En la cuarta jornada del Pleno de la Comisión Experta del nuevo proceso constitucional, se analizó, votó y aprobó por unanimidad el capítulo III del anteproyecto de Constitución enfocado en representación política y participación.

Dentro de las materias estaban, por ejemplo, los mecanismos para que la ciudadanía participe en la formación o derogación de leyes.

En el artículo 37 se establece que un grupo equivalente entre el 4% y 6% del último padrón electoral "podrá presentar a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa". Se excluyen las reformas constitucionales y en caso de ser materias de exclusiva iniciativa del Presidente, este podrá darle su patrocinio.

Por otro lado, en el capítulo aprobado también se incluye que un grupo que corresponda al 3% del último padrón "podrá presentar ante el Servicio Electoral una iniciativa de derogación total o parcial de ley, para que sea votada en un referendo".

Además, se aprobó el establecimiento de foros de deliberación, así como plebiscitos regionales y comunales vinculantes.

Otro de los aspectos que incluye el capítulo es el restablecimiento del voto obligatorio.

En tanto, en el apartado de partidos políticos se señala que "la ley regulará los casos, la oportunidad y forma en que los órganos directivos de un partido político podrán dar órdenes de partido a sus afiliados parlamentarios. Estas órdenes de partido serán excepcionales y deberán referirse a asuntos en los cuales esté directamente en juego los principios del partido o su programa".

El movimiento interno llamado "Un militante, un voto" (UMUV) del partido Republicano, donde se encuentra el senador Rojo Edwards, manifestó a través de una declaración pública su rechazo al anteproyecto de nueva Constitución.

"Valoramos el trabajo de la Comisión Experta pero somos enfáticos en establecer que el texto propuesto representa una realidad política que ya no existe. Se debe lograr un nuevo acuerdo en el Consejo Electo que mejore y actualice la propuesta actual", dice el texto.

El movimiento sostiene que "de mantenerse intacto el texto emanado por los expertos designados, éste debe ser rechazado, ya que no considera principios claves en los que la ciudadanía se ha manifestado claramente".

Entre las críticas apuntaron a que dejaron fuera "la protección de la propiedad de los ahorros previsionales; la libertad de elegir prestador y asegurador en salud; la inexistencia de avance en materias de seguridad, justicia y persecución del delito; se debilita el derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos en un ambiente de proyectos educativos diversos; se omite un capítulo para las Fuerzas Armadas; entre otros".

El hermano menor del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Francisco Frei, fue condenado a una pena efectiva de cinco años de cárcel luego de que la Corte de Apelaciones revocara su libertad vigilada.

En un juicio abreviado en marzo fue declarado culpable por tres delitos de estafa, tres de apropiación indebida, cuatro de administración desleal, por giro doloso de cheques y uso malicioso de certificado de depósito y vale de prenda falso.

Todo comenzó en agosto de 2019, cuando se autodenunció por irregularidades financieras por intermedio de Inversiones Saturno y el expresidente Eduardo Frei presentó una querella en su contra por delitos reiterados, acusándolo de apropiarse de $1.500 millones durante 15 años desde su empresa y falsificar su firma.

Francisco Frei fue buscado en su domicilio para ser llevado a la cárcel, sin embargo, no lo encontraron y horas más tarde su abogado, Juan José Rondón, confirmó a La Tercera que su representado no se entregará a la justicia.

"Don Francisco Frei, a propósito de la resolución que dictó ayer el 7° Juzgado de Garantía -la cual salió a los pocos minutos de conocerse el fallo de alzada-, mantiene una orden de detención vigente en su contra que está siendo diligenciada por ambas policías, Carabineros y PDI. Y por recomendación mía, él está en un lugar seguro aguardando lo que va a suceder con su suerte procesal en un futuro", dijo el profesional.

Añadió que "no se va a entregar voluntariamente, porque es algo que yo le recomendé, yo lo decidí y él acogió mi sugerencia"

"La condición de prófugo no existe", justificó Rendón, apelando a que "todo individuo tiene el derecho humano a la libertad y él está haciendo goce de ese derecho, sobre todo cuando hay arbitrariedades tan grandes como el fallo de alzada".

La PDI había llegado hasta la casa de Francisco Frei con una orden de detención luego del veredicto condenatorio, sin embargo, no fue encontrado.

En primera instancia, la justicia había determinado que debía cumplir su pena en libertad vigilada y pagar una multa de 100 UTM, equivalente a cerca de $6,2 millones.

Por medio de un comunicado, la Cancillería anunció que el Presidente Gabriel Boric nombró al exsenador Jaime Gazmuri como embajador de Chile en Venezuela, el primero desde 2018. El exparlamentario, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, llegó a ser presidente de la comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso y además fue embajador de Chile en Brasil entre 2014 y 2018. En la actualidad se desempeñaba como miembro del Tribunal Calificador de Elecciones, del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones EXteriores y era vicepresidente del Foro Permanente de Política Exterior.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó ayer que un grupo autodenominado como "anarquista" se adjudicó la colocación de un artefacto explosivo en las oficinas de la Fundación Paz Ciudadana en Providencia, que fue desactivado. El representante del Gobierno aseguró que se mantiene una investigación del Ministerio Público para determinar si la información es verídica y apuntó a que la Fiscalía y su cartera desde el año pasado han presentado querellas por la instalación de artefactos explosivos "que afortunadamente han sido identificados y retirados".

El exalcalde de Ñuñoa Pedro Sabat fue condenado por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal como autor de dos delitos de negociación incompatible dentro del municipio. Según la investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad, entre noviembre de 2013 y septiembre de 2015, quien era jefe comunal autorizó contrataciones en representación del municipio con Alain Goffard, socio de su hijo Pedro Sabat Fernández, por $15.700.000. Si bien el exalcalde había sido sobreseído, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió una solicitud del Ministerio Público y revocó la decisión en 2021.