Inclusión laboral y social en el país
Aunque ha habido mejoras sustantivas en esta materia, gracias a leyes, falta un mayor avance en el compromiso cultural.
Más de dos millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad, la mitad con una disminución importante de su funcionalidad o dificultades para realizar autónomamente actividades esenciales de la vida cotidiana. Por ello se promovió la cooperación público-privada, entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y que es deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden la plena integración de esas personas.
En 2010 entró en vigencia la Ley N° 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Estableció que empresas públicas y privadas con más de cien trabajadores deben reservar el 1% para empleados en condición de discapacidad, o bien optando por alternativas; y eliminó la disposición que establecía que se les pagaría un sueldo menor al mínimo.
Lo que pretendió esa ley es facilitar la inclusión y rehabilitación, agilizando los procesos de calificación y certificación de discapacidad y ampliando el régimen de exenciones arancelarias para la importación de equipos, prótesis, medicamentos y un conjunto de otros elementos necesarios.
Además, aseguró el pleno acceso de las personas con discapacidad a las edificaciones públicas y privadas y se perfeccionaron las normas sobre estacionamiento preferente. Se sumaron disposiciones para facilitar el acceso de discapacitados al sistema educacional y al mercado del trabajo y se reconoció el lenguaje de señas como medio de comunicación de las personas con limitación auditiva, por lo que los canales de televisión tuvieron que generar posibilidades de acceso a su programación para personas sordas.
Ha habido avances, pero aún falta mucho. La legislación sobre inclusión ha ayudado a los discapacitados, pero todavía resta mucho por avanzar, en especial respecto de la fiscalización de cuotas de contrataciones de personas en empresas y en igualdad de condiciones económicas. Además, una normativa puede transformarse en letra muerta si no hay un compromiso cultural de la ciudadanía para incluir a ese segmento de la población, respetar sus derechos y darle las oportunidades necesarias.