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Mewes pide al gobierno "destrabar para fortalecer la inversión, generar el espacio de certeza jurídica para la inversión".

va termina dando empleo de mediano y largo plazo con remuneraciones dignas y con acceso a seguridad social. Eso es lo que el Gobierno tiene que acelerar porque estamos viendo que falta esa área con un impulso importante. Y el otro tema, que no es responsabilidad del gobierno, pero se ha acrecentado durante este, es toda la inseguridad física, que debe mejorarse rápido. Aquí no tenemos mucho tiempo para avanzar en una política de seguridad nacional. Es clave para el país que exista seguridad y que no estemos pendientes de que si hay un bajo desarrollo económico, como es previsible, se produzcan "turbazos", se produzcan asaltos a supermercados y al comercio en general, porque claramente eso va a afectar también la inversión. Se ha avanzado por sectores, sin ninguna duda, pero acá se requiere una política de seguridad nacional para salir de este atolladero en que estamos hoy, que la gente está muy inquieta, está asustada. En algunos casos, los empresarios no quieren invertir porque no hay seguridad y creo también que el gobierno ha perdido tiempo. Estos últimos tres meses ha dado señales más concretas de aumentar el presupuesto a las policías, el presupuesto nacional, pero tenemos que avanzar mucho más rápido.

-Le toca un año especial por el proceso constituyente y la coyuntura económica, que indican que va a ser un año muy duro. ¿Cómo lo están preparando?

-Va a ser un año muy duro, con falta de inversión, con un IPC muy duro que le va a afectar el bolsillo a las personas, con las tasas altas todavía, con ya tendencia a la baja hacia fines de año, y ya un poquito más acercándose a la meta hacia el 24, y todo eso genera un complejo escenario porque, como decía, si le aplicamos la inseguridad uno piensa cómo vamos a invertir en un escenario así. Y todos tienden a resguardarse y no avanzar. Claramente vemos un escenario muy complejo, pero, por otro lado, vemos oportunidades. Yo he planteado en otras oportunidades una opción que tiene que ver con la industria del turismo, fundamentalmente una industria limpia que va de la mano de lo que ha planteado el Gobierno, sostenible en el tiempo, que además podría generar puestos de trabajo del orden de los 350 mil ó 400 mil puestos de aquí al 2030. Pero, para eso se requiere una política de Estado del turismo, vale decir que no solo el gobierno central, a través de su subsecretaria, tenga la mira en esto, sino que esto tiene que expandirse a todas las regiones, a todos los encargados de turismo de las regiones, porque de ahí se puede potenciar y estamos todos mirando este concepto de que podría transformarse en la tercera o la cuarta industria del PIB percápita en el país. Si antes de la pandemia eran cuatro o 4,5 millones de turistas extranjeros, tal vez podemos avanzar a seis, a siete. Me parece que vemos el escenario complejo, pero también con una opción de solución que creo que también puede ser muy atractivo e interesante.

-¿Cuál va a ser su sello? Juan Sutil tuvo un rol muy político.

-Lo que pasa es que no podemos separar lo gremial de lo político. Nosotros desde los gremios participábamos activamente y yo creo que ese es uno de los roles fundamentales en la generación o apoyo de la política pública. En ese sentido, es importante nuestra participación en el próximo proceso constitucional; tenemos mucho que aportar en este tema. Tenemos mucho contacto con la ciudadanía y ahí tenemos un rol que jugar. Pero también a los temas que son contingentes, como la reforma tributaria, la reforma de pensiones. Acabamos de crear, y la próxima semana será la primera reunión, nuestra Comisión de Pensiones de la CPC, para abordar este gran desafío, este tercer proyecto en 10 años y tenemos que salir adelante. Hay gente que lo necesita.

-Por la CNC ya tenía participación en la discusión política. ¿Cuál es su cercanía con Hacienda o el Presidente?

-Con el ministro Grau (Economía), con la ministra Jara (Trabajo), el propio ministro Marcel (Hacienda), tenemos cercanía. Tenemos cercanía con la gente de Interior, con la ministra (Tohá), y con el Presidente ya tuvimos una primera reunión. Cuando fue el Encuentro del Comercio, en septiembre pasado, yo le hablé a él de las cuatro C, que son la confianza, crecimiento, competitividad y compromiso, que es nuestro compromiso a ayudar a que al gobierno le vaya bien. Y la confianza son redes que un se tienen que ir tejiendo y ahí al Presidente le hizo sentido. De hecho, lo destacó el fin de semana pasado en una entrevista. Esos espacios de confianza son los que tenemos que profundizar para ir avanzando en lo que el país necesita. Por lo tanto, diría que en general tengo una buena expectativa de la relación con el Gobierno. Sin ir más lejos, esta semana tuvimos la primera sesión del Consejo Superior Laboral, que es otra de las áreas en que voy a reemplazar a Juan (Sutil) y estuve con la ministra del Trabajo y con la CUT también, donde ya hemos establecido un diálogo importante a nivel de los trabajadores y creo que parte de mi rol va a ser profundizarlo para ir marcando y conversando sobre los grandes desafíos.

-¿Cómo están viendo la crisis de las isapres?

-Nos tiene muy preocupados. En general, el tema de la salud nos tiene muy preocupados, porque también afecta al final del día a las personas. Hoy todos sabemos que mucha gente que está en Fonasa, que es la mayoría, y se atiende en las clínicas privadas también, y las clínicas también tienen problemas, hoy día están vinculadas con las isapres. El mundo de las isapres también tiene sus propios problemas. Estamos siguiendo muy de cerca lo que está pasando. Que las compañías hayan ido al Ciadi, por ejemplo, da cuenta de los mecanismos de resolución de controversias que nosotros mismos las hemos ido acordando en los acuerdos de libre comercio, que son las instancias para eso.

