Redacción

Mañana comenzará la tramitación de la reforma constitucional que habilita el nuevo proceso constituyente luego de que el texto fuera ingresado el jueves en el Senado, corporación en la que se espera un trámite expedito. Sin embargo, es diferente el escenario que se prevé en la Cámara Baja, pues la parte de la oposición que no suscribió el acuerdo (Partido Republicano y Partido de la Gente) prepara una ofensiva para dilatar el debate a través de indicaciones y otro tipo de herramientas.

José Meza, jefe de la bancada republicana, dijo a Emol que "no vamos a dar nuestra venia para que se tramite con urgencia una reforma política en desmedro de las reformas de seguridad. Vamos a usar todas las herramientas que el reglamento, la Constitución y las leyes nos entreguen y vamos a dar nuestro voto favorable para tramitar con urgencia temas de seguridad, pero no esta reforma política".

Lo primero que buscarán modificar, dijo Meza, es que la reforma se hace a partir del artículo 142° de la Constitución vigente, que es el que señala que en caso de que gane el Rechazo (el 4 de septiembre pasado), rige la actual Carta Fundamental.

"Esta reforma modifica este artículo dando a entender que si gana el Rechazo se puede iniciar de nuevo el proceso, pasando por alto los 8 millones de votos que obtuvo el Rechazo. Si quieren iniciar un nuevo proceso sean más honestos y partan de cero los que quieren esto. Es una burla a quienes votaron Rechazo", plantea el legislador.

Otro punto que plantea Meza es que la reforma constitucional no tiene una norma sobre qué sucede si en plebiscito se rechaza nuevamente la Constitución que se proponga: "Si no incorporamos las indicaciones necesarias para que exista una norma de clausura, la izquierda siempre va a poder renovar esto, porque se produce un loop".

PDG disperso

El PDG tampoco firmó el acuerdo, pero enfrenta este tema tras la división de sus diputados desde la elección de Vlado Mirosevic como presidente de la Cámara Baja.

El grupo de cuatro legisladores que apoyó al diputado oficialista es liderado por Rubén Oyarzo, quien afirmó que "vamos a rechazar la primera instancia y además vamos a participar del trabajo legislativo poniendo indicaciones y esperamos que den los frutos que esperamos, que es no saltarse a la gente". Su gran argumento para oponerse es que exigen un plebiscito de entrada: "Creemos que no hay que saltarse a la gente".

Y a nombre del otro grupo, de cinco diputados, Víctor Pino afirmó que "yo no quería que este proceso se diera como salió así que no estoy apurado. Los que están apurados son los que quieren que esto se dé como salió, no han escuchado a la gente, que no está pidiendo esto hoy".

Para aprobar esta reforma en la Cámara se necesitan 89 votos afirmativos (cuatro séptimos), que se podrían lograr si todo Chile Vamos, la DC y escindidos de ese partido y una buena parte del conjunto de la alianza de Gobierno (Apruebo Dignidad más Socialismo Democrático) dan su respaldo. Los republicanos son trece, los PDG e independientes son nueve. A ellos se suma cerca de una decena de independientes de izquierda que han criticado el acuerdo. En total suman cerca de 35 (de 155) y por ello es poco probable que sumen suficiente para detener la tramitación, pero sí pueden entorpecer el debate con indicaciones.

No cabe duda de que a los chilenos nos gustan las constituciones. A partir de la Independencia hemos tenido textos constitucionales en 1811, 1812, 1814, 1818, 1822, 1823, un ensayo federal (sin constitución) en 1826, 1828, 1833, 1925 y 1980. De estos sólo los tres últimos han funcionado a cabalidad, proporcionándole a los chilenos durante algunos decenios regímenes de gobierno estables. Sin embargo, llama la atención el que todos ellos adolecieron de serios problemas de legitimidad en su origen.

El actual proceso constituyente se ha justificado, entre otras razones, en el hecho de que se ha tendido a deslegitimar la Constitución de 1980. Ella habría sido elaborada por una comisión nombrada por el gobierno; fue aprobada en un plebiscito en el que no se habrían respetado las garantías básicas para asegurar la limpieza del sufragio; y además sería la Constitución de la "dictadura", de Pinochet y estaría manchada por la sangre derramada durante ese gobierno.

Pero algo similar se podría decir de las constituciones anteriores. La de 1833 se promulgó luego de una guerra civil que enfrentó al gobierno liberal con la oposición conservadora y que se definió en favor de esta última, de forma sangrienta y con cientos de muertos, en la batalla de Lircay. Los triunfadores no estuvieron dispuestos a respetar las normas que sobre su reforma contemplaba la Constitución liberal de 1828, y apuraron la convocatoria para una convención que debía elaborar un nuevo texto constitucional. Por influencia sobre todo de Mariano Egaña, la Constitución de 1833 introduciría cambios radicales en el texto anterior, dando forma a un régimen de gobierno marcadamente unitario y presidencialista, con el que se puso fin a la década liberal. Bajo su vigencia, con un Presidente de la República dotado del máximo de autoridad, se superó la época de ensayos constitucionales o de anarquía y en Chile se consolidó un orden de características excepcionales en el ámbito hispanoamericano.

Desde mediados del siglo XIX las nuevas generaciones de la clase dirigente, considerando que el orden ya estaba consolidado, empezaron a presionar al ejecutivo para alcanzar mayores grados de libertad. Enarbolando la bandera del liberalismo parlamentario el Congreso ejerció una presión creciente sobre el Presidente la que culminó con la guerra civil de 1891, definida en un par de batallas sangrientísimas que dejaron varios miles de muertos y odios viscerales. El triunfo de las fuerzas parlamentarias no llevó a la promulgación de una nueva constitución. Siguió vigente la de 1833, pero ahora interpretada en un sentido parlamentario: los ministros ya no serían de confianza del Presidente de la República sino de la mayoría parlamentaria. Este parlamentarismo sui generis, al que muy luego se integrarían los balmacedistas vencidos, daría una sólida estabilidad política a Chile hasta 1924.

El régimen parlamentario llegó a su fin con el "ruido de sables" de septiembre de 1924. A partir de ese momento se empezó a vivir en medio de un estado de excepción: Arturo Alessandri renunció a la Presidencia y salió del país; asumió el poder una Junta de Gobierno militar; se cerró el Congreso; Ibáñez y los militares jóvenes derribaron la Junta en el golpe de estado de 23 de enero de 1925; se llamó de vuelta a Alessandri el que reasumió la presidencia, pero sin convocar al parlamento. De inmediato, sin respetar las normas que para su reforma contemplaba la Constitución de 1833, nombró a dedo una comisión que debía redactar un nuevo texto constitucional. Terminado su trabajo - con la oposición de casi todos los partidos - y con apoyo militar, Alessandri impuso su opinión de volver al presidencialismo. En septiembre de 1925 y luego de un plebiscito en el que la mayoría de la población se abstuvo, se promulgó la nueva constitución. Pese a su dudosa legitimidad, bajo su vigencia la democracia chilena tuvo un funcionamiento ejemplar hasta 1973. La Constitución de 1980 no es un caso excepcional. También la legitimidad de origen de las que le precedieron es dudosa, pero bajo la vigencia de todas ellas Chile ha disfrutado de largos períodos de estabilidad política.

*Universidad de los Andes