Cada proceso eleccionario que se realiza en el país permite realizar múltiples análisis, cada uno de los cuales entrega información sobre el porcentaje de la población que vota, de los que no lo hacen, sus preferencias, prioridades y adhesiones. Según sea el área de interés, cada especialista, político profesional o de los aficionados puede hurgar en el material recopilado detrás de los votos y examinar cuáles son las mareas subyacentes en la opinión pública de la ciudadanía.

Uno de estos análisis, muy interesante por lo demás, lo ha efectuado el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Rimisp, que se dedicó a revisar específicamente la votación de las comunas rurales del país, entendiendo que el comportamiento de ese electorado puede tener ciertas variaciones respecto de los electores urbanos, atendido que tienen otras prioridades, otro contexto e incluso una manera distinta de asir la realidad que les rodea. De acuerdo a ese análisis, la votación rural de Los Lagos fue una de las más bajas del país, superando sólo a otras cinco regiones, al tiempo que entre el plebiscito de salida de septiembre pasado y la elección de consejeros constitucionales, prácticamente no hubo variaciones significativas en cuanto al porcentaje de participación. Otro de los indicadores significativos es que Frutillar se ubicó en el décimo lugar nacional, de las comunas con votación rural, de aquellas con mayor variación entre los dos procesos eleccionarios a los que se convocó a los chilenos entre 2022 y 2023.

Con todo, una de las apreciaciones de mayor interés la aportó el investigador del centro de estudios, quien, para explicar las diferencias entre el electorado urbano y el rural, propuso que en el caso de estos últimos, los sufragios con componente local, esto es, por ejemplo, aquellos que son municipales, generan mayor preocupación y, por tanto, mayor participación. Los procesos de carácter nacional, como el constitucional actualmente en curso, aparentemente son vistos con más distancia.

Esto representa, por cierto, un desafío para la política, que debe tomar nota y comprender que en las zonas rurales hay problemas diferentes a los de las ciudades y que quienes viven ahí merecen atención y soluciones modernas, dignas y eficientes.

Luego de las elecciones del 7 de mayo, se ha reiterado mucho esta frase, principalmente por personas vinculadas al mundo político. Con los resultados obtenidos, el "estar a la altura" debe darse en distintos ámbitos y sectores, no sólo en el político y público, sino también en el sector privado y, además, de toda la ciudadanía.

Muchos han sido críticos de las fuerzas políticas que obtuvieron la mayoría de los votos y consejeros constitucionales, instalando una verdadera "campaña del terror" -concepto que tanto se cuestionó en el proceso anterior-, para tratar de graficar supuestas ideas y cambios estructurales que estos consejeros querrían para el país, en sus distintos sectores y mayorías.

Se alude a esta "campaña del terror", porque prácticamente este ha sido el actuar en nuestro país el último tiempo en distintos aspectos, y en el reciente proceso constituyente, los sectores que han obtenido mayorías, salvo alguna desafortunada excepción que ha sido desmentida, han dado precisamente el mensaje de que lo principal es respetar las bases constitucionales, lograr acuerdos y abrir el diálogo, para lograr lo mejor para el país, o al menos, intentarlo.

Y ello no podría ser de otra manera, si consideramos que el Consejo Constitucional se instala el 7 de junio y comenzará a trabajar, en un tiempo muy acotado, con el anteproyecto que para dicho efecto le entregará la Comisión Experta, que cuenta con los necesarios equilibrios políticos y técnicos para construir la mejor versión, que será la base de lo que se votará en el Consejo Constitucional. Todo lo anterior, bajo la supervisión del Comité Técnico de Admisibilidad y, principalmente, de la ciudadanía, que estará muy atenta de lo que se realizará y propondrá, ciudadanía que está cansada y que dio una clara señal en este sentido, con la cantidad de votos nulos y blancos a nivel nacional.

Estar a la altura significa no cometer los errores del pasado, que llevaron al amplio rechazo del proceso anterior, pero principalmente al hastío de la ciudadanía. Estar a la altura es que todas las fuerzas políticas que integran el Consejo Constitucional, sean mayoría o no, tengan la capacidad de discutir y dialogar con altura de mira, más allá del sector al que representan.

En medio de la incertidumbre que vive el país, por la permanente crisis de seguridad y lo que le cuesta a cada chileno llegar a fin de mes, claramente lo mínimo es estar a la altura, no solamente para lo que sigue en el actual proceso constituyente, sino en distintos ámbitos, donde las autoridades y distintos actores relevantes claramente también deben hacer lo suyo.

Lo esencial es sacar el trabajo adelante, con más responsabilidad que nunca, para que cada chileno, a través de su voto, sea quien manifieste si está de acuerdo o no con lo que se plebiscite en diciembre, lo que claramente dependerá, en parte, de "estar a la altura".

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