-El Gobierno depositó el TPP-11 en Nueva Zelandia. ¿Es un buen indicio para los inversionistas extranjeros?

-Todo eso ayuda. El TPP-11, el acuerdo con la Unión Europea, va generando los espacios de confianza que yo decía y va también poniendo mayor certeza en la inversión. Sin lugar a dudas y eso es lo que nos han pedido los inversionistas extranjeros para ir desatando los nudos que teníamos y que ya en la práctica los tuvimos durante todo el 2022. Son buenas señales que nos van a permitir ir avanzando en estas certeza a mediano y largo plazo.

-Esta semana se informó que el 47% de las personas involucradas en "encerronas" son menores de edad, y hay una altísima deserción escolar escolar. Los niños y adolescentes de hoy son los trabajadores y ejecutivos del futuro. ¿Está enfrentando bien el país el tema de la educación?

-Tenemos que mejorar muchísimo la calidad de la educación y cómo somos capaces de motivar a los alumnos a volver a las salas de clases. La pandemia nos golpeó en ese sentido y eso tuvo un efecto importante en el abandono de las matrículas. Tiene que haber, de nuevo, un gran acuerdo del país sobre cómo somos capaces de mejorar la educación, de mejorar la participación de los futuros profesores también, cómo motivas a que entre más gente, más personas a estudiar carreras de la educación. De lo contrario, en el futuro cercano vamos a tener grandes problemas. Por nuestra parte tenemos cada uno de los gremios, algunos más, algunos menos, vinculaciones con el mundo de los liceos técnicos particulares, estamos vinculados también con Inacap y en ese sentido estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que esos alumnos puedan retomar sus clases y volver a tener esa vinculación dual que es lo que se espera de los liceos técnicos profesionales. Sin lugar a dudas, a niveles más bajos tenemos problemas serios y como Estado tenemos que todos poner de nuestra parte para llegar a reencantarlos con la educación.

"(En el Gobierno) tienen que entender que sin crecimiento el país no va a llegar a ninguna parte. Eso es lo que hemos puesto arriba de la mesa y tratado de que sencillamente ellos lo pongan en sus reformas".

Columna

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Los expertos y sus equipos

El Acuerdo para continuar el proceso constituyente propone la existencia de tres órganos: un Consejo Constitucional de 50 personas elegidas según las circunscripciones senatoriales; una Comisión Experta conformada por 24 individuos escogidos por mitades por la Cámara y el Senado; y un Comité Técnico de Admisibilidad de 14 "juristas" nombrados por los senadores en virtud de una lista única formulada por los diputados y diputadas.

Es decir, dos de los tres cuerpos constitucionales no serían directamente elegidos por el pueblo, sino que a través de mecanismos de representación indirecta. Sin entrar a mediar en el debate sobre si esos mecanismos son más o menos "democráticos", vale la pena detenerse no tanto en las responsabilidades de los "expertos" (las que quedan relativamente claras en la propuesta de reforma constitucional) cuanto en los tipos de expertise que se requieren para encauzar la discusión de buena manera.

El Comité Técnico es el que genera menos dudas y reparos: se espera de sus miembros que revisen si las normas aprobadas por el Consejo y la Comisión cumplen con los criterios de admisibilidad establecidos en las bases que fueron previamente acordadas por las fuerzas políticas que participaron en el Acuerdo. Debido a la naturaleza de dichas bases, el Comité debe estar formado por abogados y abogadas que conozcan de primera fuente el derecho constitucional, el derecho administrativo y otras áreas afines. Hasta ahí, todo bien.

Los problemas comienzan cuando nos preguntamos sobre los saberes que se necesitan para ser parte de la Comisión Experta. La reforma constitucional señala que los expertos habrán de ser personas de "indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica", una frase que no es suficientemente comprehensiva de las distintas aristas que cubre toda buena Constitución. No hay que olvidar que las leyes fundamentales deben hacer referencia -aunque sea superficialmente- a una amplia y heterogénea gama de temáticas, las que van desde materias relacionadas con el sistema político a la conformación del Estado, pasando por derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación.

Es decir, la Constitución es como un gran sistema compuesto de distintos subsistemas, los cuales, para cumplir con su función, deben actuar cooperativamente y estar debidamente coordinados. Ello demanda una acumulación de las más variadas disciplinas. En efecto, es esperable que en la Comisión haya abogados; sin embargo, también es deseable que otros conocimientos -como la economía, la filosofía política, la historia, la sociología, las ciencias de la naturaleza, los estudios urbanos, entre muchos otros- estén debidamente presentes.

Y ya que es improbable que los expertos reúnan por sí solos esa gran cantidad de saberes, sería conveniente que la discusión se concentrara en los equipos que los acompañarán. ¿A quiénes oirán los expertos? ¿Estarán dispuestos a juntarse con los centros de estudio y las facultades universitarias? ¿De qué manera se verán reflejadas las urgencias ciudadanas en la redacción del anteproyecto constitucional? ¿Habrá espacio para que ellas sean recogidas por los especialistas?

En definitiva: hay que aplaudir que los técnicos vayan a jugar un rol mucho más preponderante que en el proceso anterior, marcando una diferencia estructural con la fallida Convención. Pero de eso no se sigue que conocerán y manejarán todos y cada uno de los temas que se debatirán. Por el contrario, será necesario que construyan equipos interdisciplinarios y transversales, tanto para cuestiones de forma como de fondo. Los días que vienen serán clave para saber de qué hablamos cuando hablamos de conocimiento experto.

"Ya que es improbable que los expertos reúnan por sí solos esa gran cantidad de saberes, sería conveniente que la discusión se concentrara en los equipos que los acompañarán. ¿A quiénes oirán?".