María Consuelo Ulloa

En una serie de recursos judiciales ha escalado una denuncia, realizada por la dueña de un fundo en Frutillar, en contra de la delegación presidencial Los Lagos.

Lo anterior por el cometido de la representante gubernamental frente al intento de ocupación de terrenos -con el argumento de reivindicación de tierras- por parte de la comunidad indígena Weichan Mapu.

En síntesis, la titular del Fundo Línea Pantanosa, Jaqueline Pohl, presentó un recurso de protección acusando que la delegada Giovanna Moreira no ha cumplido su labor de proteger garantías constitucionales de la recurrente, que solo se ha reunido con los representantes indígenas y que, en definitiva, no ha protegido al terreno de una posible ocupación.

La resolución del tribunal porteño fue declarar que las medidas adoptadas por la delegación han sido "insuficientes" y le pide "mayor deber de diligencia y coordinación" para proteger y resguardar a la denunciante.

Sin embargo esto no quedó ahí, porque entraron en juego dos nuevos protagonistas.

El primero de ellos, la abogada Orieta Llauca, en representación de la comunidad indígena, quien interpuso un recurso de apelación en el tribunal porteño, aduciendo que la sentencia en favor de Pohl es "inconstitucional, ilegal y desconoce el debido proceso con el solo objetivo de tutelar el único y exclusivo interés de la recurrente" y que, además, es "agraviante a los derechos de la comunidad indígena".

Respetan decisión, pero no comparten

Junto a lo anterior apareció el Consejo de Defensa del Estado el que, a través de su abogado Lucio Díaz, interpuso un recurso de apelación en la Corte Suprema, en contra de la sentencia del tribunal puertomontino, con el fin de que se deje sin efecto el recurso de protección pretendido por Pohl.

¿Los argumentos? Entre otros, que el reclamo de derechos constitucionales no aplica, que el tribunal no puede calificar lo efectivo de las acciones de la autoridad, que no puede determinar la destinación de los servicios policiales sin mayor contexto, entre otros.

Sobre cómo se está trabajando el tema en la zona -ante la preocupación del tribunal- la delegada presidencial aseguró -por escrito- que "en Frutillar se encuentran trabajando los servicios pertinentes, precisamente el Ministerio de Desarrollo Social y Conadi, estableciendo un plan de trabajo en conjunto con la municipalidad. En cuanto al fallo del recurso de protección, las acciones actualmente realizadas por la Delegación van en el mismo sentido de lo señalado por la Corte en su fallo, apoyando las medidas de protección que son propias del Ministerio de Público y Carabineros de Chile".

Sobre las motivaciones para una acción judicial de respuesta, dijo: "Respetamos el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, pero no compartimos su fundamento, ya que creemos que nuestras acciones siempre han ido en el sentido de lo indicado por el tribunal, por lo cual hemos decidido apelar ante la Corte Suprema".

Desestima

Ante estas acciones judiciales de respuesta a los intereses de Pohl, su abogado representante, Juan Cristóbal Grünwald, estimó que, en un principio, pensaron "que la Delegación no iba a recurrir (de nulidad), pero primero se ingresa un recurso de Orieta Llauca en representación de la comunidad, como tercero con interés en el juicio, pero fue un recurso inadmisible".

De todas formas, asegura que el recurso del CDE tiene un problema de formalidad, por lo que estaría en veremos si es admitido. "Este escrito individualiza a alguien más como el recurrente y ahí se genera una confusión".

"Tendrá que ser la Corte Suprema la que resuelva", zanjó.

Sobre la respuesta de la delegación, que replica con que sí se reunió con la afectada, replicó que "no fue una reunión propiamente tal, lo que pasó es que el alcalde de Frutillar convocó a una reunión donde estuvo la delegada con una representante de la víctima".

22 de noviembre la Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolvió pronunciarse a favor del recurso privado contra el Ejecutivo.