Redacción

El lunes se informó del hallazgo de un gran número de bidones en un microbasural en el cerro Montahue de Coronel, en la Región del Biobío, lo que reactivó las sospechas de que parte de los incendios forestales que han afectado a la zona centro-sur del país se han provocado de manera intencional, discusión en la que aún se debate el Gobierno con gremios productivos.

Sin embargo, ayer Carabineros informó que tras efectuar pericias a estos botellones se determinó que se trataba de antiguos contenedores de alcohol gel, lo que generó una nueva discusión sobre si puede considerarse un elemento acelerante para generar siniestros.

El general inspector Carlos González Gallegos, director nacional Orden y Seguridad (s) de Carabineros, precisó que el Laboratorio de Criminalística de la institución hizo un análisis de la sustancia y se determinó que "en sí el alcohol gel no es un acelerante; el gel que se le coloca al alcohol neutraliza la posibilidad de que se genere la combustión cuando se esparce en algún terreno, por lo tanto, no son elementos combustibles, por sí solos no".

Contradicción

Esta versión no satisfizo a todos. El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, afirmó en radio Universo que "lo que a nosotros nos parece extraño y en mi deber como autoridad, es que aparezcan 60 bidones con algún tipo de sustancia o acelerante en una ladera de un cerro cercano a donde nos encontramos desarrollando todas las operaciones para la contención de este foco de incendio forestal".

El jefe comunal también narró el orden cronológico en que se dieron los hechos hasta que se hallaron los bidones. Según detalló, el viernes las cámaras captaron cuatro columnas de humo simultáneas, "la madrugada del domingo, se encuentran vehículos rondando por distintos puntos, que fueron perseguidos por Carabineros y el lunes, a las 8 de la mañana, se encontraron estos bidones; puede ser hasta alcohol gel, pero tiene sustancias que son acelerantes", recalcó.

Si bien Chamorro dijo estar consciente que las conclusiones son parte de lo que arroje la investigación del Ministerio Público, de todos modos compartió que su percepción es que "aquí hay un grado de intencionalidad, a lo menos, nuestra teoría, nuestra hipótesis es que hay grados de intencionalidad y creo que es bueno que como sociedad nos hagamos cargo de esa situación y demos señales de tranquilidad a la comunidad".

Intencionalidad

Precisamente respecto de la posible intencionalidad de los incendios se mantiene otro gran debate desde que la Corporación Chilena de la Madera (Corma) afirmó que en algunos sectores más del 90% de los siniestros han sido intencionales, lo que fue refutado por el ministro de Vivienda y enlace presidencial en el Biobío, Carlos Montes.

Luego de que el lunes la ministra del Interior, Carolina Tohá, saliera al paso de la discusión al afirmar que según pericias el 25,1% de los incendios han sido intencionales, ayer Montes volvió a hablar del tema para aclarar su intervención, al tiempo que se informaba que ya hay 40 detenidos como sospechosos de iniciar incendios forestales.

"Lo que yo he querido decir es que seamos serios con las cifras", afirmó el titular de Vivienda. Y luego se explayó: "Los datos que tienen son poco precisos, entonces no logran establecer cuál es la situación. Aquí la cifra que circula es de 80%, no 25% de intencionales en un periodo más largo. Para hacer afirmaciones de esa naturaleza, se necesitan argumentos y además redoblar la investigación policial".

"Lo que yo he querido decir es que seamos serios con las cifras. (...) Se necesitan argumentos".

Carlos Montes, Ministro de Vivienda

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, informó ayer que el Gobierno va a reponer los recursos desembolsados por los municipios para enfrentar la emergencia por los incendios forestales. "Queremos darles tranquilidad a los alcaldes y alcaldesas de los municipios que han estado más afectados y que han estado comprometiendo recursos. Estos se van a reponer de tal manera que no tengan que sacrificar ciertas actividades que son necesarias de parte de sus municipios por el hecho de haber atendido con su presupuesto a la necesidad más inmediata de la emergencia", dijo el secretario de Estado.

En reciente entrevista en El Mercurio, el ministro de Educación ha insistido en lo que llama "un cambio de paradigma". Uno de los componentes sería el énfasis en lo que denomina "alfabetización sexual".

¿En qué consistiría la "alfabetización sexual"?

Esa parte del contenido educativo hoy se contiene en las Bases curriculares de la educación básica, motivo por el cual el ministro debiera explicitar cuáles son las modificaciones o énfasis que, en su opinión, es necesario introducir en esas bases. Y si se cree eso del "cambio de paradigma" en la versión que alude a cambios radicales (como sabrá el ministro la palabra paradigma, según el propio Kuhn que la popularizó, posee más de una centena de acepciones) existiría un cambio bastante profundo en ellas.

Lo que cabe entonces preguntarse es si resulta sensato situar ese como uno de los ejes centrales del ministerio, atendidos los desafíos que hoy experimenta el sistema escolar. Una sencilla enumeración los pone de manifiesto: cuestiones de disciplina y de control; deterioro de la autoridad de los profesores; problemas en la formación inicial de estos últimos; pérdida de aprendizaje como consecuencia de la pandemia; distribución desigual de este último según la clase social, algo que la pandemia agravó, etcétera ¿No será más sensato poner el énfasis en esos problemas (sin cuya solución ni siquiera la alfabetización ya no sexual, sino alfabetización a secas será difícil) en vez de abrir un flanco de debate que, según muestra la experiencia, despertará el conservadurismo de algunos y el libertarianismo de otros?

Porque es eso exactamente lo que ocurrirá: el debate sobre la libertad de enseñanza y el viejo tema relativo a si la familia o el estado debe tener la autoridad educativa a la hora de decidir qué enseñar y cómo estará en el centro de la cuestión constitucional. Y el anuncio del ministro -un anuncio más bien vago- acentuará un debate sin orillas y no contribuirá a la racionalidad de ese debate.

Con todo, un par de ideas pueden ayudar a llevar adelante ese debate que, por lo visto, será inevitable.

En la situación actual no cabe ninguna duda que entregar nada más a la familia la educación sexual de los niños y desconoce el hecho que la familia es hoy, en muchos casos, una unidad inestable que descansa sobre el compromiso puramente emocional de sus miembros y, por lo mismo, una entidad extremadamente frágil. Basta subrayar ese hecho para aceptar que la educación en las diversas dimensiones de la sexualidad debe ser uno de los objetivos educativos. Y ello, cabría insistir, no porque se quiera arrebatar esa tarea a las familias, sino porque estas en muchos casos no están en condiciones de cumplirla. Ello, sin embargo, no ha de conducir al extremo de entregar toda la autoridad normativa en esas materias al estado o prescindir de la autoridad, ya no de la familia, sino de los padres. Equilibrar esos objetivos y alentar a los padres y a las familias a asumir esa tarea y esa responsabilidad (algo que no se alcanzará si se cree, como a veces ocurre, que la familia es una asociación puramente emocional entregada a la autonomía de sus miembros) es una cuestión fundamental en cualquier política educativa o social.

Durante mucho tiempo se ha pensado que una sociedad abierta debe tratar a la familia como una asociación política donde la última palabra la tiene la autonomía de quienes la integran. Como se comprende, esa forma de concebirla deteriora las funciones que ella -según muestra una larga literatura- está inevitablemente llamada a cumplir.

Quizá el cambio de paradigma a que alude el ministro deba consistir en caer en la cuenta de que la familia, y la forma de concebirla, y no solo la escuela, está también en el centro de este problema.