Consejeros y las regiones
La discusión constitucional tiene que considerar la necesidad de posibilitar un desarrollo armónico entre todas las zonas del país.
Apenas culminó el conteo de votos por la elección de consejeros constitucionales de este domingo, comenzó el lógico análisis de los bloques políticos, de cara al nuevo órgano que se encargará de redactar la nueva Constitución, esta vez con bordes y una Comisión Experta que viene trabajando desde hace algunos meses. Y como siempre ocurre, abundarán las explicaciones de por qué se obtuvieron tantas preferencias y se intentará interpretar qué tipo de señales ha querido dar el electorado, además de haber marcado su preferencia por el candidato.
De aquí en más, en tanto, empezará la segunda oportunidad, como muchos le han denominado a este proceso luego del sonado fracaso de la Convención Constitucional, cuya propuesta refundacional, marcada por los excesos y desprolijidades, quedó sepultada en el plebiscito de septiembre pasado. Y esta vez, tal como se esperaba en el mecanismo constitucional anterior, se espera que el debate considere a las regiones, tradicionalmente olvidadas en el ejercicio centrípeto del poder que vive la república desde el siglo XIX.
Esto debería ser una máxima a seguir por parte de los tres consejeros que eligió ayer Los Lagos, que han asumido una enorme responsabilidad para con este territorio. Ellos representarán a una región alejada tanto geográfica como culturalmente del centro de poder en el país, de modo que tendrán la posibilidad de incluir las necesidades de desarrollo del Chile insular y lejano, en particular teniendo como escenario el fenómeno que se ha venido dando desde el comienzo de la pandemia, cuando se hizo evidente el aumento de población por la llegada de nuevas familias. El próximo censo poblacional probablemente arrojará variadas sorpresas que derivarán en una nueva mirada hacia esta zona en cuanto a las políticas públicas.
Los consejeros de Los Lagos habrán de representar a esta región y buscar las necesarias armonías para que el Chile de los próximos 50 años sea un país equilibrado territorialmente, donde acá se definan las prioridades locales y donde las cuotas de decisión permitan aplicar celeridad a los proyectos de desarrollo que marcarán la diferencia.