Erwin Schnaidt

Existe preocupación en el Consejo Regional (Core) por los efectos que generará en los comités de Agua Potable Rural (APR) la aplicación de la Ley N° 21.240, que obliga a pagar el IVA a servicios profesionales, lo que se hará efectivo a contar del próximo 1 de enero de 2023.

El proceso considera cumplir con ese gravamen a sociedades y la industria de servicios que han operado sin atender esa carga tributaria, por lo que verán incrementados sus costos en un 19%.

Ante esta situación, el consejero regional (core) por la provincia de Osorno, Francisco Reyes (PS), afirmó que la medida comunicada recientemente vía correo electrónico causó sorpresa y preocupación en varias organizaciones de APR de la región, por lo que llamó al Gobierno a revertir ese cobro, ya que -según afirmó- "no se han evaluado sus implicancias".

La ley sobre exenciones tributarias publicada en el Diario Oficial en febrero de 2022, deja afectas a pago de IVA a servicios como los APR, por sus actividades de captación, tratamiento y distribución de agua.

Sin embargo, para el core Reyes "cobrar IVA a los APR es casi una contradicción vital y va en contra de las mismas gradualidades anunciadas en septiembre. Las organizaciones recién comienzan a ajustarse a la conversión de Servicios Sanitarios Rurales, sin mayor capacitación por parte del Estado, por lo que categorizarlos como empresas y dejarlos afectos a pago de impuestos, va incluso en contra del sentido de la reciente ley. Se les exige caminar solos y en ese intento, con esta medida, se le pone piedras al camino. La ley impulsada por el Gobierno anterior debe tener modificaciones por la actual administración. En eso nosotros confiamos", aseveró.

Anunció que solicitará postergar el cobro mientras se evalúa una modificación a la Ley 19.418, que regula los comités de APR. "Allí debiera indicarse expresamente la exención de pago de IVA", planteó.

Señal distinta

En tanto que el core por la provincia de Llanquihue, César Negrón (RN), advirtió un importante efecto "dado que al pagar impuesto cambia completamente la manera de analizar las tarifas que son evaluadas por el Gobierno Regional".

Negrón dijo que se desincentiva la formación de APR y que asuman nuevos dirigentes. "Ellos buscan apoyos y/o ayudas del sistema público. Con esto, estamos dando una señal completamente distinta".

Especificó que los comités de APR tiene carácter social, no privado, por lo que "hay que tratarlos como tal". Hizo notar que de no considerar esa diferencia "incluso habría problemas con la designación y entrega de subsidios de APR".

Derecho

Mientras que el también core por Llanquihue, Manuel Rivera (PS), consideró que es un tema social, pero que los legisladores deben modificar la ley "porque estamos metiendo la mano en los bolsillos de los más humildes. Son gente sencilla que necesita el agua potable".

Para ello, el core Rivera apeló a la voluntad del Presidente Gabriel Boric "para presentar una modificación ante el Congreso. Porque allí es donde se legisló sobre esta materia. Por lo tanto, es un tema que tienen que resolver ellos".

A su parecer, si el Servicio de Impuestos Internos (SII) aplica ese instructivo "se está vulnerando el derecho humano de acceso al agua".

También recordó que los APR son financiados por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y el Gobierno Regional (Gore), que ha dispuesto recursos por hasta $400 millones. "Una buena administración (de esos recursos), hace que se extiendan las redes y que el agua llegue a todos lados", remarcó.

Oficio a hacienda

El diputado Héctor Ulloa (Ind.), afirmó que ante la preocupación de comités de APR del Distrito 26, al que representa, así como del Core, envió un oficio al ministro de Hacienda, Mario Marcel, "a través de la comisión respectiva en la Cámara, a fin de que informe los procesos administrativos tendientes a buscar la aplicación progresiva de la circular emitida por el SII, de modo tal que se ajusten a la realidad de las familias del mundo rural".

En el documento, fechado el pasado 26 de diciembre, Ulloa solicita "informar los procesos administrativos tendientes a buscar la aplicación progresiva de la circular emitida por el SII, de modo tal que se ajusten a la realidad de nuestras familias del mundo rural".

Ulloa dijo esperar que se "considere los tiempos difíciles que ha atravesado nuestra economía y que también ha afectado fuertemente a nuestras familias del mundo rural, que enfrentan una transición actualmente a servicios sanitarios rurales".

"Categorizarlos como empresas y dejarlos afectos a pago de impuestos, va incluso en contra del sentido de la reciente ley"

Francisco Reyes,, consejero regional.

Internado en el Hospital Base de Osorno, con una lesión ocular y con un pronóstico de carácter reservado, se encuentra un carabinero que ayer fue lesionado en el marco de un operativo de desalojo realizado en un predio ubicado en San Juan de la Costa, en la provincia de Osorno.

Sobre lo ocurrido pasadas las 16 horas de ayer, el general de la Décima Zona de Carabineros, Carlos López, junto con condenar el ataque, que tuvo lugar en un terreno "ocupado ilegalmente", explicó que el funcionario será evaluado durante la presente jornada y precisó que está consciente, de buen ánimo y acompañado de su familia.

Además, describió que "recibió un disparo de escopeta y que a raíz de ello, le llegaron unos perdigones en el rostro, sufriendo así diversas lesiones (en el rostro)".

Consultado sobre función que ejecutaba en el lugar, detalló que "los carabineros estaban efectuando un desalojo de una ocupación ilegal, que había sido denunciada horas antes por la empresa dueña del predio, por lo que se dispuso actuar en flagrancia, siendo atacados de forma cobarde por estos delincuentes que dispararon a distancia a carabineros".

"El carabinero pertenece a la tenencia de San Juan de la Costa y portaba el equipamiento adecuado, por lo que por razones que se están investigando recibió estos perdigones en el rostro", aseveró.

Asimismo, especificó que se trata del único miembro de la institución lesionado y que al cierre de esta edición no había personas detenidas. "Eran alrededor de 30 las personas que realizaban esta ocupación ilegítima".

"Se logró concretar el desalojo, restituir el predio, pero los individuos se dieron a la fuga", agregó.

El sitio está ubicado camino a Bahía Mansa y a eso de las 16.30 horas el carabinero resultó lesionado producto de este ataque.

En tanto, Claudia Pailalef, delegada presidencial provincial de Osorno, manifestó que "vamos a trabajar para hacer valer el estado de derecho, bajo la normativa vigente y a través de la institucionalidad que hoy tiene el Estado para abordar materias de reivindicación".