Mañana a las 10:00 horas comenzará el trabajo de los consejeros constitucionales, quienes deberán escribir la nueva propuesta de Carta Magna para Chile, tras el fallido proceso del año pasado. Ayer, el Presidente Gabriel Boric lideró la proclamación de los integrantes del nuevo órgano, en una ceremonia de asistencia voluntaria a la que faltaron algunos líderes del Partido Republicano, colectividad mayoritaria en la instancia.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) entregó la sentencia de calificación de los 51 consejeros, es decir, los proclamó ganadores de los comicios del 7 de mayo. En la ceremonia participaron sólo 37 integrantes, donde uno de los ausentes fue Luis Silva, republicano de la Región Metropolitana que obtuvo mayoría nacional.

Tampoco asistió su par de Tarapacá, Ninoska Payauna, quien podría ser candidata para presidir el Consejo, decisión que se tomará mañana. Otro ausente fue Aldo Sanhueza, representante del mismo partido por el Biobío, acusado de abuso sexual.

Sobre esta última situación, la secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares, explicó que Sanhueza "presentó su renuncia y el tribunal declaró que era incompetente, porque tenía que estar en propiedad en el cargo de consejero, eso es lo que tiene que suceder, pero no sé qué decisión irá a tomar él, pero la que presentó acá se declaró incompetente".

Sanhueza mañana, si se presenta, quedará investido con el cargo, motivo por el que los próximos días podría presentar nuevamente su renuncia o, simplemente, no asistir al ex Congreso.

El reemplazo de un consejero por otra persona "no está previsto en la ley", afirmó Valladares, por lo que con esta eventual dimisión, el órgano quedaría con 50 integrantes y se recalcularía el quórum necesario para aprobar los proyectos de normas.

En la ceremonia de ayer también participaron los presidentes de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes; del Senado, Juan Antonio Coloma; y de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic.

"que ahora resulte"

Coloma pidió "hacer un gran esfuerzo porque Chile tenga un texto constitucional común para los próximos 30 o 40 años. No es fácil, sabemos que el proceso anterior fue malo, pero se han tomado todos los cambios necesarios para que ahora resulte".

"También es un tremendo error para republicanos respecto de cómo pueden manejar el tema para que este proceso sea exitoso, es el sentido de esta elección y yo espero que esto resulte de buena manera", agregó el legislador.

Comisión experta

El último pleno de la Comisión Experta fue celebrado ayer, debido a que en su trabajo se basarán los consejeros para la redacción de la nueva propuesta. Los expertos desde mañana podrán participar del nuevo órgano sólo con derecho a voz, no a voto.

El comisionado Hernán Larraín (UDI) señaló que en estos meses "logramos persuadir y ser persuadidos, soportar omisiones y tolerar artículos que no colmaban nuestras expectativas. (...) Intentaremos se corrijan algunos aspectos que no nos dejan conformes, como el derecho a la vida del que está por nacer".

Su par Antonia Rivas (cupo Apruebo Dignidad) dijo que el trabajo de todos permitirá entregar "una propuesta de Carta Fundamental sólida técnicamente y construida en base a acuerdos políticos amplios, que espero sea la forma en que se desarrolle la siguiente etapa".

Para ayer en la mañana estaba programada la demolición del primer mausoleo vinculado a narcotraficantes, tras el anuncio en ese sentido hecho por el Presidente Gabriel Boric durante su discurso en la Cuenta Pública del 1 de junio. Sin embargo, la construcción que se había levantado en la comuna de Lo Espejo para recordar a Diego Marchant amaneció desmantelado, con lo que se frustró la actividad.

El mausoleo estaba ubicado en la plaza Salvador Allende de la mencionada comuna y rendía tributo al hijo de Francisco Marchant, líder de la banda conocida como "Los Marchant" y dedicada al tráfico de drogas. Y en su acción, los desconocidos que desarmaron el lugar dejaron un cartel en que se leía "Bukele de cartón", en probable alusión al Mandatario y esta política contra el crimen organizado.

Luego de enterarse del hecho, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), afirmó que "Esta intervención no fue hecha por el municipio" y añadió que esta acción "responde a la determinación del Presidente y a la determinación con la que se ha abordado el tema".

"Si estos grupos no vieran que esto va a ocurrir de verdad, probablemente esta destrucción o desmantelamiento que se hizo durante la noche no se hubiera producido", argumentó la jefa municipal.

Además comentó que "la demolición física del mausoleo es solamente un paso dentro de lo que significa este plan que ha anunciado el Presidente y que venimos trabajando desde hace varios meses. El plan continúa. Hay, por un lado, que hacer la intervención respecto al espacio físico, pero la consecuencia concreta que queremos obtener es que los vecinos y las vecinas, los barrios, tengan una dinámica distinta".

"Eso no solamente queda en la destrucción del mausoleo, sino que también hay un foco de este plan que debe desarrollarse en los vecinos y en las vecinas de los barrios", profundizó Reyes.

El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó ayer sentencia contra el exalcalde de Ñuñoa Pedro Sabat (RN), condenado por dos delitos de negociación incompatible en una causa relacionada con contratos del Municipio que favorecieron a uno de sus hijos.

Pese a que arriesgaba una pena de cuatro años de reclusión menor en su grado máximo, Sabat finalmente tendrá que cumplir sólo con 61 días de reclusión menor en su grado mínimo, además de la suspensión de cargos públicos por 2 años y un día y una multa de 675 mil pesos.

La jueza María Inés González Moraga dio cuenta también que el exjefe comunal debe informar en caso de cambiar de domicilio.

La sentencia contra el histórico militante de Renovación Nacional quedó bastante lejos de lo solicitado por el Ministerio Público, que además de los cuatro años de reclusión pedía siete años y un día de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo, y una multa de 218 Unidades Tributarias Mensuales (alrededor de 13,7 millones de pesos).

En este caso la Fiscalía acreditó que el exjefe comunal suscribió contratos desde la Municipalidad, entre 2013 y 2015 y por 15 millones 700 mil pesos, con Alain Goffard Rodríguez, socio de su hijo. Por estos hechos fue formalizado en junio de 2019.

Además, a inicios de ese mismo año había sido absuelto en el denominado "caso basura", en que enfrentó cargos por fraude al Fisco y malversación de fondos públicos.

La resolución del Tercer Tribunal Oral de Santiago, comunicada en enero, fue refrendada en abril por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó un recurso de nulidad interpuesto por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente.