Tras casi nueve años de tramitación legislativa, el Congreso acaba de despachar a ley la iniciativa que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (Cati), que a través de una red de dispositivos complementará la labor de fiscalización de Carabineros y de inspectores de tránsito. Se trata de una nueva herramienta fiscalizadora que permitirá infraccionar de manera electrónica a quienes hagan caso omiso de la normativa vigente, y que surge con el objetivo de aportar en la seguridad vial y en la prevención de los accidentes de tránsito, así como mejorar la eficacia a la hora de fiscalizar a los conductores.

Esta nueva herramienta en la prevención de accidentes viales funcionará mediante una red automatizada, debidamente señalizada en las zonas de control, que se hará cargo de la detección, notificación y tramitación de las infracciones de tránsito, incluyendo el pago. Asimismo, faculta al Ministerio de Transportes, a través de la subsecretaría de la cartera, para fiscalizar los excesos de velocidad, el tránsito en áreas urbanas con restricción por contaminación ambiental y las infracciones a normas de transporte terrestre susceptibles de ser captadas de forma automatizada, como el uso de vías exclusivas o ignorar una luz roja, apoyándose en cámaras estratégicamente instaladas, reemplazando así al sistema de fotorradares.

Se trata de una herramienta que podría traer múltiples beneficios, ya que permitirá complementar la labor de Carabineros, descomprimiendo sus tareas, lo que podría ayudar a destinar dicho capital humano a otras labores de seguridad. Además, y lo más importante, se espera que contribuya a disminuir la accidentabilidad, ya que según registros de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), los países donde se ha implementado este tipo de tecnología han observado reducciones de hasta 40% de muertes por accidentes de tránsito, dato que cobra amplia relevancia, toda vez que en Chile cada día fallecen seis personas como consecuencia de accidentes viales, producto principalmente de la imprudencia de los conductores.

El Presidente Gabriel Boric ha sido enfático en abordar el déficit habitacional y sus desafíos desde una óptica integral, apuntando al camino correcto en la necesaria colaboración que debe existir entre el sector público y el sector privado, lo que garantiza certezas en materia de políticas públicas. El presupuesto 2023 sostiene un aumento en la cartera de vivienda de un 9,3% en relación con el año actual.

Una de las medidas importantes señaladas por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, es la incorporación de una garantía estatal de un 10% del valor de la vivienda para precios de vivienda entre 2.600 a 4.500 UF, permitiendo que muchas familias puedan acceder a ella cuando no alcancen a cubrir el total del pie.

Otra medida es la extensión en la vigencia del crédito especial de IVA a las empresas constructoras, permitiendo ampliar su período de transición para los años 2025 y 2026 por un 25%.

En nuestra Región de Los Lagos, el déficit habitacional fluctúa en las 28 mil viviendas, donde Puerto Montt concentra cerca del 25% del total. El Presidente Boric comenzó con la ejecución de políticas públicas que buscan paulatinamente reducir el déficit habitacional a través de la construcción de 260 mil viviendas en todo el territorio nacional.

Ante ello, se vuelve menester avanzar en un plan estratégico habitacional, donde el Estado sostenga un rol activo en la adquisición de suelo urbano, sumado a una necesaria planificación territorial para el desarrollo armónico de barrios, sectores y poblaciones con mayor seguridad, áreas verdes e infraestructura que permita vivir con mayores grados de comunidad, ya que de acuerdo con estudios, cerca de tres millones de personas vivirían en barrios y poblaciones críticas.

Un banco público de suelos que avance de la mano con una planificación integrada a mediano y largo plazo en el acceso al suelo, así como trabajar integralmente en el desarrollo urbano, son premisas prioritarias.

En la asequibilidad y concreción de la vivienda propia y digna no caben las diferencias políticas que puedan existir entre oposición, el oficialismo y las diversas miradas independientes en el país. Cuando hablamos de reactivación económica, la inversión en vivienda y obras públicas, es fundamental. Y en una región como la nuestra, donde el déficit es notorio, el Estado debe hacer lo que corresponde.

Gonzalo Valenzuela, cientista político

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