El cáncer es una de las patologías con mayor prevalencia en el mundo. En Chile, es la segunda causa de muerte, ya que cada año fallecen más de 50 mil personas por esta enfermedad. Son cifras lamentables, que se acentuaron durante la pandemia, cuando las personas interrumpieron sus controles médicos, debido a que el tema prioritario era el covid.

Los exámenes de detección de la enfermedad bajaron considerablemente durante el período más crítico, como son los casos de las mamografías y Papanicolau. Se calcula que más de la mitad de los pacientes dejó de concurrir a sus controles médicos, lo que empezó a regularizarse recién durante 2022.

Una de las consecuencias derivadas de la pandemia fue el incremento de listas de espera de pacientes oncológicos. El informe del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud reveló que hay 8.141 garantías retrasadas relacionadas a la etapa del diagnóstico y 3.794 a la de tratamiento.

La Organización Mundial de la Salud llamó a conmemorar el 4 de febrero el Día Mundial de Detección del Cáncer, para que la población tome conciencia acerca de la importancia de la prevención, detección precoz y acceso oportuno, ya que hasta un 50% de los tipos de cáncer se pueden prevenir en la medida de que las personas mantengan hábitos saludables y se realicen exámenes de detección precoz.

Si bien ésta es una de las enfermedades más catastróficas, por el daño que produce en los pacientes, el efecto en las familias y por sus altos costos económicos, también es necesario señalar que se pueden prevenir al reducir la exposición a los factores de riesgo, como el tabaco, el alcohol y el sedentarismo. Muchos otros tipos de cáncer, especialmente el cervicouterino, el de mama y el cáncer colorrectal, pueden detectarse temprano y tratarse eficazmente a través de programas organizados de detección temprana ligados al acceso al tratamiento oportuno.

Se anticipa un escenario complejo para la patología, pues el real impacto de la pandemia, por controles que fueron interrumpidos, no se aprecia de forma inmediata, sino que quedará evidenciado en las tasas de mortalidad por cáncer que se conocerán en los años siguientes.

Llegó febrero y con ello el país entra por un mes en una suerte de hibernación político-estival que, como tal, posterga todas las decisiones para la vuelta de vacaciones, tal y como acaba de suceder con el Acuerdo por la Seguridad anunciado por el Gobierno en las postrimerías decenero, cuyo análisis y debate quedó diferido para marzo.

Fueron meses de reuniones bajo la fórmula de una "mesa" -algo irritante a esta altura-, que permitieron al Gobierno "administrar", al menos un tiempo, el grave problema político que tiene entre sus manos con la desatada delincuencia e inmigración ilegal, citas que terminaron en nada gracias a la torpe decisión de indultar a delincuentes condenados por delitos que, precisamente quienes estaban sentados en la mesa, buscaban perseguir más eficazmente.

La oposición mostró los dientes y se bajó, de manera que al Ejecutivo no le quedó más que lanzar una lluvia de ideas para salir del paso, contenidas en un mal llamado "acuerdo", que tiene poco de tal sin el compromiso de todas las fuerzas políticas.

Así las cosas, la seguridad pública y la inmigración ilegal son hoy el epicentro de una pugna de poder de orden político que, como tal, responde a los intereses de los partidos y dinámicas de esa naturaleza, que aquí no responden al verdadero interés y necesidad de la gente; a lo que se suma que el Gobierno insiste en dar muestras de no estar dispuesto a tomar el toro por las astas, menos aún sin el apoyo de alguien más a quien pueda aferrarse, y a pesar que tiene la responsabilidad, las atribuciones y la obligación ética de hacerlo.

Pero eso no es todo. También son desilusionantes las propuestas mismas, que parecen sacadas de un trabajo escolar, previa copia de algunos proyectos de ley en trámite y de una que otra propuesta anterior. La falta de ideas es tan escandalosa como la ausencia de un catálogo de medidas concretas y de rápida ejecución práctica. Ni hablar de la completa falta de sentido de urgencia al continuar endosando las soluciones -como solía hacer también el gobierno anterior- prácticamente de manera exclusiva al legislador.

Sobre la utilización de las herramientas legales actuales, poco o nada. Sobre mecanismos para exigir a los organismos públicos que mejoren su gestión tampoco. Sobre iniciativas tangibles que permitirían atacar ahora determinados fenómenos delictuales, menos aún. Entre balazos los chilenos sólo podemos esperar que los políticos terminen con sus peleas y de verdad hagan una buena propuesta con sentido real de urgencia. Pero como hoy nada sorprende, quizá no falte quien postule sentar a la "mesa" a los delincuentes y que sean ellos quienes, producto del diálogo, aporten las medidas que el país necesita. En una de esas ahí sí se avanza algo.

Marcos Emilfork, ex fiscal

regional de Los Lagos

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