Prioridad N° 1: la delincuencia
El temor que se ha apoderado de la población muestra la obligación de avanzar decididamente con la agenda de seguridad.
Desde hace bastante tiempo que las encuestas señalan que la delincuencia e inseguridad es el problema que más preocupa a la población. Esto ha sido especialmente grave con los asesinatos y ataques a carabineros, que han obligado a las autoridades a plantear un endurecimiento de las leyes para castigar a autores de estos actos.
El tema es inquietante, sobre todo cuando se ven videos que muestran la frialdad con que delincuentes rematan a otras personas, lo que deja una sensación de inseguridad. Se entiende entonces la preocupación que existe en la población por la extremada violencia de los crímenes. La gente señala que la violencia es frecuente en las poblaciones y muchas veces tiene que ver con el consumo y tráfico de drogas.
Hace unos días, la encuesta Plaza Pública Cadem reveló que los temas de seguridad son cada vez más prioritarios para los chilenos. En efecto, un 71% de los encuestados cree que la delincuencia, el orden público y el narcotráfico es el área a la que el Gobierno debería dedicarle el mayor esfuerzo este año, lo que refleja un alza de 11 puntos porcentuales en comparación con el sondeo de marzo.
El 82% de los encuestados estima que la delincuencia ha aumentado, y lo atribuyen a que Carabineros no tiene las atribuciones necesarias para combatir a los delincuentes, que la inmigración no controlada permite que ingresen personas que no vienen a aportar sino a delinquir, o que los tribunales y la Fiscalía no funcionan en forma efectiva. Junto con esto, un 76% de los consultados expresó temor a ser víctima de algún ataque o robo, en su vivienda, en su vehículo, en espacios públicos, o que podrían recibir un impacto en una balacera, entre otras menciones.
El 92% de las personas estima que se deben endurecer las penas contra quienes atenten contra la integridad física de Carabineros, la PDI y Gendarmería, y también contra los encapuchados. Asimismo, la gran mayoría se ha inclinado porque no se concedan penas sustitutivas, como libertad vigilada, a quienes agredan a integrantes de las policías.
Son todas cifras decidoras que advierten el estado en que se encuentra el país y la necesidad de concretar con urgencia una agenda de seguridad, para que se actúe acorde con las nuevas situaciones delictivas.