Útiles escolares y libros de estudio
En cada mes de marzo, crece la inquietud de los padres por el costo de la lista que se envía desde los colegios. En lo que se requiere avanzar de forma imperiosa es en el mercado de los libros escolares, donde se han detectado grandes diferencias de valor.
Por todo el país, las autoridades están fiscalizando las librerías, con el objetivo de que se cumplan las normas para la compra de útiles escolares seguros de los estudiantes y garantizar, a la vez, la libertad de elección de marcas y proveedores, sin que ningún alumno pueda ser excluido de actividades formativas. Los controles están destinados a asegurar que no existan sustancias que pudieran dañar a los estudiantes, siempre bajo la recomendación de comprar en locales establecidos, revisando que las instrucciones y etiquetas estén en idioma español, verificando que la concentración de plomo en témperas, acuarelas y productos similares no supere los máximos permitidos, y velar por el respeto a la prohibición de venta de adhesivos y pegamentos que contengan solventes.
Aparte del control para que los útiles cumplan con las normativas sanitarias, hay otro tema que es preocupante: el alto costo de los textos de estudio. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó un estudio de mercado sobre los textos escolares, donde se comprobó lo que tanto autoridades como apoderados comentan: que las editoriales mantienen precios dispares respecto de un mismo libro, dependiendo si éste corresponde a los pedidos que hace el Estado, para distribuirlo gratuitamente en las escuelas, o si se entregan para venta en el comercio. El análisis reveló que en este último caso los precios pueden ser hasta diez veces superiores.
Según la FNE, el Ministerio de Educación realiza cada año un proceso de licitación para adquirir textos escolares a bajo precio, incluyendo una guía didáctica para el profesor y recursos digitales complementarios. En cambio, en la educación privada, los padres son los encargados de costear los textos que el colegio decide con la editorial, ofreciendo otros bienes y servicios al establecimiento, como capacitaciones, asesorías y plataformas. Por ello, la fiscalía ha señalado que falta competencia en este sector. Investigaciones periodísticas han determinado que los representantes comerciales de las editoriales ofrecen beneficios y establecen acuerdos con los directores de colegios, para que exijan al alumnado la compra de libros o que adquieran una marca específica de material.