El 10 de febrero de 2010 entró en vigencia la Ley N°20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. La normativa modificó la legislación de 1994 y estableció que empresas públicas y privadas con más de 100 trabajadores deben reservar el 1% para empleados en condición de discapacidad, o bien optando por alternativas como realizar donaciones o subcontratando personal. Asimismo, eliminó la disposición que establecía que se les pagaría un sueldo menor al mínimo.

Más de dos millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad, la mitad con una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar autónomamente actividades esenciales. Por ello, la ley promovió la cooperación público-privada, entendiendo que la discapacidad afecta a toda la sociedad y que es, por lo tanto, deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de esas personas.

En lo fundamental, lo que ha pretendido esa legislación es facilitar la inclusión y la rehabilitación, agilizando los procesos de calificación y certificación de la discapacidad y ampliando el régimen de exenciones arancelarias para la importación de equipos, prótesis, medicamentos y un conjunto de otros elementos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Ha habido avances, pero todavía falta mucho. Es posible ver cómo los municipios se han preocupado de disponer los rebajes de soleras en las esquinas, para el paso de las sillas de ruedas. Asimismo, los edificios de servicios públicos, edificios habitacionales y centros comerciales han erigido accesos desnivelados, aunque hay muchas otras construcciones que aún no los tienen.

Es cierto que la legislación sobre inclusión ha ayudado a los discapacitados, pero aún queda mucho por avanzar, en especial respecto de la fiscalización de cuotas de contrataciones de personas en empresas y en igualdad de condiciones económicas. Además, una normativa puede transformarse en letra muerta si no hay un compromiso cultural de la ciudadanía para incluir a ese importante segmento de la población, respetar sus derechos y darle las oportunidades necesarias.

Las emergencias son cíclicas y se repiten temporada a temporada, lo que permite hacer proyecciones respecto de qué escenario vamos a enfrentar de acuerdo a cada estación del año. En otoño e invierno, las precipitaciones saturan los suelos de las laderas de Puerto Montt, generando remociones en masa, conocidas popularmente como derrumbes. También aparecen los temporales, con inundaciones, cortes de energía eléctrica e interrupción de la conectividad marítima por el viento, ello especialmente en el Estuario del Reloncaví.

Con la llegada del verano, los incendios de interfase afectan la periferia de Puerto Montt y otras ciudades de la Región de Los Lagos, con el fuego amenazando viviendas y el humo que entorpece el desplazamiento de vehículos en carreteras. Los fenómenos son cíclicos y se repiten con una precisión casi de calendario. Es por ello que los esfuerzos deben apuntar al trabajo preventivo previo de las emergencias, medida que siempre será más sencilla que su control y mitigación.

El factor común de los incendios de interfase, es decir, aquellos que se desarrollan en áreas contiguas urbano-rurales o donde se entremezcla la vegetación con estructuras como viviendas, locales comerciales u otras de riesgo como estaciones de combustible, es que son generados por la acción humana. La irresponsabilidad de unos pocos pone en riesgo la vida y bienes de muchos, obligando el despliegue de organismos de control de emergencias como Conaf y sobre todo a nuestros Bomberos.

Es por ello que, para evitarlos, es vital el trabajo preventivo a nivel comunitario, con acciones permanentes y constantes que generen conciencia de los efectos del fuego sobre la biodiversidad, la seguridad vial, las estructuras y la vida de las personas. Tarea que precisamente deben realizarse prioritariamente en las comunidades que habitan la zona de interfase como La Vara, Alerce, Panitao, Chin Chin y Pelluco, entre otros puntos de nuestro Puerto Montt.

Para estas localidades se requiere un trabajo proactivo con la comunidad y los actores sociales, donde los organismos municipales concentren sus mayores esfuerzos en coordinar y exigir la implementación de medidas y acciones de prevención de incendios forestales, además de su rápida detección. Esto último es vital. Todo incendio forestal parte en un área reducida, pero el tiempo, el viento y la disponibilidad de combustible hacen que se incremente el área afectada. Una sencilla llamada oportuna al 130 de Conaf, al 132 de Bomberos o al 133 de Carabineros, puede hacer la diferencia entre un pequeño foco o un incendio de gran superficie.

Luis Toledo Mora, periodista y máster en

Protección Civil y Gestión de Emergencias

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