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Universidades y gratuidad
Los expertos dicen que para la coexistencia en competencia de empresas públicas y privadas hay que respetar estrictamente el principio de neutralidad competitiva, sin que el gobierno discrimine en contra de nadie. Las universidades compiten por captar a los mejores alumnos.
Se ha dado a conocer el caso de la Universidad Central, que no pudo acceder a la gratuidad para sus postulantes porque durante 2022 el Estado, a través de sus instancias, rechazó tres veces su postulación alegando erróneamente que no cumplía los requisitos.
Hace pocos días, la Contraloría se pronunció a favor de la universidad diciendo que sí cumplía los requisitos y ordenando al Ministerio de Educación dejar sin efecto su resolución que le denegaba el acceso a la gratuidad.
A días del proceso de admisión el daño a la Universidad Central es irreparable. Según especialistas, el ministerio ha decidido discriminar y excluir a las universidades privadas y así lo ha declarado abiertamente.
La conclusión es que no hay neutralidad competitiva entre universidades públicas y privadas. Los funcionarios del Estado se adueñan de los recursos que aportamos todos los chilenos y actúan beneficiando sólo a las universidades públicas.
Esto demuestra que el Estado debe tener contralores muy estrictos, porque sus funcionarios respetan más su ideología que a la ley.
José Luis Hernández
Comercio digital
Se le atribuye a Erich Fromm, en 1965, la denominación a esta evolución del hombre que se transformó en un sujeto cuyo principal objetivo es el consumo. Desde ahí se ha transitado hacia el Homo Consumens sapiens o consumidor racional; y el Homo Consumens Ludens o consumidor emocional.
Racionales o emocionales, lo cierto es que los problemas de consumo son de interés público: todos somos consumidores y nuestra forma de consumir ha ido cambiando, tomando protagonismo hoy el consumo digital. Los reclamos en esta materia aumentaron en un 432% en 2020.
Aquello llevó al legislador a la promulgación del reglamento de comercio electrónico en septiembre de 2021, lo que significó un avance en cuanto a regular la actividad de quienes ofrecen bienes o servicios en plataformas digitales. Sin embargo, el reglamento considera vendedores a los proveedores de carácter público o privado, que habitualmente ofrezcan bienes o servicios a los consumidores, por los que se cobre precio o tarifa a través de plataformas de comercio electrónico. Así, las ventas de ejercicio eventual o por medios digitales que no corresponden a plataformas de comercio quedaron excluidas de la regulación.
Dos son, entonces, los problemas no resueltos en el desarrollo del e-commerce en nuestro país: primero, la regulación no alcanza a quienes realizan la actividad de manera esporádica o a través de otros medios, como redes sociales; segundo, que mientras no se robustezca al Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, cada norma promulgada asociada a la protección al consumidor quedará como una mera declaración de buenas intenciones.
Francisca Rodríguez, académica de la Universidad de Las Américas
Tesis y pedofilia
Con hastío hemos observado estos días el debate en las redes sociales sobre las tesis y artículos sobre pedofilia en el marco de la formación de profesionales en la Universidad de Chile. Mayor asombro nos ha causado la declaración de la Facultad de Filosofía y Humanidades, desde donde se minimizan los hechos, justificando que son "de corte puramente teórico".
En Chile, el abuso sexual en la niñez es una epidemia. De acuerdo a un estudio realizado por Cuida UC en 2022, uno de cada cinco adultos en Chile experimentó algún tipo de abuso sexual siendo menor de edad. Entre ellos, existe el doble de prevalencia de trastornos de salud mental y un 20% más de diagnósticos en enfermedades físicas, en comparación con quienes tuvieron infancias libres de aquellas experiencias traumáticas.
Fundación Colunga ha apoyado en su trayectoria a diversas organizaciones que atienden día a día los efectos del abuso sexual. A través de ellas somos testigos de que el acompañamiento a las víctimas y la reparación requieren de un esfuerzo enorme tanto para las víctimas como para los profesionales que los acompañan.
La minimización y la justificación del abuso son factores clave para perpetuar la epidemia. Los trabajos que fueron divulgados en las redes representan un retroceso en la comprensión de este fenómeno. Su impacto en la realidad social no debe ser subestimado.
De aquí que la respuesta de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile resulte impresentable. La prevención y promoción de los derechos de la niñez necesitan de un rol comprometido de la academia, a través de la construcción de saberes y debates teóricos que fortalezcan la defensa de los derechos de la niñez, que apelen a su interés superior, y que no retrocedan relativizando derechos que han sido fortalecidos desde la Convención de los Derechos del Niño.
Paloma del Villar Tagle, directora del Observatorio Niñez de la Fundación Colunga
Información financiera
En 2013 comenzó la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes en Chile, cuyos beneficios se asocian al aumento de la calidad y cantidad de la información financiera, lo que facilita la toma de decisiones para las pymes y mejora su acceso al financiamiento. Pese a ello, las pymes no ven el beneficio de informar y asumir el costo que implica la elaboración de los estados financieros bajo esta norma.
Así lo indica un reciente análisis preparado por quienes firmamos. Como se mencionó, un efecto negativo que sufren las pymes al no aplicar la NIIF se vincula con la solicitud de financiamiento para sus operaciones crediticias. En la actualidad, estas son evaluadas por las instituciones financieras a partir de su carpeta tributaria, lo que en muchos casos no tiene relación con su realidad financiera.
En el actual contexto económico, resulta necesario generar un acuerdo entre las partes interesadas, como el Colegio de Contadores, el SII y asociaciones como Conapyme y Apyme, entre otras, que permita incentivarlas a transitar hacia la aplicación de esta norma, con el apoyo de las instituciones de educación superior que están encargadas de la formación de contadores públicos y auditores en Chile. Es importante que estas dejen de pensar que basta con aplicar una norma jurídica asociada a los impuestos para obtener financiamiento, pues lo que está haciendo es dejarlas en desventaja.
Asimismo, se les debe impulsar a que cuenten con mejor y más información financiera, que apoye su proceso de toma de decisiones.
Verónica Pizarro, Digna Azúa, Loreto Morales y Jonathan Hermosilla