no puede ser utilizado para acudir de forma colectiva. Por esta razón, el instrumento mencionado no es adecuado para emitir una resolución judicial definitiva que se aplique a quienes no han sido parte del procedimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, esta decisión de la Corte Suprema pareciera ser una nueva muestra de activismo judicial, que se manifiesta en lo que parece ser ya una tendencia a dictar políticas públicas mediante sentencias.
Matías Vásquez y Nicolás Barrientos , estudiantes de Derecho
Paso de Giorgio
¿Un pequeño paso para Giorgio, un gran salto para el presidente Boric?
¿Y ahora qué?
Luis Soler