Vicente Pereira

La planificación, así como el dirigir, coordinar y fiscalizar las concesiones otorgadas sobre bienes inmuebles municipales o nacionales de uso público de la comuna, velando asimismo por el resguardo de los intereses municipales, constituye una de las tareas asignadas al director de Concesiones del municipio de Puerto Montt, de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso público para designar a quien ocupase dicho puesto.

Un cargo para el que fue electo, por el alcalde Gervoy Paredes (PS), el ex administrador municipal, Carlos Soto, en el marco de la modificación de la planta municipal, en este caso para cargos relacionados con el estamento directivo.

Pero más allá de las críticas a la nominación de Soto, como las de los concejales Fernando Binder (independiente), Juan Carlos Cuitiño (independiente), Marcia Muñoz (independiente), Luis Vargas (RN), Emilio Garrido (DC) y Evelyn Chávez (RD), quienes anunciaron que acudirán a Contraloría para que este organismo investigue dicha nominación, la repartición de Concesiones tiene por tarea la captación de recursos privados para ayudar al desarrollo de obras municipales futuras, así como la liberación de recursos municipales para orientarlos a proyectos y programas de alta rentabilidad. "Son los objetivos centrales de esta dirección", explicó Claudio Ojeda, subdirector de personal de la Municipalidad de Puerto Montt.

Los cuestionamientos de los ediles, en tanto, tienen que ver con que la renuncia de Soto a la administración municipal -marzo del año pasado- ocurrió luego de que un informe de Contraloría objetara el pago de unos $17 millones que recibió por concepto de horas extra, sumado a que es una de las ocho personas, más el alcalde Paredes, que es objeto de un juicio de cuentas por faltas que se habrían cometido durante el proceso de construcción de la pileta de las aguas danzantes y que significó que Contraloría esté solicitando la devolución de $680 millones.

En todo caso, el alcalde ha recalcado que ningún postulante estuvo inhabilitado para postular, mientras que el propio Soto señaló que su postulación siempre estuvo apegada a lo establecido en las bases.

Claudio Ojeda expuso que "la Dirección de Concesiones fue creada a través de un Reglamento Municipal, el Nº 28 de 2010, y que entre sus funciones destaca el cautelar los bienes y servicios municipales que son entregados en concesión a particulares".

Además, de acuerdo a las bases, se establece como función el controlar los ingresos y, en general, de todas las obligaciones que emanen de los respectivos contratos o actos administrativos referidos a dicha área.

"Estándares"

En cuanto a las competencias, el concurso estableció "estándares básicos" que debe cumplir quien sea designado como director, como asumir los principios de probidad y transparencia y contar con conocimientos de los diferentes actores internos y del entorno, así como poseer conocimientos técnicos y adaptarse a las políticas institucionales y generar información sobre los procesos. También requiere de manejar con responsabilidad la información personal e institucional de la que se disponga y anticiparse a los problemas proponiendo alternativas de solución. Sobre los requisitos, figuran, entre otros, el no haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación baja o por medida disciplinaria, así como no estar inhabilitado por estar condenado por un crimen o simple delito.

Virtudes

Sobre la relevancia de este cargo, el académico de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral (Puerto Montt), Pedro Díaz, manifestó que en lo que respecta al director de Concesiones de un municipio, tiene que ser una persona que tenga a la probidad y a la transparencia como sus mayores virtudes.

Ello, porque se trata de un puesto "relevante, porque establece gestión sobre los bienes y servicios del municipio, los que se pueden vender o traspasar, acorde a lo que apruebe el Concejo". Es así como detalló que una concesión "es una decisión de la administración, por la cual entrega a particulares o a privados un derecho para que explote u ocupe uno de sus bienes o servicios por un tiempo determinado".

En este sentido, destacó que es esta unidad la que tiene a cargo la construcción de las bases en un proceso de concesión de un inmueble determinado.

El core y ex candidato a alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt (RN), calificó de "lamentable lo que estamos viendo. Además, veo que se elige al señor (Marcelo) Wilson (jefe de Gabinete) como director de Turismo, en una ciudad que se quiere transformar en la capital del turismo, pero no sé cuáles son los máster, carrera o diplomados que tiene en esta área, por lo que no sé si las designaciones pasan por méritos o por una temática personal". El aludido, en tanto, respondió que es periodista y que cuenta con un diplomado en Turismo Sustentable, de la Universidad de Salamanca (España), así como nueve años de experiencia en el ámbito municipal.

Tras cumplirse el primer mes (lunes 19 de diciembre) de funcionamiento del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (RNDPA), los juzgados con competencia en asuntos de Familia de la jurisdicción Puerto Montt ya han inscrito a 154 personas por adeudar tres meses continuos o cinco discontinuos de sus obligaciones alimenticias.

En todo el país, en tanto, los tribunales de Familia han inscrito un total de 2.118 personas en el registro.

En la jurisdicción de Puerto Montt, la cual comprende 11 tribunales con competencia en asuntos de Familia emplazados en las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena, se han efectuado 3.297 liquidaciones. De esa cifra, se han detectado 898 causas con deudas que están sometidas a la nueva normativa, de las cuales 154 ya fueron ingresadas al Registro Nacional de Deudores.

La ministra encargada de la implementación de esta ley, Gloria Ana Chevesich, destacó que de un total de 452.055 causas en que se cobran pensiones de alimentos, se han efectuado 176.443 liquidaciones, lo que abarca al 39% del total. De esa cifra, se han detectado 14.589 causas con deudas que están sometidas a la nueva normativa. "De ese total, ya han ingresado al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos 2.118 personas y el resto se encuentran en las etapas procesales respectivas que pueden ser, por ejemplo, la notificación de las resoluciones a las partes".