La Fundación Paz Ciudadana ha alertado que los homicidios en Chile se han incrementado más de un 70% en los últimos ocho años. El director ejecutivo de esta entidad, Daniel Johnson, señaló que además de aumentar, estos crímenes han cambiado de tipología, porque seis de cada diez no tienen imputado conocido, lo que atribuye a que son acciones premeditadas, como ajustes de cuentas, o el resultado de ilícitos que escalan en violencia y se escapan de las manos, como son los robos con fuerza de vehículos o encerronas.

Advirtió también que "Chile tiene niveles más altos de homicidios que Europa y Oceanía; es el delito que más ha aumentado en Chile. Hace siete u ocho años la mayoría tenían imputado conocido, era más del 70% en que uno sospechaba de manera cierta de la persona que lo había cometido, porque estaban relacionados con violencia de género, riñas en bares que se transformaban en homicidios con arma blanca, pero ahora eso cambió radicalmente, porque el 60% no tiene imputado conocido; muchos son por sicariato o ajustes de cuenta".

El aumento de los homicidios, de ajustes de cuentas y de encerronas tiene que ver con diversos factores, entre ellos la facilidad de los delincuentes para tener acceso a las armas de fuego, y un debilitamiento de la acción de control de parte de Carabineros, debido a la escasez de personal para hacer frente a las bandas organizadas.

Respecto de este escenario, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, planteó recientemente la preocupación del Poder Judicial por el aumento de los homicidios, calificándolo como "una situación gravísima que pone en jaque el Estado de Derecho y aumenta la sensación de inseguridad". Asimismo, hace unos meses la misma vocera había alertado sobre la "industria del sicariato" que está detrás de algunos casos, y Carabineros también había alertado la "importación" de los crímenes por encargo.

El diagnóstico es claro. El país está pasando por una crisis evidente de orden público. Lo que se requiere ahora es un compromiso conjunto de todos los organismos para abordar el combate de una delincuencia cada vez más desatada.

Después de la exposición que hicieran ante la Corte Suprema los 17 postulantes al cargo de fiscal nacional, el máximo tribunal del país formó, previa votación de sus integrantes, la lista de cinco nombres entre los cuales el Presidente de la República deberá escoger al sucesor o sucesora de Jorge Abbott. Su margen de libertad es, en todo caso, limitado, ya que además del filtro previo que implica la quina elaborada por el Poder Judicial, el o la elegida deberá después contar con la venia de dos tercios del Senado, un quórum altísimo que obliga a la Moneda a negociar.

Si bien la idea detrás de la intervención de los tres poderes del Estado es que la designación sea el fruto de un amplio consenso que impregne de legitimidad tanto al proceso como al elegido, lo cierto es que esto último no ha sucedido, porque finalmente se trata de un nombramiento político que, como tal, sigue sus lógicas, prácticas e intereses, con todo lo que eso conlleva, tal y como quedó en evidencia cuando se destapó la criticada forma en que Abbott logró hacerse del cargo, justo en medio de investigaciones por el financiamiento irregular de la política que afectaban, precisamente, a quienes debían darle el visto bueno.

Han pasado siete años y no cambió nada. La forma de designación y el estándar de transparencia del proceso siguen igual, o más bien, convenientemente igual. Haber pensado que, atendida la experiencia, los políticos podrían haber modificado la fórmula de designación que pone en sus manos la elección del titular de la persecución penal del país, no es más que expresión de candidez ciudadana.

Lo que sí cambió en todo este último período fue la Fiscalía, como lo dejaron claro los propios postulantes al cargo, entre ellos varios actualmente con importantes posiciones al interior de la institución, quienes en sus ponencias ante la Corte dieron cuenta de una gestión institucional deficiente, de la urgente necesidad de un cambio para enfrentar el frenesí delincuencial, de la necesidad de contar con una política criminal -insólito-; en fin, de hacerse cargo de la crisis de confianza y legitimidad que afecta al Ministerio Público.

En esta designación hay mucho en juego. No se trata sólo del futuro de la Fiscalía, sino que de la posibilidad real de combatir la delincuencia y que así todos podamos volver a vivir en paz. Se agotó el margen de error. Esta vez no hay espacio para intereses políticos. El país no resiste nuevamente una condena tan alta, de ocho años, por una mala decisión.

Marcos Emilfork, ex fiscal

regional de Los Lagos

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