En Chile, los accidentes de tránsito son la primera causa externa de muerte en niños de 1 a 14 años. Por eso, en marzo de 2017 entró en vigencia la reforma a la Ley de Tránsito que estableció medidas de seguridad para el traslado de niños en vehículos particulares. A partir de entonces, los menores de 9 años deben viajar con un sistema de retención infantil y sólo podrán ir en el asiento del copiloto los mayores de 12 años.

Al disponerse el traslado de los menores a los asientos traseros y el uso de una silla de seguridad cuando corresponda, las autoridades consideraron que los airbags no están diseñados para niños, sino que para adultos. Por ende, estos no los protegerían en caso de accidente, por lo que llevarlos en la parte posterior reduce la posibilidad de un desenlace fatal. De hecho, desde que está vigente esta legislación se han reducido en un 51% los menores fallecidos en siniestros de tránsito.

Esto es especialmente importante ahora que se reanudaron las clases y muchos padres llevan en automóvil a sus hijos hasta el colegio. Los expertos en seguridad han formulado un llamado a que los conductores respeten el uso de la silla de retención, clave para la seguridad de los menores. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el uso de sillas para niños puede reducir entre un 50% y 80% las lesiones mortales y graves de guaguas y menores ante un accidente vial.

También se ha sugerido elegir la ruta más conveniente y segura para el trayecto al colegio y para el regreso. Hay que considerar que los menores imitan la conducta de los mayores, de manera que un conductor imprudente está entregando malas señales a sus hijos. Además, se les debe enseñar a ser un buen peatón, lo que significa que sepan que circular correctamente por la vereda es su responsabilidad, manteniendo siempre la alerta de lo que sucede a su alrededor.

El cinturón y la silla de seguridad ayudan a salvar vidas, lo que está comprobado con investigaciones que se han realizado en todo el mundo. Una cosa es fiscalizar, pero también debe existir el hábito de las personas para velar por su propia seguridad y la de sus hijos.

Hace algunos días se promulgó la Ley de Trastorno de Espectro Autista, que busca promover y resguardar los derechos de las personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), asegurando su inclusión, atención integral y debida autonomía. Se trata de un proyecto que incluyó el trabajo y participación de distintas organizaciones sociales, algunas de ellas lideradas por personas autistas, padres, madres, personas cuidadoras, y que contó con un apoyo parlamentario transversal en el Congreso Nacional.

Dentro de los principios de la ley, se encuentran el trato digno, autonomía progresiva, perspectiva de género, intersectorialidad, participación y diálogo social, neurodiversidad, detección temprana y seguimiento continuo, los cuales serán los pilares para la aplicación de este cuerpo legal. Por su parte, se reconoce la existencia de personas cuidadoras de quienes presentan TEA, y también contempla medidas en contra de la discriminación arbitraria, entre otros aspectos relevantes.

Esta ley permitirá avanzar en un atención médica, social y educativa de quienes tengan este diagnóstico, para su adecuada protección e inclusión. Lo anterior, sin duda resulta un gran paso para avanzar e ir acortando brechas en este tema, lo que no sólo es fundamental para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista, sino también para sus padres y cuidadores.

De esta forma, entre otras cosas, en el ámbito de la salud, uno de los principales objetivos es avanzar en el fomento de la detección temprana del TEA, debiendo el Ministerio de Salud desarrollar y promover la detección de señales de alerta de este trastorno, dentro de las atenciones y prestaciones que se realicen a niños, niñas y adolescentes con este diagnóstico, incluidas en el Plan de Salud Familiar. Además, previa consulta al Ministerio de Educación, elaborará un protocolo en virtud del cual los establecimientos educacionales derivarán a niños, niñas y adolescentes con sospecha de TEA para el proceso de diagnóstico.

Sin duda constituye un gran e importante avance, pero será clave el rol de las autoridades y actores relevantes encargados de su implementación y aplicación, para que además del importante hito legislativo, lo sea también en la práctica, entregando la tan esperada ayuda y apoyo que durante mucho tiempo han esperado cientos de familias en nuestro país.

María Paz Olavarría, abogada y

magíster en Derecho Privado

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