Marcelo Galindo

"Son construcciones no autorizadas en el bien nacional de uso público, es decir, sin permiso", manifestó la arquitecta Javiera Torres, directora de la Dirección de Obras Municipales (DOM), quien confirmó la existencia de estos espacios funcionando en los restaurantes y locales del centro de Puerto Montt con una normativa que no lo permite.

Torres dijo que la DOM catastró en el centro y pericentro de la ciudad 43 terrazas o espacios al aire libre instalados por los locales de gastronomía.

"En el tiempo de pandemia se hizo una ordenanza que permitía en el espacio público instalar mesas y sillas, y una especie de quitasol a modo de ayudar a los comerciantes y dueños de restaurantes, sin embargo, eso ya terminó y hubo una distorsión de la ordenanza y finalmente lo que se hizo no fueron terrazas, porque el concepto de terrazas tampoco es lo que hay ahora. En la actualidad se edificó en un bien nacional de uso público, sin el respectivo permiso", aseguró la arquitecta.

Anotó que estos espacios están dentro de un decreto de demolición que debe ser firmado por el alcalde Gervoy Paredes.

La autoridad municipal reconoció que la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) está trabajando en la elaboración de una nueva ordenanza de terrazas, con una universidad de la ciudad.

Comercio

Eduardo Salazar, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Puerto Montt, confirmó que existe un proyecto que se está elaborando con la Universidad San Sebastián, para contar con una nueva ordenanza de terrazas.

"Se ha anunciado públicamente que se va a proceder a demoler las terrazas instaladas (en los restaurantes) de nuestra ciudad", dijo Salazar, y añadió que "este es un tema que se viene revisando desde junio del año pasado y que fue cuando nos reunimos como gremio con la municipalidad, la Dirección de Obras Municipales y con otros gremios que están afectados que son de gastronomía", explicó.

El dirigente de los comerciantes expresó que "en lo particular creemos que se debe contar con una ordenanza, la que se está ejecutando, y a cargo de la Universidad San Sebastián. Esperamos que llegue a la brevedad, para que las terrazas actuales se puedan transformar o ajustar a la normativa", sostuvo.

De acuerdo a Salazar, como gremio no están en contra de tener una ciudad ordenada, porque la "recuperación de espacios públicos es para todos. Hemos reclamado en forma permanente por la venta ambulante y seguiremos planteando que haya espacios públicos, la libertad de desplazarse en la calle y que todos tengan las mismas posibilidades, sobre todo las personas no videntes, por lo que nos parece que esto es algo que se tiene que normar", argumentó el dirigente del gremio de los comerciantes de la capital regional.

Casas

Para los próximos días se ha considerado las primeras tres demoliciones de casas a cargo de la municipalidad y que se encuentran en condición de abandono.

De las 185 viviendas declaradas en abandono en Puerto Montt, 73 están con decreto de demolición. El resto de los inmuebles correrá igual suerte, pero para ello se llamará a licitación pública.

Las cifras que mantiene el Instituto Nacional de estadísticas (INE) y que son los datos aportados por el último Censo (2017) señalan que de las 84 mil 323 viviendas ocupadas en la comuna de Puerto Montt, 8 mil 849 permanecen desocupadas.

La presidenta de la junta de Vecinos de Pelluco, Valeria Argel, dijo que más allá del proceso de demolición se debería pensar en entregar estos inmuebles a familias que están sin casa. "Hay muchos adultos mayores que están aún arrendando, por ello sugiero que se debe hacer un mejor trabajo para convertir estas propiedades en un beneficio", remarca la dirigenta vecinal.

A raíz de los incendios forestales que afectaron a la zona sur del país, el diputado por el distrito 25, Daniel Lilayú (UDI), presentó un proyecto de ley que impone a todos los propietarios de plantaciones forestales la obligación de construir y mantener cortafuegos en sus terrenos, con el fin de proteger a la población que se encuentre viviendo en los sectores colindantes.

En el detalle, la iniciativa legal establece que "los propietarios de predios forestales colindantes a zonas urbanas y residenciales tendrán la obligación de construir y mantener cortafuegos", los que a su vez se entenderán como "aquella porción de terreno desprovista de vegetación combustible", aunque en su defecto también se permitirán "construcciones u otros elementos destinados a contener y detener la propagación del fuego" en caso de alguna emergencia forestal.

"Hemos presentado este proyecto de ley con el claro objetivo de contribuir en el combate de los incendios forestales. Lo hacemos estableciendo una clara disposición para todos los propietarios de plantaciones forestales", manifestó el diputado Daniel Lilayú.