Corte dejó "en acuerdo" recurso de amparo por extranjeros expulsados
RECURSO FUE VISTO AYER. En la noche del jueves la Subsecretaría del Interior evacuó informe, en el que entregó antecedentes y motivos por los que esperan que se rechace la solicitud de la defensa.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt dejó ayer en acuerdo el recurso de amparo preventivo presentado por la defensa de seis ciudadanos colombianos expulsados del territorio nacional por la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública.
El acuerdo fue adoptado por la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por la ministra Ivonne Avendaño, la fiscal judicial Mirta Zurita y el abogado (i) Javier Niklitschek, tras escuchar los argumentos de las partes.
Más tarde se informó que la comunicación de la sentencia se realizará dentro del plazo, cuya redacción quedó a cargo del abogado Niklitschek.
En tanto se resuelva el recurso, se mantendrá vigente la orden de no innovar que dictó el tribunal de alzada el 28 de octubre pasado, la cual suspendió la medida de expulsión.
El recurso de amparo fue presentado por el abogado privado, Carlos Jiménez,en favor de seis de los 12 extranjeros notificados de la expulsión del país, tras agredir a carabineros en un incidente ocurrido en el barrio de Mirasol, el pasado domingo 9 de octubre.
Seguridad interior
Previo a esta resolución, el tribunal de alzada solicitó a la Subsecretaría del Interior un informe para responder al recurso que interpuso el abogado privado Carlos Jiménez.
El documento llegó el jueves en la noche, con lo que los ministros procedieron a revisar esa solicitud de amparo.
El documento de 13 páginas, que desde La Moneda hizo llegar el abogado Ignacio García, entrega la justificación del por qué ese recurso no tendría que ser acogido.
"El subsecretario del Interior ejerció la facultad que expresamente le otorga el artículo 132 de la ley número 21.325, por tratarse de un caso debidamente calificado, fundado en razones de seguridad interior, disponiendo la expulsión del país de los amparados, en conjunto con otras 6 personas de nacionalidad extranjera".
El informe indica que "la actuación de este servicio tampoco puede calificarse de arbitraria o caprichosa, porque el motivo que impulsó la dictación de los actos antes referidos, es la constatación de hechos que son causa suficiente para que esta Subsecretaría (del Interior), en cumplimiento del mandato legal y dentro de sus competencias, ordene la expulsión de extranjeros".
Los argumentos aportados por el Gobierno al tribunal puertomontino agregan que tras la revisión de los antecedentes de Carabineros y la PDI, "se estimó que aquellas fueron ejecutadas por extranjeros en diversas calidades migratorias, y que tuvieron como principal objetivo impedir que Carabineros ejerciera las funciones que la Constitución y la leyes les exige cumplir, en el contexto de una detención por flagrancia, mediante la agresión física al personal policial".
Vigentes
El jueves pasado, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, subrayó que tomarán todas las medidas que les permitan avanzar a fin de lograr "una resolución favorable". La autoridad incluso anunció que iban apelar ante la Corte Suprema la resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
En tribunales explicaron que mientras no haya una resolución respecto del amparo, no se puede apelar. Además, recalcaron que la orden de no innovar no es apelable.
Precisaron además que producto de la causa judicial, la expulsión queda suspendida, de acuerdo al artículo 135 de la ley de migraciones.
"No podrá ejecutarse la expulsión de extranjeros que se encuentren impedidos de salir de Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren vigentes".
"se tienen que ir"
La delegada presidencial, Giovanna Moreira, informó ayer que algunos migrantes imputados de haber agredido a los carabineros, recurrieron a la justicia para usar los mecanismos de defensa que permite el Estado de Derecho.
"Como delegación presidencial regional tenemos la convicción que se tienen que ir del país, por lo cual utilizaremos todos los instrumentos de la ley para conseguir que esto (la expulsión) suceda", afirmó.
Garantías
En el recurso de amparo, Jiménez explica que lo primero es llevar adelante la investigación, antes de tomar la determinación de expulsión.
"El fundamento de lo anterior no es sólo de carácter procesal, sino que se trata de la garantía al debido proceso. En tal sentido la Subsecretaría del Interior, antes de aplicar la expulsión, debe en respeto a las garantías constitucionales de los amparados, someterlos a una investigación y procedimiento previo, legalmente tramitado, exigido para el procesamiento de toda persona sobre la que se presume la comisión de un delito. Todo ello con el fin de garantizar el ejercicio del derecho a la defensa de igual consagración constitucional. Prescindir de lo anterior, nos coloca entonces frente a un acto de la administración de claro carácter inconstitucional", agrega en el escrito del amparo.
12 son los imputados de agredir a carabineros. Seis están en prisión preventiva. En favor de otros seis se interpuso un recurso.
96 horas de plazo solicitó en total el abogado que representa al subsecretario del Interior para contestar el requerimiento.