La presencia de perros vagos en las ciudades del país, ya sea en las zonas céntricas como en los sectores periféricos, es un problema de larga data que ha sido abordado con distintas herramientas por las respectivas administraciones municipales, con pocos resultados, hay que decirlo, en el balace general.

Se trata de animales sin dueño que al no tener un hogar viven en las calles de la ciudad, generando una serie de problemas. En primer lugar, en su mayoría son perros que no cuentan con sus vacunas ni están esterilizados, de modo que podrían ser transmisores de diversas enfermedades a los seres humanos en caso de posibles mordeduras. A ello se agrega que se alimentan en la calle, por lo que buscan en la basura su comida, rompiendo las bolsas donde se depositan los desechos domiciliarios y esparciendo estos residuos en las veredas, o bien acechando donde están los contenedores, en el caso de Puerto Montt, por ejemplo. El problema es complejo de enfrentar, toda vez que si bien se han implementado iniciativas tendientes a buscar soluciones, lo cierto es que los resultados han sido relativos y la presencia de perros vagos persiste.

Un paso necesario en la búsqueda de soluciones es involucrar a la propia comunidad, ya que un porcentaje importante de estos animales que vagan por la ciudad tienen un dueño que simplemente no ejerce una tenencia responsable sobre su mascota. Tampoco se debe desconocer que muchos de estos animales también tuvieron un hogar y fueron luego abandonados por sus propietarios.

De ahí que sea necesario reforzar la tenencia responsable de mascotas para combatir la presencia de perros vagos en las calles. En la medida que haya real conciencia de los cuidados y cariños que una familia debe brindarle a sus mascotas, no sólo debería haber menos perros en las calles, sino que también podría incentivarse la adopción de aquellos que aún vagan sin dueño por las ciudades.

El 31 de octubre pasado se conmemoró el Día Mundial de las Ciudades, fecha donde el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) busca fortalecer lineamientos estratégicos que permitan a los países impulsar acciones para los desafíos que plantea el urbanismo y contribuir al desarrollo sostenible de los territorios. En su Agenda 2030 dispone de 17 objetivos y 169 acciones que se interrelacionan y complementan, entre ellos, el objetivo 11, "Ciudades y comunidades sostenibles".

Uno de los retos para este año, con el lema "Actuar localmente para ser globales", es la definición de medidas para crear ciudades más verdes, equitativas y sostenibles con una mirada pospandemia. Eso implica reenfocar acciones a los entornos que más sufrieron, como las áreas sobrepobladas, con pobreza, marginalidad, infraestructura inadecuada y servicios sobrecargados, siendo entornos vulnerables y poco resilientes al covid -19 que necesitarán especial cuidado en las políticas urbanas.

Chile no está exento de este desafío. Entre las metas de la Agenda 2030 que deben priorizarse están el acceso a viviendas y servicios básicos seguros, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, mejorar la planificación participativa e integrada, dar accesibilidad universal a áreas verdes y a espacios públicos. Nuestro país tendrá que priorizar estrategias que aporten a enfoques integradores en la planificación y la gestión, para transformar las ciudades y asentamientos en motores de crecimiento más eficientes.

Chile posee herramientas para hacer frente a las problemáticas urbanas, pero los instrumentos de planificación territorial deben tener una actualización periódica, con una mirada más integral, sostenible y con la participación ciudadana como foco.

El Plan Urbano Habitacional está en línea para el desarrollo de proyectos con un énfasis en la integración social y territorial, no sólo pensado en la creación de viviendas, sino que incorporando equipamientos, servicios y áreas verdes, para lograr una gestión participativa integrada y sostenible. Además, los planes de emergencia habitacional (PEH), iniciados en 2022 con foco en el aumento de la vivienda y equipamientos en Chile, agravado en los últimos dos años, buscan establecer mecanismos que disminuyan las desigualdades en acceso al territorio, favoreciendo un trabajo descentralizado, contener y reducir el déficit habitacional, y avanzar en sus principios rectores que son la equidad territorial, diversidad, participación y seguridad de toda la comunidad.

Manuel Díaz, académico de la

Universidad de Las Américas

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