Hace casi un año que fue promulgada la modificación a la Ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad y mejorar los mecanismos de fiscalización y trazabilidad a través de un registro. La norma define que "las armas de fuego, sin importar su calibre, quedan bajo el control estatal. Igualmente aplica para sus partes, dispositivos y piezas". La ley era imperiosa, porque la delincuencia se ha visto potenciada por la gran cantidad de armas que están en manos de antisociales y, sobre todo, de bandas asociadas al narcotráfico, que disponen de poder de fuego de alto calibre para utilizarlo con el fin de resguardar la distribución y venta de drogas.

Fueron años en los que en el Congreso se estudiaron los cambios a la legislación de control de armas a fin de hacerla más eficiente, fortalecer la fiscalización, instalar un registro de cada arma y considerar a las municiones. Durante el debate hubo coincidencia entre los senadores sobre la importancia de avanzar en la regulación en el país, sobre todo considerando que ha aumentado su uso por parte de los delincuentes. Hubo opiniones que en su momento valoraron el proyecto, pero que a la vez pusieron el acento en la necesidad de atacar mejor el mercado negro de su comercialización.

El narcotráfico es el campo delictivo más relacionado con el uso de este poder de fuego. En las acciones realizadas por las policías se decomisa numeroso armamento, lo que indica que pese a los operativos y a la destrucción de material, hay una rápida reposición. Asimismo, ya pasaron a ser frecuentes los casos de balaceras en sectores habitacionales, donde se pugna por el control de los barrios, y también los asesinatos y "ajustes de cuentas" entre miembros de bandas rivales. Incluso, en ocasiones han caído víctimas inocentes y niños.

Por una parte, se aprecia una mayor violencia en los delitos, y por otra, la participación de menores de edad, que saben que son inimputables o tendrán bajas penas, amparados en leyes que los protegen. Se entiende absolutamente la preocupación que existe entre los habitantes, por la extremada violencia en las acciones delictuales, que muchas veces tienen que ver con el tráfico de drogas y la tenencia de armas.

La toma del Capitolio y los desmanes de hace dos años se ha mantenido muy presente en Estados Unidos y traído consecuencias para Donald Trump y los republicanos. El Presidente Joe Biden, por su parte, igualmente ha sabido sacarle el rédito político respectivo. Es lógico, pues constituyen hechos sumamente graves, en cualquier circunstancia, para cualquier país, y mucho más si ocurren en democracia. Siendo tan inusuales y con consecuencias comprobables, sumado al repudio generalizado, salvo de incondicionales, parecían no repetibles, o al menos, podrían haber sido advertidos oportunamente.

No ha sido así en Brasil. Tienen similitudes evidentes, aunque no sean idénticos. No obstante, sus efectos institucionales y también políticos probablemente serán los mismos, por su enorme riesgo potencial.

Muchas señales los presagiaban, como tomas de carreteras, actos contestatarios, prescindencia del Presidente saliente Jair Bolsonaro, no reconocimiento explícito al Presidente Lula elegido, manifestaciones toleradas, si no incitadas, mientras todavía gobernaba y un largo período de traspaso del poder. Un silencio deliberado ante estos acontecimientos. No los alentaba, pero tampoco se oponía, para intentar preservar los apoyos de una elección ajustada frente a un cambio ideológico significativo, pero que no obtuvo gobernaciones federales importantes, y un Parlamento sin mayorías definidas, fragmentado, y atento a lo que pueda obtener del nuevo gobierno.

Pero de ahí a la ocupación simultánea por la fuerza, de las sedes de todos los poderes institucionales, y actos en otros Estados sin la adecuada información ni el debido control policial preventivo, para incitar un levantamiento militar que derrocara al legítimo Presidente, a días de su asunción, es inquietante.

Demuestra que la institucionalidad democrática puede verse superada por la acción de masas decididas, así sea violentamente. Fue inesperado en Estados Unidos, aunque no tan extraño en nuestra región y en otras latitudes. Son movimientos que se materializan por su número y determinación y que pueden comprometer muchas vidas. No ocurrió en Brasil, y se ha actuado con prudencia y efectividad, pese a las falencias del inicio.

La tarea de recomponer una sociedad dividida y dispuesta a demostrarlo será desafiante en lo interno con sanciones efectivas, como en el exterior por los organismos competentes. Resulta muy necesaria, pues podrían ser hechos contagiosos y atentatorios a la democracia, la institucionalidad y la ley, donde quiera que ocurran.

Samuel Fernández, académico de la Facultad

de Derecho de la Universidad Central.

80 años | 10 de enero de 1943

Manuel Rodríguez recibe a Estrella Blanca

A partir de las 14 horas jugarán los conjuntos de Manuel Rodríguez de Puerto Varas y Estrella Blanca de Puerto Montt, en lo que respecta al duelo interciudades. Los primeros en presentarse serán las segundas escuadras, en cuyo duelo de ida empataron a un tanto. Luego, se medirán infantiles, para finalizar con adultos.

50 años | 10 de enero de 1973

400 mil escudos para la reparación de escuelas

En la Intendencia de la Provincia se confeccionó el cuadro de mantenimiento y conservación de escuelas, para lo que se contempla una inversión de 400 mil escudos. Entre las obras, destaca la reparación de servicios higiénicos y red eléctrica, así como la instalación de agua potable y lavaplatos y reparación de techumbre.

10 años | 10 de enero de 2013

Eliminan chacay para evitar incendios forestales

En la ruta de Puerto Montt a Alerce se trabaja en la eliminación del chacay, para prevenir incendios forestales. Desde el municipio se informó que se busca evitar y mitigar esa clase de siniestros, que se producen por la quema del arbusto ulex o chacay. De ahí que se busque su eliminación, para lo cual se utilizan mapas topográficos.