Correo
Costo de la vida y colaciones
Recientemente nos enteramos de que la inflación no da tregua. Superando las expectativas, el IPC subió un 1,0% en noviembre respecto al mes previo, informó el INE, dejando la inflación en 12 meses ubicada en 13,3%.
Destacaron las alzas de alimentos y bebidas no alcohólicas, siguiendo la tendencia de los últimos seis meses. Esto impacta con fuerza el gasto de los trabajadores, quienes deben destinar parte de su salario a colación, cuando el almuerzo u otras instancias de alimentación en Chile aún no son un derecho, con las consecuencias económicas y de salud que ello ha significado a la población chilena.
El alza mencionada constituye una buena oportunidad para retomar una cuestión que se ha discutido en diversas ocasiones: el derecho a la alimentación laboral.
Actualmente, en el Congreso, se encuentra un proyecto de ley que busca asegurar una alimentación adecuada a los trabajadores, junto con asignar montos y opciones que la hagan posible.
Teniendo aquello en cuenta, el llamado es a discutir con seriedad y altura de miras el derecho a la alimentación laboral. Derecho que, en muchos países de Europa, ya se encuentra garantizado.
Marta Manríquez, directora FOQUS Chile y Gabriela Núñez, Mesa de Alimentación Laboral
Participación ciudadana real
En la Región de Los Ríos, la ministra Camila Vallejo, en el marco de la Cuenta sobre la Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que por mandato legal debe realizar anualmente el Ministerio Secretaría General del Gobierno, señaló que en el Gobierno del Presidente Boric existe la convicción de profundizar los mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública existentes y, que la democracia participativa debe abrirse más espacios.
Declaración que no deja de ser curiosa si consideramos que durante el presente año, según se informa en el sitio web de transparencia de la cartera de Estado que dirige la ministra Vallejo, el respectivo Consejo de la Sociedad Civil ha tenido seis sesiones (de la 49 a la 54) de las cuales solo las cuatro últimas se realizaron en la presente administración, mientras que el año 2021 dicho órgano colegiado sesionó en nueve oportunidades.
Cabe señalar que luego de revisar las actas de las cuatro sesiones del Consejo de la Sociedad Civil verificadas mientras la ministra Vallejo ha ejercido su cargo, es posible advertir que el Ministerio Secretaría General del Gobierno no le ha realizado consulta alguna a este órgano colegiado, desnaturalizando por completo el carácter consultivo que le entrega el artículo 74 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Iván M. Garay Pagliai
Niños y migración
La Asamblea General de Naciones Unidas, ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo, proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante con el objetivo de difundir información sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes, el resultado de sus experiencias y nuevas medidas que pueden implementarse para protegerlos.
En nuestro país, las olas migratorias con epicentro en el norte de Chile se han convertido en una constante. Y pese a tratarse de una materia de especial relevancia, lamentable e injustamente suele ser invisibilizada.
El proceso migratorio supone un conjunto de realidades diversas. Al tener necesidades distintas a las de los adultos, niños, niñas y adolescentes (NNA), migrantes y refugiados requieren de una protección especial, considerando también la protección especial de sus familias para que puedan propiciarles un cuidado apropiado.
Esta protección especial no puede estar supeditada a su nacionalidad, ni a su estatus migratorio o al de sus padres o cuidadores. En otras palabras: el Estado tiene el deber de diseñar políticas y leyes que proporcionen una protección integral a los niños y a sus familias en el contexto migratorio, reconociendo sus necesidades y vulnerabilidades específicas.
Ante la envergadura de esta crisis humanitaria, y en el marco de esta fecha efeméride, resulta fundamental entregar propuestas oportunas al contexto para personas migrantes y refugiadas, con esfuerzos centrados en brindar ayuda inmediata y permitir la inclusión socioeconómica, especialmente para los más vulnerables.
Sólo así lograremos una real democracia, un real desarrollo, una real sociedad inclusiva que supere su relación de violencia contra la niñez.
Harry Grayde Klenner, director ejecutivo de World Vision Chile
Sin stock
Las políticas de protección al consumidor, aunque funcionan, requieren de una mayor profundidad. Así lo demostró un reciente fallo de la Corte de Punta Arenas que confirmó la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de la misma ciudad, sobre una demanda contra un proveedor que ofreció un producto a través de un Marketplace muy conocido en el país.
El productor hizo una oferta sin contar con el stock del producto, por lo que no sólo fue sancionado administrativamente por infracción a la LPDC, sino también condenado al pago de una indemnización por daño moral al consumidor.
La historia, bastante recurrente en tiempos de pandemia, se trata sobre un producto que, pese a haber sido pagado en su totalidad mediante la plataforma, no solo no llegó para la fecha que la empresa prometió enviarlo, sino que no llegó jamás.
Y, cuando la consumidora hizo su tercer reclamo, el proveedor solo le ofreció una bonificación y la devolución del precio del producto. Sin embargo, la consumidora, no aceptó y, en su lugar, denunció la conducta ante el Sernac.
Cabe preguntarse ¿funcionarán las plataformas extrajudiciales de resolución de conflictos en línea para proteger los derechos del consumidor? En la medida que la empresa tenga costos reputacionales -que afecten sus ventas futuras- este mecanismo funcionará, sin embargo, en otros casos se requerirá la intervención del SERNAC.
Lo que queda por dilucidar es si el mercado será capaz de establecer un mecanismo eficiente de relación entre ambos mecanismos, o si se requerirá un cambio legislativo.
Betty Martínez-Cárdenas, investigadora de Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile; Rodrigo Barcia, decano de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile