El robo de cables de telecomunicaciones y de electricidad es un delito que afecta a empresas de varias regiones del país, pero especialmente a los clientes, que ven interrumpidas sus comunicaciones y el suministro de energía. El alto precio del cobre ha llevado al surgimiento de bandas organizadas que sustraen los cables de las redes para venderlos en el mercado negro. Incluso se estima que falsifican documentos para su exportación a países vecinos. Estas acciones vandálicas interrumpen los servicios, dejan incomunicados a hogares y empresas, y obligan a suspender la atención en servicios públicos de salud, educación, bancarios, semáforos o cajeros automáticos, lo que genera un enorme impacto directo en la calidad de vida de las personas y el funcionamiento de las actividades.

Este delito creció de modo explosivo a nivel nacional durante 2022, registrándose más de 22 mil hechos, que afectaron los servicios de más de dos millones de personas. Esto significa que cada día se registró un promedio de 60 delitos de robo de cables. El hurto de este tipo de material casi se duplicó el año pasado, transformándose en el nuevo negocio ilegal de las bandas de crimen organizado.

La situación es preocupante porque se trata de un delito que ha aumentado de manera significativa, sobre todo en los sectores rurales, donde muchas veces no hay testigos, por tratarse precisamente de lugares aislados. Por ello, en las reuniones de las mesas de trabajo se realizan diagnósticos, se buscan los puntos críticos en los que se producen los robos y se analizan los destinos que pueda tener el material robado.

Estos delitos no sólo implican que las personas queden sin suministro eléctrico, sino también la interrupción de servicios públicos que son importantes para la ciudadanía. De acuerdo con la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, que agrupa a las mayores empresas en servicios de internet, telefonía móvil y fija y televisión de pago, el tipo de infraestructura de telecomunicaciones más afectada por los actos vandálicos judicializados es el robo de cables de cobre (68,7%), seguido por la fibra óptica (20,6%), baterías (6,4%), y otros como cerco perimetral y generadores.

El último Catastro de Campamentos 2020-2021 desarrollado por Techo-Chile deja al descubierto que hoy 81.643 familias viven en 969 campamentos a nivel nacional, una preocupante y cruda realidad, la más alta desde 1996, que da cuenta de cómo muchas familias, connacionales y extranjeras, no han tenido acceso a soluciones dignas en materia habitacional.

Ante este complejo escenario, de precarización de la vida humana, de aumento de la pobreza y la vulnerabilidad social de las personas y familias, agravada aún más por los efectos de la pandemia, la inflación, el aumento del precio del suelo, las barreras para acceso a créditos hipotecarios y la disminución de los ingresos autónomos de los hogares, entre otras; tenemos como país el urgente desafío y el deber ético-político de reposicionar el derecho a la vivienda y el hábitat residencial como un derecho social que debe ser garantizado y resguardado por parte del Estado.

Sin ir más lejos, y tomando como experiencia el confinamiento que experimentamos en pandemia, fuimos testigos de cómo la vivienda se transformó en el espacio obligado de trabajo, estudio y desarrollo de labores fundamentales de la vida cotidiana.

Ello conllevó un impacto social negativo y desigual, afectando especialmente a quienes habitan viviendas precarias y/o de tamaño reducido, quienes vieron deteriorarse aún más su calidad de vida y percepción de bienestar subjetivo, producto del consecuente aumento de estrés familiar, como también de factores de riesgo que aumentaron la emergencia de las violencias y el deterioro de la salud mental individual y familiar y su relación con la habitabilidad y la vivienda.

Existe el desafío de fortalecer la política de vivienda social digna, procurando llegar a este amplio sector de la sociedad que ha quedado y continuará relegado de su ejercicio pleno de este derecho, de no recuperar un fuerte rol del Estado en esta materia social. Una política que no sólo garantice el acceso a una vivienda, con debidos estándares de calidad tanto en infraestructura y materialidad, sino también la conformación de barrios integrados, con acceso a servicios para el desarrollo de la vida comunitaria y familiar, acorde a la dignidad de las personas en condiciones de igualdad y de justicia social.

Roxana Zuleta, académica de

la Universidad Andrés Bello

80 años | 15 de febrero de 1943

EE.UU. dona $10 mil a los damnificados de incendio

El vicecónsul de EE.UU. visitó recientemente Calbuco, para entregar una donación de $10 mil a las víctimas y damnificados del último gran incendio que afectó a esa ciudad. Esto será canalizado a través de las visitadoras sociales. Asimismo, con idéntico fin, desde Santiago llegó un cargamento con zapatos, frazadas y clavos.

50 años | 15 de febrero de 1973

Semana "cuartina" parte con visita a asilo de abuelos

Con motivo de celebrarse un aniversario más de la Cuarta Compañía de Bomberos de Puerto Montt, los voluntarios se hicieron presente en el asilo de ancianos Paul Harris, llevándoles obsequios y la presentación de un conjunto folclórico llamado Aucará, quienes interpretaron varios temas de su repertorio.

10 años | 15 de febrero de 2013

Bombo Fica destaca en primera noche del festival

Anoche arrancó una nueva edición del Festival Sentados Frente al Mar, el que tuvo como primer artista en escena al cantante local Patricio Molina, quien ganó recientemente el certamen "Cantar Poblacional". Tras ello vino la estelar presentación del humorista nacional Bombo Fica, quien arrancó risas entre los asistentes.