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Protección de las turberas
Las turberas son ecosistemas clave para sostener la vida como la conocemos y, sin embargo, desconocidos para muchos. Son humedales compuestos por una gruesa capa de suelo orgánico que, por sus características, son grandes mitigadores del cambio climático.
En Chile se las puede encontrar desde la Región de Los Lagos hasta la de Magallanes, ocupando entre 3 y 3,6 millones de hectáreas de acuerdo con estimaciones de la FAO. Las turberas son objeto de estudio en el mundo y se sabe que, cuando se protegen, tienen la capacidad de absorber y fijar mucho más carbono del que emiten, por lo que tendrán la capacidad de capturar millones de toneladas en las próximas décadas.
No sólo son claves en la lucha contra la crisis climática, sino que actúan como una esponja que absorbe el agua de las lluvias, la almacena, la filtra y la envía a las cuencas, mitigando la crisis hídrica. Y, sumado a todo esto, albergan una enorme diversidad de vida en sus alrededores.
Estos maravillosos ecosistemas están amenazados por el cambio climático: son sensibles a las alteraciones de temperaturas, lluvias o cambios de los suelos. Pero la principal amenaza son las actividades humanas, ya que el principal hongo que compone las turberas, el Sphagnum Magellanicum, conocido como pompón, se extrae por ser un excelente sustrato para la germinación de semillas, trasplantes, injertos y almácigos, entre otros usos productivos.
En Chile, la turba es considerada un fósil y, por lo tanto, su explotación se rige bajo el código minero. La destrucción y degradación de las turberas, por causas antropogénicas o naturales, puede convertirlas en emisores de gases de efecto invernadero, no sólo de CO2, sino también de metano, el cual tiene un efecto sobre el calentamiento global 23 veces más alto que el CO2.
Es decir, según el balance ecológico e hidrológico, las turberas pueden beneficiar o perjudicar el cambio climático. Desde La Ciudad Posible y la Fundación M.A.P.A. estamos trabajando para contribuir a proteger y conservar las turberas de Púlpito y Aucar en Chiloé, junto a los actores locales. Como esta, existen muchas otras iniciativas locales dedicadas a proteger estas y las otras existentes en Chile.
Sin embargo, se necesita una política pública potente que las proteja legalmente de cualquier explotación y las considere por su importancia a nivel ecosistémico y social, y no como un recurso minero.
Mayling Yuen, directora de La Ciudad Posible
Cambio climático
El Día Internacional contra el Cambio Climático (24 de octubre) nos llama a reflexionar sobre nuestros patrones de comportamiento y hábitos de consumo. Es innegable que estamos ante una crisis climática y que cada uno de nosotros puede tomar acción. El último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) indica que las emisiones anuales promedio de GEI durante 2010-2019 fueron mayor que en cualquier década anterior. Este escenario hace extremadamente necesario contar con medidas más ambiciosas que logren disminuciones drásticas de emisiones para lograr limitar el calentamiento global a 1.5°C, sobre los niveles preindustriales.
La acción climática es fundamental, considerando políticas, marcos regulatorios e instrumentos de mercado que permitan tomar medidas concretas. Por ejemplo, acelerar las cero emisiones netas, mejorar e incentivar las iniciativas de eficiencia energética, incorporar más y mejores tecnologías en energía renovable, que además han disminuido sus costos, incentivar el desarrollo de combustibles alternativos como el hidrógeno verde, impulsar la movilidad eléctrica, entre otros.
Otro aspecto importante tiene que ver con la naturaleza y como invertir en soluciones para mejorar el uso de la tierra y aumentar la siembra de árboles que ayudan a una mayor absorción de CO2. Existe aún la oportunidad de limitar el aumento de las emisiones a niveles críticos, pero debemos actuar ahora. Es crucial entonces un trabajo en conjunto entre los distintos sectores de nuestra sociedad, Gobierno, sector privado y sociedad civil, evitando así el costo de la inacción.
Romina Reyes Torres, directora de Sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello
Chile y Consejo de DD.HH.
Fue electo Chile en el Consejo de DD.HH., renovado en un tercio por tres años y compuesto por 47 Estados, por la Asamblea General de la ONU, con 144 votos (Grupo América Latina y el Caribe), junto a Costa Rica con 134 votos. No se reeligió a Venezuela (88 votos). Los otros grupos regionales eligieron a Sudáfrica y Argelia (África); Bangladesh y Maldivas (Asia); Georgia y Rumania (Europa del Este); Bélgica y Alemania (Europa Occidental).
Le compete la promoción y protección de los DD.HH. en el mundo. Una gran responsabilidad, pues no siempre lo han integrado los más idóneos, como la propia Venezuela, Cuba, Irán y otros que, lejos de cumplir y hacer cumplir estos derechos esenciales, tienen graves acusaciones de violarlos. Un desprestigio para el consejo y la organización, que muestra signos de corrección. Postulan para protegerse más que fomentarlos.
Ha sido un logro para nuestra política exterior, que priorizó la postulación y postergó otras en su obtención. Coincide con nuestras preferencias gubernamentales, si bien habrá que tomar decisiones y clarificar posiciones en temas de alta sensibilidad política y humanitaria, especialmente ahora, en que se confrontan las grandes potencias y se agrupan los países en bloques que cuestionan y desafían el sistema internacional, particularmente el mantenimiento de la paz.
Habrá presiones políticas y de todo tipo, y deberemos decidir entre mantener posiciones de principio o actuar caso a caso y con pragmatismo, según nuestros intereses. Nada fácil, pues vendrán múltiples ocasiones para demostrarlo. Igualmente, habrá tensiones locales, de apoyo o rechazo a regímenes regionales y mundiales que no desean integrar la lista de acusados de violar los derechos fundamentales, y que también buscarán el apoyo o condena. Una vez más nuestra acción exterior y su posicionamiento interno serán puestos a prueba.
Samuel Fernández, académico de la Universidad Central
Tuiteos de autoridades
Los tuiteos que actuales autoridades enviaron en el pasado contra Carabineros no debieran ser motivo de polémica. No fueron ni son delito y, si lo hubieran sido, en ese momento sus autores eran inimputables, por una cuestión de edad mental, no cronológica, asimilable a la de la adolescencia o menor aún. Déjenlos trabajar tranquilos porque, a juzgar por sus pueriles explicaciones, siguen siendo inimputables.
José Luis Hernández