Después de las dificultades para su aplicación durante la pandemia, la encuesta Caracterización Socioeconómica Nacional, Casen 2022, retomó el trabajo de campo presencial y se está aplicando en todas las regiones del país desde el 1 de noviembre, extendiéndose hasta el próximo martes 31 de enero. Según lo informado por el Ministerio de Desarrollo Social, además de medir la pobreza por ingresos, el sondeo permitirá contar con una nueva medición de la pobreza multidimensional, que no pudo ser calculada en la Casen 2020 por las restricciones de la pandemia.

La muestra objetivo son 71.028 viviendas a nivel nacional, por lo que para llegar a la meta se dijo desde el inicio que era necesario una sobre muestra de 106.856, las que fueron seleccionadas de manera aleatoria, a fin de representar la realidad de los hogares. Desde el ministerio se ha precisado que el instrumento tiene representatividad a nivel nacional, por zonas geográficas urbana y rural y también regional, pero no comunal, por lo que es clave que las personas que sean encuestadas respondan el cuestionario, pues es una forma para contribuir al desarrollo de mejores políticas públicas.

Dentro de los antecedentes que el ministerio espera reunir se cuentan datos de cinco componentes esenciales del proceso destinado a medir la pobreza de forma multidimensional, como son educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión social. La información obtenida será tabulada para tener los resultados oficiales de la encuesta a nivel país en junio próximo, lo cual podría impulsar una serie de definiciones sobre las políticas públicas de los años venideros.

Las autoridades han enfatizado que las personas pueden no hacer pasar a los encuestadores a su vivienda, ya que el cuestionario se puede aplicar donde se sientan cómodos y seguros. Lo central es que se cumpla con responder las preguntas correspondientes, que además son anónimas. Se espera el apoyo de las autoridades comunales para que promuevan el proceso que es calificado de suma importancia por el tipo de información que recaba, que permite conocer la realidad del país en materia de pobreza y así adecuar las políticas públicas que contribuyan a superarla.

En los últimos días, la prensa ha destacado el problema que presentan las subdivisiones en suelos rurales, particularmente en el caso de Puerto Varas. Lo anterior, a raíz de un estudio de la Universidad San Sebastián, que evidenció que en los últimos 10 años, se han generado en esa comuna aproximadamente 30 mil lotes de terrenos resultantes de proyectos de subdivisión, y de esos 30 mil, sólo cerca de mil lotes contarían con permisos de edificación.

En paralelo a la presentación de este estudio, la semana recién pasada se realizó el Congreso Futuro Región de Los Lagos 2023, donde precisamente uno de los temas abordados fue "Equilibro Territorial, Gobernanza y Democracia", instancia en que se plantearon varios aspectos sobre problemas de planificación territorial, los cuales, aterrizándolos también a otras comunas del país y particularmente a otras comunas de nuestra Región de Los Lagos, nos hace reflexionar sobre cuáles son los pasos a seguir para solucionar este explosivo crecimiento de las subdivisiones rurales en nuestra región, tanto para evitar que siga ocurriendo un crecimiento desmedido y sin control, como también para resolver lo relativo a la gran cantidad de lotes que ya existen, los que independiente de tener habitabilidad o no, generan un gran impacto en el ecosistema, en el desarrollo sustentable y sostenible del territorio, y otra serie de consecuencias relevantes, como las ambientales.

Si bien el primer gran paso es la propuesta de una política pública integral que busque regular estas materias, con una voluntad legislativa que sea transversal, como se propone en el estudio antes mencionado, y tal como se ha evidenciado a través de distintos proyectos de ley en la materia -algunos también presentados por parlamentarios de la zona-, no es menos cierto que la problemática actual además nos abre una serie de oportunidades y desafíos para ser abordados por quienes están a cargo de la planificación territorial a nivel regional y comunal, asumiendo también el déficit de acceso a viviendas habitacionales y escasez de suelo urbano. Lo anterior, por cuanto la gestión del territorio de los actores relevantes, a través de los correspondientes instrumentos de planificación, debe tener también en consideración todos estos impactos, más allá de resolver el "problema" de las parcelaciones.

Lo esencial será conciliar un justo equilibro entre el legítimo derecho de vivir cerca de la naturaleza, independiente del nivel socioeconómico de quien quiera ejercerlo, pero también considerando la debida protección del territorio, en particular el desarrollo rural sostenible y sustentable del mismo. Sin duda, una gran oportunidad y desafío.

María Paz Olavarría, abogada

y magíster en Derecho Privado

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